jueves, 4 de marzo de 2021

custodia compartida; violencia de genero Vss interés del menor; concede la custodia compartida; condena por acción aislada e insustancial; interés del menor

  AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 

    VALLADOLID 
    SENTENCIA: 00080/2021 
    Modelo: N10250 
    C.ANGUSTIAS 21 
    Teléfono: 983.413486 Fax: 983413482/983458513 
    Correo electrónico: 
    Equipo/usuario: MSV 
    N.I.G. 47186 42 1 2019 0000693 
    ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000373 /2020 
    Juzgado de procedencia: JDO.DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER N.1 de VALLADOLID 
    Procedimiento de origen: DCT DIVORCIO CONTENCIOSO 0000052 /2019 
    Recurrente: xxx 
    Procurador: MARIA ISABEL MACIAS AMIGO 
    Abogado: RICARDO IZQUIERDO VALLADARES 
    Recurrido: MINISTERIO FISCAL, xxx 
    Procurador: , FRANCISCO JAVIER STAMPA SANTIAGO 
    Abogado: , ENCARNACION DIAZ GUTIERREZ 
    SENTENCIA num. 80/2021 
    Ilmos. Sres. Magistrados: 
    D. FRANCISCO JAVIER CARRANZA CANTERA 
    D. JOSE RAMON ALONSO-MAÑERO PARDAL 
    Dª EMMA GALCERAN SOLSONA 
    En VALLADOLID, a veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. 
    VISTOS por esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid, en grado de apelación, los autos de Divorcio Contencioso núm. 52/19 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Valladolid, seguido entre partes, de una como DEMANDANTE-APELANTE Dña. xxx, representada por la Procuradora Dña. MARÍA ISABEL MACÍAS AMIGO y defendida por el letrado D. RICARDO IZQUIERDO VALLADARES, y de otra como DEMANDADO-APELADO xxx, representado por el Procurador D. FRANCISCO JAVIER STAMPA SANTIAGO y defendido por la letrada Dña. ENCARNACIÓN DÍAZ GUTIÉRREZ, habiendo intervenido como parte apelada el MINISTERIO FISCAL. 
    ANTECEDENTES DE HECHO 
    PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida. 
    SEGUNDO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 13/02/2020, se dictó sentencia cuyo fallo dice así: 
    “Estimo parcialmente las demandas formuladas por la representación procesal de xxx y de xxx, y en su virtud, declaro la disolución por divorcio del matrimonio contraído por ambas partes, con los efectos legales inherentes a dicha declaración y sin expresa condena en costas a ninguna de las partes, asimismo se determinan las medidas siguientes: 
    1.-Se atribuye la guarda y custodia de los hijos menores de forma compartida a ambos progenitores en la forma señalada en el fundamento jurídico tercero de esta resolución, conservando ambos progenitores la patria potestad compartida sobre éstos. 
    2.- Cada uno de los progenitores tendrá la obligación de atender a las necesidades alimenticias en sentido estricto de sus hijos menores mientras los menores esté en su compañía y los gastos extraordinarios deberán sufragarse por partes iguales en la forma señalada en la fundamentación jurídica. El padre, además, satisfará una pensión de 200 € mensuales a la madre para alimentos de los hijos menores (100 € para cada uno de ellos), pensión que se ingresará los cinco primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que designe la madre. 
    3.- Se atribuye el uso de la vivienda y ajuar familiar a la esposa por tiempo de un año desde la fecha de la presente resolución momento en el que la esposa deberá abandonar el domicilio quedando éste a resultas del proceso de liquidación de la sociedad de gananciales. Los gastos derivados del uso de la vivienda corresponden a la esposa mientras ésta mantenga su uso. 
    4.- Se desestima la pretensión de establecer una pensión compensatoria a favor de la esposa.” 
    TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por la representación procesal de Dña. xxx se interpuso recurso de apelación dentro del término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria se presentó escrito de oposición al recurso y por el Ministerio Fiscal se presentó escrito favorable al recurso de apelación. Recibidos los autos en este Tribunal y personadas las partes, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 18/02/2021, en que ha tenido lugar lo acordado. 
    Vistos, siendo ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN ALONSO-MAÑERO PARDAL. 
    FUNDAMENTOS DE DERECHO 
    PRIMERO.- Dª xxx interpone recurso de apelación contra la sentencia que ha sido dictada en el procedimiento matrimonial de Divorcio que se ha seguido con el número 52/2019 ante el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número Uno de Valladolid (al que fueron acumulados los autos de la misma clase número 222/2019 del Juzgado de Primera Instancia número Tres de esta ciudad promovidos por D. xxx), interesando la parcial revocación de dicha resolución, pues no cuestionándose la declaración del divorcio de los litigantes, se impugnan los pronunciamientos relativos a la atribución de la guarda y custodia de los hijos menores en la modalidad de compartida; a la pensión alimenticia de los mismos; al uso y disfrute del que fuera domicilio familiar a Dª xxx e hijos con una limitación temporal de un año, y al rechazo al reconocimiento del derecho a una pensión compensatoria a su favor. 
