Publicado en Confilegal.com
Hace unos días, la ministra de Justicia se hacía a un lado en cuanto a la
posibilidad de defender la independencia judicial española, ante una demanda
formulada en Bélgica de forma torticera, por quien ha intentado dar un golpe de
estado contra la soberanía del estado español y robarnos parte de nuestro
territorio, al resto de los españoles.
La sensación que tengo es contradictoria:
Todos los que nos movemos en el entorno de la Justicia, los abogados en
general y los jueces y resto de operadores jurídicos, nos hemos sentido de
alguna forma abandonados por un gobierno que ha mirado a otro lado, lanza un
globo sonda mediático, espera la respuesta más o menos institucional de las
personas afectadas o de sus representantes, y una vez tomado el pulso, toma una
decisión.
En absoluto me refiero a los periodistas que deciden opinar sobre una
realidad que desconocen, salvo aquellos que han resultado afectados por una
demanda por libelo o despido procedente, y muestran un cierto ánimo de opinar (interesadamente)
en vez de informar, que es su función en esta sociedad.
El desgaste de este gobierno, que parece que funciona a golpe de “a ver qué
se me ocurre hoy” frente al nulo programa gubernamental, está rozando el
ridículo.
Pero no pasa nada, porque mantener el sillón y tener el BOE en sus manos,
es más importante que gobernar para los ciudadanos para mejorar su calidad de
vida.
Por otro lado, me siento esperanzado, ya que he visto cómo muchos
operadores jurídicos y sus instituciones representativas, salvo la Abogacía y
Procuraduría (salvo a título individual), han emitido comunicados de apoyo no
al Juez Llarena, sino también de apoyo a la independencia judicial y a la
soberanía del estado español, para poder juzgar a los que cometen un presunto
delito en nuestro territorio.
Muchos ciudadanos de a pie, nos sentimos abandonados por el gobierno y por
sus ministros. No digamos por los legisladores, que se han convertido a su
pesar en impugnadores de decretos ley, dejando a un lado el trabajo por el que
se les paga, que es proponer y aprobar leyes para mejorar la vida de los
españoles.
Hasta ahora el Gobierno y sus seguidores en el Congreso, no han hecho otra
cosa que improvisar. El gobierno, para seguir ahí, se debe apoyar en seguidores
que no hacen otra cosa que coaccionarle con exigencias que, en un estado
democrático europeo, no serían ni propuestas y escuchadas.
Me refiero a cosas como mantener un diálogo con quien te amenaza con una
nueva DUI, diálogo con quien quiere romper la democracia retirando las
atribuciones constitucionales a quien las tiene -en este caso el Senado- o
negociando con gente que no ha pedido perdón a ninguna víctima, y otras cosas
en las que no voy a entrar.
Un gobierno que no quiere anular la subida salarial de los políticos, ni ha
decidido negociar para derogar la reforma laboral o la ley mordaza.
Un gobierno que apoya la propuesta de un partido de establecer la censura
previa a través de la nueva ley de protección de datos, o un gobierno que, ante
la inoperancia de la ley de memoria histórica, apoya la idea de que hay que
resucitar la figura del dictador, mientras sigue por otro lado, llamando a la
inmigración a la vez que expulsa en caliente, a otra gente necesitada.
Igual que llegaron a la Moncloa con una improvisación que se trataba más de
echar a alguien que, de programar un buen gobierno para el país, llevan tres
meses improvisando con un gobierno que cree que gobernar es esperar los retos
de quienes los apoyan, para ver qué decisión toman sobre la marcha, ante esos
retos.
No quiero creer que el gobierno tenga todo esto planeado, porque entonces,
el peligro que corre nuestro país sería más que preocupante.
No creo que el presidente sea tan inteligente.
Creo más bien que está como jugando a las casitas, y sólo Europa a modo de
mamá controladora, es capaz de llamar la atención a este niño caprichoso que
lleva dentro nuestro presidente.
España no se puede permitir el lujo de esperar que nuestro presidente
madure y se haga mayor, mientras usa el BOE a diestro y siniestro.
Como todo infante inmaduro, nuestro presidente se ha rodeado de las “titas”
que rodean a todo niño mimado, que le dicen todo lo que tiene que hacer. Luego
está rodeado de típicos “primos” que bailan al son de los que mandan las “titas”.
El problema es que algunas de estas titas no se les conoce una relación
sana con hombres y con los hijos. Algunas, incluso destrozaron sus hogares y
pretenden organizar la vida de las familias españolas, partiendo desde sus
propias experiencias vitales, proyectando en la ciudadanía, sus neurosis, como
vienen haciendo determinadas consejeras en el CGPJ, desde hace unos años.
No tenemos ni hombres y mucho menos mujeres en el gobierno con sentido de
estado. Ni siquiera aquellos políticos con buena formación, talante y
credibilidad que están en este gobierno, lo han perdido, al participar en él.