    El Ministerio Fiscal, sin formular recurso, informa favorablemente al interpuesto por la Sra. xxx abogando por dejar sin efecto la guarda y custodia compartida que ha sido establecida por el Juez de Instancia, y como consecuencia de ello, muestra también su conformidad con que la atribución del domicilio que fuera conyugal y familiar se adjudique a la apelante e hijos hasta el momento de liquidación de la sociedad ganancial. 
    SEGUNDO.- El primero y principal motivo del recurso de apelación de la Sra. xxx es el atinente a la decisión del Juez de Instancia de establecer una guarda y custodia compartida de los dos hijos menores de edad de ambos litigantes (xxx y xxx, de 14 y 10 años de edad respectivamente), a desarrollar por periodos semanales alternos de lunes a lunes, en los respectivos domicilios de cada progenitor en la localidad de xxx (Valladolid). 
    Insiste la apelante para sustentar su recurso en la prohibición dispuesta en el artículo 92.7 del Código Civil, en los informes del equipo pericial psicosocial de los Juzgados de Familia que obran en autos, en el propio informe del Ministerio Fiscal y en la continuada situación de falta de respeto mutuo y conflictividad existente entre ambos progenitores, para propugnar la revocación del pronunciamiento del Juez de Instancia y que en su lugar se disponga una guarda y custodia exclusiva a su favor con fijación de un amplio régimen de visitas a favor de D. César. 
    Sorprende en el recurso la apelante denunciando la infracción del mandato del artículo 92.7 del Código Civil que considera comete la resolución recurrida, al señalar que además de la condena por injurias leves del artículo 173.4 del Código Penal que le fue impuesta a D. xxx, existía al tiempo de interponerse el recurso de apelación un procedimiento abreviado pendiente de juicio en el que ella misma resulta denunciada por “amenazas con instrumento peligroso en el ámbito familiar”, puesto que siendo así, la rígida e inflexible aplicación que propugna de lo establecido en el referido precepto -“No procederá la guarda conjunta…”-, pondría incluso en tela de juicio la posibilidad de otorgar una custodia exclusiva a favor de cualquiera de ambos progenitores. 
    En la resolución recurrida analiza sin embargo el Juez de Instancia con adecuado y proporcional criterio, y de forma detallada y pormenorizada, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en relación al sistema de guarda y custodia en la modalidad denominada “compartida”, incidiendo en todas las circunstancias fácticas concurrentes y enfatizando que una aplicación maximalista de lo dispuesto en el artículo 92.7 del Código Civil podría incluso redundar en perjuicio del superior interés de los menores que se pretende “a priori” preservar. En este sentido, el propio Tribunal Supremo en sentencias, entre otras de 11 de febrero y 26 de mayo de 2016, ha señalado que en las decisiones jurisdiccionales en esta materia debe primar el interés del menor y que el concepto de interés del menor ha sido desarrollado en la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en el sentido de que "se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares", se protegerá "la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, física y educativas como emocionales y afectivas"; se ponderará "el irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo"; "la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten..." y a que "la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara"». 
    Asimismo, ponderando la trascendencia de la condena por injurias leves, ex artículo 173.4 del Código Penal, impuesta al sr. xxx, y pese a enmarcarse en el título del Código Penal que regula los denominados “delitos contra la integridad moral”, entendemos con el Juez de Instancia que debe considerarse el carácter aislado de la situación en que se produjeron los hechos en el curso de la crisis conyugal que motivaron la condena y su escasa trascendencia, lo que parece suficiente para entender que los mismos difícilmente pudieran integrar plenamente el trato “degradante” de menoscabo a la integridad moral que refiere el mismo artículo 173 del Código Penal en sus apartados primero y segundo, dado que no puede estimarse que ese único hecho aislado fuera suficiente para crear en la víctima los sentimientos de angustia, temor y miedos característicos del trato degradante, según refiere la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que insiste en la necesidad de una situación reiterada y habitual de menoscabo, hostilidad y humillaciones a la víctima.
    Además, en la apreciación de los elementos que han permitido al Juez de Instancia adoptar la medida de la guarda y custodia compartida, no existiendo acuerdo de los progenitores, tienen una importancia decisiva los informes técnicos que se pueden recabar de acuerdo con lo que dispone el artículo 92.9 del Código Civil. Estos informes obran en autos y el Juzgador “a quo” los ha valorado suficientemente para formarse su opinión sobre la conveniencia o no de adoptar la guarda y custodia compartida en beneficio de los menores afectados, tal y como ha venido recordando el Tribunal Supremo  en sentencias, entre otras, de 1 y 8 octubre y 11 marzo 2010 y 28 septiembre 2009. 
    Precisamente, la reforma del año 2005 acordó que con la finalidad de formar la opinión del Juez, debían figurar en el procedimiento estos informes, que no son en modo alguno vinculantes y que el Juez debe valorarlos a los efectos de tomar la decisión más adecuada para proteger el interés de los menores. Pero a partir de aquí, su decisión está sometida al criterio de escrutinio general, es decir, pudiendo ser revisada cuando sea arbitraria (caso de la STS de 1 octubre 2010), o bien llegue a conclusiones erróneas (casos de las SSTS de 10 marzo 2010 y 8 octubre 2009), porque debe repetirse que el Juez no está vinculado por los informes de los profesionales, que debe apreciar, y expresar las razones de su decisión, porque las sentencias deben ser siempre motivadas (art. 120.3 CE y art. 218.2 LEC), para evitar la arbitrariedad. 
    El Juzgador de Instancia toma en consideración unos informes periciales que no desaprueban de forma tajante la guarda y custodia compartida -desaconsejándola solo porque el progenitor masculino residía en ese momento en otra localidad- , pero que reconocen en ambos progenitores no padecer patologías o deficiencias que les impidieran el ejercicio de su respectivo rol parental, con estructuras de personalidad dentro de la normalidad y adecuado nivel de inteligencia general, así como la existencia de un fuerte vínculo afectivo de los menores con ambos progenitores. Es por ello que el cambio de domicilio de D. xxx a la localidad de residencia de sus hijos con su madre, que ha sido acreditado, el fuerte vínculo afectivo y emocional de este con sus hijos y la existencia de positivas pautas de interacción confluyen para considerar, como lo hace el Juez de Instancia con racional, ponderado y lógico criterio que este Tribunal de Apelación expresamente comparte, que no existe impedimento alguno, teniendo además en cuanta la edad de los hijos (que alcanzan ya los 11 y 14 años), para el mantenimiento de la guarda y custodia compartida que ha sido establecida en la instancia. Son irrelevantes al pretendido objeto de revocar el pronunciamiento efectuado en la instancia las denuncias presentadas por Dª xxx una vez dictada la sentencia de cuya impugnación se trata, pues su formulación revela su carácter puramente instrumental. Es por ello que el motivo de recurso debe ser desestimado. 
    TERCERO.- El segundo motivo de recurso se refiere a la pensión de alimentos a cargo de D. xxx. En la resolución recurrida, y pese a disponerse el régimen de guarda y custodia compartida, se fija la obligación de D. César de contribuir a los alimentos de sus hijos -a mayores de la obligación a cada progenitor impuesta de atender los gastos de los menores cuando se encuentren con cada uno de ellos-, con la cantidad de 200 € mensuales a satisfacer a Dª xxx en los cinco primeros días de cada mes. En el recurso de apelación se propugna que dicha suma, asociada al cambio de régimen de guarda postulado, se incremente a la cantidad de 350 € mensuales. Nada se alega en el recurso acerca del pretendido incremento en la prestación alimenticia que pudiera justificar dicha cantidad aun manteniéndose el régimen de custodia compartida que supone que los gastos de los menores ya son directamente atendidos por D. xxx durante el tiempo de convivencia con ellos. Este segundo motivo de recurso debe por tanto ser también desestimado. 
    CUARTO.- En el tercero de los motivos del recurso cuestiona la apelante la decisión del Juez de Instancia de limitar el uso y disfrute exclusivo de la vivienda familiar por tiempo de un año, propugnando que dicha atribución, en consonancia con la atribución de la guarda y custodia exclusiva interesada en su recurso, lo sea sin limitación temporal o, a lo sumo, hasta la liquidación de la sociedad ganancial. 
    La cuestión es también resuelta acertadamente por el Juez de Instancia. Descartada la atribución de una guarda y custodia exclusiva a favor de Dª xxx, aplica de manera absolutamente ajustada a derecho y del todo conforme con el criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo, la doctrina de dicho Tribunal emanada que propugna, para los supuestos de guarda y custodia compartida, la aplicación analógica del segundo párrafo del artículo 96 del Código Civil, disponiendo un límite temporal de adjudicación al interés más necesitado de protección, que en este caso se señala en un año desde el dictado de la sentencia. 