Pero me congratulo de que varias asociaciones de jueces y de fiscales,
hayan hecho pública su protesta por el abandono del gobierno a uno de sus máximos
responsables en el poder judicial, como es un magistrado del Tribunal Supremo
encargado del asunto más escabroso que ha habido en nuestra Justicia, desde el
asunto de los GAL.
Por ello, escribo este pequeño artículo, para intentar hacer un ejercicio
de empatía social con los jueces y fiscales, que ahora alzan su voz ante la
sensación de abandono por parte de las instituciones del Estado.
Y quiero por este artículo que ellos hagan lo mismo, y muestren un poco de
empatía con miles de justiciables.
En este país, cada día cientos de hombres, muchos de ellos que son padres
responsables y ciudadanos respetables, son detenidos arbitrariamente tras una
simple denuncia de supuestos malos tratos, sin que nadie controle la legalidad
de su detención.
Y no me refiero en ningún caso a ese casi 20 % de hombres condenados cada
año, o a ese menos de 400 hombres condenados por delitos graves de malos tratos
cada año, sino a ese 80% de hombres denunciados a los que se les arruina su
vida familiar e incluso laboral, en menos de 24 horas, gracias a la LO 1/2004,
y cuyas denuncias resultan archivadas, sobreseídas o simplemente son absueltos.
A estos hombres se les destroza la vida de tal forma, que no son capaces de
alzar la voz ni de asociarse a otros de forma efectiva. Se quedan sin recursos
y sin fuerza y lo que es peor, sin fe en la administración de Justicia, uno de
los pilares básicos de nuestra democracia.
En los 14 años de LO 1/2004 ha habido casi 1.600.000 denuncias. Hagan Uds.
la cuenta.
Podemos deducir por las enrevesadas estadísticas del CGPJ que los hombres
denunciados sobrepasan los 800.000 hombres de todo tipo.
800.000 hombres denunciados, de los que sólo menos de 5.000 han sido
condenados por un delito grave de malos tratos en 14 años, y no al resto de los
condenados sólo por un empujón puntual en una discusión o por un insulto, que
son la mayoría.
Esos hombres tienen madre, padre, hermanos y hermanas, amigos e hijos.
Todos ellos han visto con sus ojos el abandono de la justicia y de las FCSE en
sus vidas. De la clase política, ya ni hablamos.
Basta una simpe denuncia para que un hombre lo pierda casi todo en menos de
72 horas:
1º.- Su libertad, en la medida cautelar policial.
2º.- Su casa y su hogar.
3º.- Sus hijos o el contacto con ellos.
4º.- Gran parte de sus ingresos.
5º.- Su imagen y su honor ante la sociedad.
6º.- Su derecho humano a un buen trato y a un trato igualitario
7º.- Su trabajo, en muchas ocasiones.
8º.- Su propia vida (suicidios)
Y no hablo de refugiados sirios o de cualquier otra parte del mundo donde
la ciudadanía lo pierde todo y debe huir de la catástrofe, sino que hablo de
personas con las que nos cruzamos todos los días de nuestra vida, en nuestras
ciudades.
Sabemos que los jueces están obligados a aplicar la ley, en este caso la LO
1/2004, pero también tienen el recurso de plantear cuestiones prejudiciales
ante los Tribunales internacionales.
Sabemos que existe miedo en la judicatura, salvo raras excepciones, como
existe miedo en parte de la sociedad a cuestionar leyes que se han aprobado por
el parlamento en nombre de la lucha contra la violencia de género, pero los
tratados internacionales están ahí y son de directa aplicación en nuestro país
una vez ratificados, y éstos están por encima de las leyes internas.
La lucha contra una lacra social, no puede estar fundamentada en oprimir a
un grupo de personas por su raza, edad, origen, etnia, credo, ideas políticas,
sexo etc. No se puede luchar contra la
violencia de género, legislando contra los hombres que viven en este país.
No es extraño que miles de familias no apoyen a las asociaciones de jueces
y fiscales, cuando éstas se sienten abandonadas, y no pueden esperar
comprensión de los cientos de miles de familias afectadas por estas injustas
leyes que Uds. han venido aplicando, pese a saber que no son acordes a la
Declaración Universal de los DDHH ni a la Convención de Derechos Civiles y
Políticos.
Por ello, debemos tener presente que gran parte de la ciudadanía no sólo se
siente abandonada por parte de este gobierno en este momento, sino que también
se siente abandonada por quienes administran la justicia.
Si un gobierno aprueba leyes injustas, la judicatura debe rectificar esos
desaciertos para equilibrar el sistema y ejercer la defensa de los derechos
individuales y del estado de derecho, que nos ha permitido vivir en una paz y
armonía razonable, a todos nosotros y a nuestros hijos.
No digo que la mayoría de los jueces lo estén haciendo mal, pero sí que
colaboran de alguna forma, a la sensación de abandono y desesperanza que siente
una parte de la ciudadanía.
Por eso, me solidarizo con los jueces en el asunto Llarena, pero pido
comprensión para los miles de personas que, cada día, son afectadas
directamente por leyes dudosamente respetuosas con los tratados internacionales
de DDHH.
Agosto 2018
No hay comentarios:
Publicar un comentario