    En el supuesto que nos ocupa el Juez de Instancia dispone que una vez cumplido el indicado plazo de adjudicación a la Sra. xxx (1 año), deberá esta abandonar el domicilio que quedaría a resultas del proceso de liquidación de la sociedad de gananciales. Esa última decisión daría lugar a una indeseable situación de falta de legitimación en cualquiera de los progenitores para su uso y disfrute efectivo, y por ello este Tribunal de Apelación ha venido disponiendo en sus resoluciones más recientes, de las que son ejemplo las sentencias de fechas 30 de junio y 30 de septiembre de 2020, que si a la finalización del tiempo de uso fijado con carácter exclusivo no se hubiese producido la liquidación de la sociedad ganancial, ni la extinción del condominio, ambos progenitores se alternarán en el uso de la vivienda familiar por periodos de seis meses, comenzando esos periodos alternativos de uso posteriores a la finalización del uso exclusivo el progenitor que no disfrutó de dicha adjudicación exclusiva, en este caso D. xxx. 
    QUINTO.- Finalmente es objeto de impugnación el pronunciamiento relativo a la decisión del Juez de Instancia de no reconocer a la apelante su pretendido derecho a una pensión compensatoria, que en el suplico del recurso se concreta en la cantidad de 150 € mensuales durante dos años, o en todo caso según el propio texto el recurso entre 50 ó 100 € durante un año. 
    El Juez de Instancia, tras un completo y exhaustivo análisis del concepto, naturaleza y finalidad de la pensión compensatoria establecida en el artículo 97 del Código Civil, así como de la conocida doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que lo interpreta, concluye que no se aprecia la existencia de un desequilibrio económico en la apelante en relación con la posición de D. xxx a consecuencia de la ruptura de la convivencia conyugal y familiar que implique empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, por cuanto Dª xxx ha venido trabajando ininterrumpidamente desde el año 1994, esto es, antes de contraer matrimonio, y cursa baja laboral precisamente al tiempo de cesar en la convivencia con D. xxx y comenzar la separación de hecho; es por ello que su situación de inactividad laboral (paro) al tiempo del dictado de la sentencia de divorcio y de interposición del recurso de apelación, y por tanto su menor percepción de ingresos en comparación con los que percibe aquél en el momento actual, en modo alguno puede ser consecuencia, como bien señala el Juez de Instancia, de una pérdida de oportunidades durante el matrimonio, o de la ruptura de la convivencia y por ello resuelve con acierto al desestimar su pretensión, sin que en el recurso se argumente de manera suficiente la infracción que del mentado precepto legal habría cometido el Juez de Instancia al resolver esta petición como lo ha hecho. 
    SEXTO.- Pese a desestimarse el recurso de apelación que ha sido interpuesto, no se hace especial pronunciamiento de condena en las costas procesales causadas por esta impugnación, puesto que cabe considerar que en el supuesto enjuiciado concurren las dudas jurídicas (de derecho) que, conforme a lo establecido en el artículo 394.1 in fine de la Ley de Enjuiciamiento Civil, justifican que no se siga el criterio del vencimiento objetivo, y ello porque resulta controvertida la aplicación en el supuesto enjuiciado del artículo 92.7 del Código Civil -como lo prueba la postura favorable al recurso del Ministerio Fiscal-, y además se matiza por este Tribunal el pronunciamiento relativo al uso y disfrute de la vivienda familiar. Arts. 394 y 398 de la L.E.C. 
    VISTOS, los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 
    F A L L A M O S 
    Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que ha sido dictada con fecha 13 de febrero de 2020 en el procedimiento matrimonial de Divorcio que se ha seguido con el número 52/2019 ante el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número Uno de Valladolid, debemos confirmar y confirmamos la referida resolución, señalando tan solo, en relación con la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar que ha sido efectuado en la misma, que si a la finalización del tiempo de uso fijado con carácter exclusivo no se hubiese producido la liquidación de la sociedad ganancial, ni la extinción del condominio, ambos progenitores se alternarán en el uso de la vivienda familiar por periodos de seis meses, comenzando esos periodos alternativos de uso posteriores a la finalización del uso exclusivo el progenitor que no disfrutó de dicha adjudicación exclusiva, y todo ello sin hacer expresa condena en las costas procesales causadas por esta apelación. 
    La confirmación de la resolución de instancia supone la pérdida del depósito para apelar consignada por la parte recurrente, al que se dará el destino legal. (D. A. 15ª de la L.O.P.J. según redacción de la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre). 
    MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe, en su caso, interponer recurso de casación, ante esta sala, en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación. 
    Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. 
    Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
    La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
    Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

Origen Aeafa https://www.aeafa.es/articulos-ampliados.php?id=2245

jueves, 11 de febrero de 2021

AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE EFICIENCIA PROCESAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA (de Abogacía en Red)

 

Mandar a: audieinfo.eficienciaprocesal@mjusticia.es

 

Datos identificativos de quien realiza las aportaciones:

-         Nombre y apellidos

-         Correo y/o teléfono a efectos de comunicación

 

 

TRÁMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE EFICIENCIA PROCESAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA

 

 

 

Resumen de partes del texto y preceptos a las que se refieren las alegaciones:

 

 

1)        Sobre los medios adecuados de solución de conflictos: del Título I, el artículo 1; del artículo 18 (reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil) las reformas de sus artículos 399 y 403, y en general todas las normas que implanten la necesidad de actividad negocial como requisito de procedibilidad previo a la presentación de demanda en la jurisdicción civil.

 

 

2)        Sobre la utilización de videoconferencias y medios telemáticos en vistas y pruebas en la jurisdicción civil: del artículo 18 (reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil) las reformas de sus artículos 129, 137 bis, 169, 313, 346, 364, 414, 432, 443, y cualesquiera otras en las que se prevea la utilización de dichos medios sin las condiciones que posteriormente se expresarán.

 

3)        Sobre otras reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil: en el artículo 18 (reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil) se propone la inclusión de reformas para regular de una vez y de forma completa la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los profesionales jurídicos así como su derecho a la desconexión digital.

 

4)        Sobre la necesidad de dotación de más medios personales, materiales y estructurales, con previsión presupuestaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO

 

 

PRIMERA.-        Rechazo de la inclusión como requisito de procedibilidad para las demandas civiles de los medios adecuados de solución de controversias.

 

 Resulta inaceptable y por ello se rechaza firmemente el hecho de que se quiera exigir, en el artículo 1 del Anteproyecto y varios preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la necesidad de acudir a alguno de dichos medios como requisito para poder presentar la demanda.

 

Nadie discute la conveniencia de buscar acuerdos para solucionar los conflictos, y de hecho los miembros de la abogacía en la inmensa mayoría de las ocasiones realizamos intentos de negociación previa al juicio para buscar tales acuerdos, con lo que el Anteproyecto está realmente poniendo en tela de juicio nuestro buen hacer al respecto. Pero, además de que en muchas ocasiones dicha negociación es imposible por la urgencia o las características del asunto (interdictos, medidas provisionales en materia de familia, impugnación de acuerdos de Comunidad de Propietarios y un sinfín de supuestos más), su instalación como obligatoria va contra la propia esencia de esos medios alternativos (caracterizados por su voluntariedad), y supone una traba para el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, poniéndole un obstáculo que lo dificulta; y además, teniendo en cuenta que los “medios adecuados de solución de controversias” no son en ningún caso gratuitos, implican también un incremento de costes para el justiciable, obligándole a gastar dinero antes incluso de acudir a la justicia.

 

Por estas razones la exigencia de dichos medios como requisito ineludible de procedibilidad debe ser suprimida del Anteproyecto.

 

 

SEGUNDA.-    Sobre la utilización de videoconferencias y medios telemáticos para realización de vistas y pruebas.

 

  El Anteproyecto generaliza la utilización de este tipo de medios en la jurisdicción civil, estableciéndola como preceptiva para los casos en que partes, peritos o testigos residan fuera del partido judicial y facilitándola extraordinariamente para la comparecencia de las partes, ya que basta con que la pida una de ellas (reforma de los artículos 414 y 432 de la LEC, entre otras). Es decir, se pretende normalizar lo que se ha planteado como una necesidad sanitaria a causa de la epidemia del coronavirus.

 

 Sin embargo, el uso de las videoconferencias ya ha mostrado hace tiempo sus limitaciones, bien de orden técnico por las dificultades de conexión y de grabación de las pruebas, bien de orden propiamente sustantivo por las dificultades de apreciar debidamente una declaración, imposibilidad o graves inconvenientes para la exhibición de documentos, etc. Problemas que se han visto agravados en la celebración de actos procesales durante la pandemia con medios como teléfonos móviles o similares. A ello se añade la picaresca de simular dificultades de conexión por parte de quien tiene interés en que la vista no se celebre y situaciones similares.

 

 Por ello, se estima que la utilización de estos medios tiene que sujetarse a unas condiciones mucho más estrictas que las previstas en la reforma, en concreto las siguientes:

 

ü Consentimiento de todas las partes procesales para su utilización;

ü Referencia clara en la ley a que no se podrán utilizar cuando su uso pueda perjudicar la inmediación de las pruebas.

ü Matizar la causa de suspensión de la vista por imposibilidad técnica en el caso de videoconferencia (nuevo nº 8 del art. 188) en el sentido de que dicha imposibilidad no sea imputable a la parte que la ha solicitado. Es decir, que quien pida comparecer en una vista de forma telemática sea responsable de garantizar los medios técnicos a su disposición para la conexión.

 

 

TERCERA.-    Aprovechar la reforma para regular de manera completa la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los profesionales de la justicia (Abogacía y Procuraduría) en relación con el proceso judicial así como su derecho a la desconexión digital.

 

Esta regulación es una necesidad acuciante, reiteradamente reclamada por todas las organizaciones profesionales, que no está resuelta en la Ley de Enjuiciamiento Civil ni en ninguna otra norma. Se puede y se debe aprovechar esta reforma para implementarla de una vez por todas. Su establecimiento en el proceso civil servirá de base para su aplicación en los demás órdenes, dado el carácter supletorio de las normas procesales civiles para las demás.

 

Una propuesta concreta se contiene en el siguiente enlace https://abogaciaenred.net/2019/11/03/conciliacion-proposicion-de-ley-para-la-reforma-de-la-lec/, texto elaborado en el seno de la Red de Abogadas y Abogados de España y que propugna la modificación de cinco artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (19, 134, 182, 183 y 188), que ha sido presentado ya a grupos políticos del Congreso. Su redacción puede incorporarse perfectamente a esta reforma.

 

Asimismo, el derecho a conciliar la vida personal, familiar y profesional está ligado al derecho a la desconexión digital, reconocido a los trabajadores y empleados públicos en el art. 88 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre y que, en el ámbito del ejercicio de la abogacía y procuraduría, no se reconoce pues todos los días podemos recibir notificaciones electrónicas por Lexnet u otros sistemas de comunicación con los Juzgados y Tribunales o con las administraciones públicas. Por ello, debe reconocerse a los que ejercemos la abogacía y procuraduría el derecho a la desconexión digital, al menos durante 30 días al año, ampliable a los días en que concurran ciertas situaciones o circunstancias en el profesional (como enfermedad, imposibilidad absoluta o baja por maternidad o paternidad o adopción o acogimiento del profesional o como fallecimiento o enfermedad grave u hospitalización de su cónyuge, pareja de hecho o pariente hasta el segundo grado), que deberán ser debidamente acreditadas.

 

 

CUARTA.-    Dotar a la administración de justicia de más medios personales, materiales y estructurales, con previsión presupuestaria.

 

No solo debemos aspirar a tener una justicia eficiente (es decir, en la que se usen bien los recursos disponibles), sino también que sea una justicia eficaz (es decir, que se alcancen los objetivos pretendidos) y, para ello, es preciso que se la dote de todos los medios materiales, personales y estructurales necesarios para su efectividad, con la correspondiente previsión presupuestaria. En otro caso, cualquier reforma legislativa como las que se pretenden no será más que un mero acto de postureo al que nos tiene tan acostumbrada la clase política.

 

 

jueves, 10 de diciembre de 2020

Navidad y Custodia Compartida

 NAVIDAD Y CUSTODIA COMPARTIDA

La felicidad es parte del derecho a la libertad y engloba en sí misma todos los derechos de la infancia. Un niño infeliz, es un niño que carece de algún o algunos de sus derechos universales.

Asociamos la Navidad a un tiempo de encuentros familiares. Días llenos de buenas intenciones, de donativos a ONG, de compra de la lotería, de regalos, de abusos en la mesa, de olores de la infancia que llegan desde la cocina y de luces y estrellas de Oriente.

Pero hay gente que no puede disfrutar la Navidad con esa limpieza de espíritu que nos pide el cuerpo y la mente cuando cerramos un año que pasa. Los niños necesitan ser felices y creo que es hora de reconocer a la felicidad como un derecho inalienable de la infancia.

Hay pocos instrumentos jurídicos que hablen de derecho de un niño a ser feliz. Entre los pocos que he encontrado tenemos el Convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993 (ratificado por España el 30 de junio de 1995) que no dice entre otras cosas que:

“Los estados signatarios del presente Convenio, reconociendo que para el desarrollo armónico de su personalidad, el niño debe crecer en un medio familiar, en un clima de felicidad, amor y comprensión, recordando que cada Estado deberá tomar, con carácter prioritario las medidas adecuadas que permitan mantener al niño en su familia de origen”

Por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 que se aplica a la infancia también, nos recuerda que  “los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad”.

La Convención de los Derechos del Niño nos dice también en su preámbulo que: “Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”.

En España no hay ni una sola ley interna que garantice el derecho a la felicidad de un niño, cosa que podría haber corregido el TC en la famosa STC  11/2008 de 21 de enero, donde dos niños fueron privados de forma injusta de crecer con su familia de origen. Tampoco he encontrado jurisprudencia que hable de la felicidad como derecho de los niños.

Un niño para ser feliz necesita recibir amor de todo su entorno y sobre todo, de su padre y de su madre.

¿Cómo va a recibir amor un niño privado del contacto con uno de sus progenitores?

¿Por qué en España esta privación no es un delito grave?

Por esto y otras cosas, para un abogado de familia la Navidad puede ser una época especialmente dolorosa o satisfactoria, según el día.

Y porque nuestras leyes y nuestra jurisprudencia ignoran la felicidad de los niños como un derecho a lograr a favor de estos, hoy voy a tratar del lado oscuro de la Navidad en España. El lado oscuro para muchos niños que no son felices, sobre todo en Navidad.

No voy a explicar aquí por qué no entiendo que un padre o madre sean idóneos para cuidar de sus hijos en Navidad la mitad del tiempo en una custodia compartida temporal, y no sea así tras las vacaciones escolares. Eso para otro día.

Voy a hablar de esos niños a los que abogados, psicólogos, jueces y fiscales sin pensarlo muy bien, les quitamos la Navidad a muchos niños.

Niños a los que les rompemos y robamos su infancia y su adultez, ya que no recordarán nunca esos entrañables momentos que mucha gente recuerda de su infancia.

Niños que sufren cómo un progenitor hace comentarios denigrantes del otro progenitor.

Niños que ven cómo un progenitor se niega a usar el nombre del otro progenitor delante de ellos.

Niños que oyen cómo se insulta al otro progenitor delante de ellos.

Niños que oyen cómo se le quita importancia a lo que hace el otro progenitor (tu p/madre no tiene ni idea).

Niños que escuchan cómo se usa el nombre del otro progenitor asociándolo a los males del mundo, acusándolo de ser peligroso/a (la culpa de eso la tiene tu p/madre).

Niños que oyen falsas acusaciones al otro progenitor (cuando me hacía esto o lo otro tú eras muy pequeño) o escucha que es que su p/madre le pegaba o abusaba de él cuando era un bebé.

Niños presionados por un progenitor cuando el Juzgado los cita a una exploración judicial (Debes decir esto o lo otro ya que, si no me moriré, o no te querré más, o no me verás nunca más)

Niños a los que se les acusa de querer al otro progenitor. (Papá, no puedo decirte que te quiero cuando me llamas, porque mamá me castiga)  

Niños con miedo a expresar que quieren ver al otro progenitor porque se le ha convencido de que eso es malo o le traerá graves consecuencias (te quito la Play o el móvil), y ese miedo se usa como evidencia ante los Juzgados y equipos psicosociales para justificar la “supuesta” maldad del otro.

Niños que cuando está con un progenitor, no dejan de recibir llamadas telefónicas del otro progenitor, llamadas de control mental para que al niño no se le olviden las instrucciones o advertencias dadas oportunamente.

Niños que esperan a que su padre o su madre los recojan para pasar un tiempo con el o con ella, y otro progenitor pone obstáculos o cambia de día, frustrando así al hijo en su previsión.

Un niño aprende muy rápido a que cuando llora, tiene hambre o sueño, su padre o su madre correrán a su lado, para satisfacer sus necesidades y no sólo afectivas. Esa previsión que tienen los niños es la seguridad que ellos necesitan tener para un desarrollo armónico y equilibrado. Cuando la expectativa de ver al otro progenitor se frustra, el niño siente inseguridad en sus afectos y pierde confianza en aquel que no “aparece” cuando el niño lo necesita.

Niños a los que se les ofrece “planes” o una actividad muy atractiva para él y los dejan con la miel en los labios, porque por culpa del otro (con el que te tienes que ir), se perderán ir a Euro Disney, por ejemplo.

Niños que son recogidos antes de la hora de salida o no llevados al colegio para que el otro progenitor no pueda ir a recogerlo cuando le corresponde.

Niños que van al médico o a tutoría con un solo progenitor que oculta al otro dicho evento.

Niños que no pueden recoger sus regalos de Navidad, porque un progenitor se opone a ello.

Niños que no pueden contactar por teléfono con el otro progenitor porque el niño “siempre está ocupado”.

Niños a los que se les obligan a llamar «papá» o «mamá» a la nueva pareja de uno de sus progenitores.

Niños que son obligados a no usar la palabra “papá” o “mamá” para referirse al otro progenitor.

Niños que son obligados a no ver a sus abuelos o a su familia extensa, para borrarlos del mapa emocional del niño.

Niños a los que les falta un progenitor porque no le han “avisado” de un teatro escolar, una competición escolar, una fiesta de carnaval, citas con médicos, etc.

Niños que no saben qué medicación tienen que tomar o qué calificaciones tienen en el colegio, porque un progenitor se lo oculta al otro.

Niños que son interrogados cada vez que “vuelven de la casa del otro”, o se les pregunta por los fallos del otro progenitor. Niños que se sienten presionados y obligados a proporcionar información al progenitor que le interroga. Niños que aprenden a mentir para no defraudar al progenitor que le interroga.

Niños que se inventan historias (me ha pegado, no me da de comer, me quita tal juguete) para satisfacer al progenitor que le interroga.

Niños que no quieren ir con un progenitor, porque quieren evitar ser interrogados o presionados por el otro a su regreso.

Niños que escuchan cómo un progenitor les cuenta que el otro no le quiere, ya que tiene una nueva pareja o un nuevo hijo.

Niños que escuchan que es que su otro progenitor nunca los quiso. O que siempre estaba muy ocupado con otras cosas “más importantes que él”

Niños que escuchan que es que su otro progenitor no le quiere porque no ha pagado la pensión de alimentos o la hipoteca, o que nunca lo quiso ni cuando estaba dentro de su mamá.

Niños a los que se les enseña y se les habla de escritos judiciales. Niños que aprenden antes de leer qué es un auto de medidas provisionales.

Niños que escuchan como no deben obedecer al otro progenitor, ni a sus abuelos, ni a la nueva pareja del otro progenitor. Niños a los que les dicen que no deben querer al “nuevo hermanito”

Niños a los que se les enseña que no deben hacer sus tareas tanto escolares como domésticas en la casa del otro progenitor. Niños a los que se les dice que no deben comer en la casa del otro progenitor porque se les envenena o no deben dormir porque les puede pasar algo malo en la otra casa.

Niños que sufren excesos de contactos amorosos, si cumplen con las “instrucciones” y son castigados sin contacto afectivo alguno, si no cumplen con las instrucciones.

Niños que son obligados a “ponerse” del lado de un progenitor, contra el otro. Niños a los que se les obliga a verbalizar esa postura ante amigos, familiares, terapeutas y personal del juzgado.

Niños que son tratados no como hijos, sino como amigos o colegas para afianzar la alianza contra el otro progenitor. Niños que son convencidos de que no son nada válidos si no está su p/madre a su lado todo el tiempo.

Niños que sienten que su m/padre se quedará triste y sufre cuando se va a la casa del otro progenitor. Niños a los que se les convence de que sólo serán felices con un progenitor y no con los dos.

Niños que tienen miedo a perder el amor de un progenitor si no está de acuerdo con su opinión sobre el otro progenitor, o no siguen sus instrucciones sobre cómo comportarse en la “otra casa”, o si muestra interés por ver al otro progenitor, hablar con él, o simplemente habla de él.

Niños que se ven involucrados en expedientes de servicios sociales, escolares o judiciales, por denuncias o demandas de un progenitor al otro, o debe ir a psicólogos para reforzar el rechazo al otro progenitor.

Como digo, cada Navidad me acuerdo de estos niños, pero también me acuerdo de aquellos niños que han tenido la suerte de que sus padres hayan dado con abogados de familia, psicólogos y jueces y fiscales que les han ayudado a evitar todo este tipo de situaciones, y han logrado la custodia compartida todo el año, y no sólo en vacaciones.

Porque no debemos olvidar que prácticamente casi todos los niños que sufren aquello que he relatado más arriba, lo sufren los niños que viven de forma desequilibrada la vida con ambos progenitores bajo la figura de la custodia monoparental.

Niños que viven con un progenitor y están “de visita” con el otro.

Niños a los que cada vez que llega un periodo vacacional, ven su dinámica familiar cambiada de forma brusca (mitad de vacaciones con cada uno) y ante ello, el progenitor custodio siente que pierde cierto control sobre la vida de sus hijos, y ello es un caldo de cultivo para reaccionar con alguna de las formas que he descrito más arriba, sea de forma consciente, o inconsciente.

Sin embargo, he podido comprobar a lo largo de los años que los niños cuya vida está organizada de forma compartida y equilibrada con ambos progenitores durante todo el año, los padres tienen más costumbre y práctica en compartir la crianza de sus hijos y por ello, rara vez se sienten amenazados con perder el control de la vida de sus hijos cuando llegan las vacaciones.

Tampoco, cuando llega la Navidad.

Es por eso, que los niños que viven en custodia compartida todo el año son más felices y por ello, están menos expuestos a las terribles situaciones que he descrito en este artículo.

Y termino preguntándome y preguntándote:

¿No va siendo hora de que los operadores jurídicos comiencen a garantizar la felicidad como un derecho inalienable e indiscutible de los niños en aplicación del Convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993

publicado en https://adefinitivas.com/ademas/navidad-y-custodia-compartida/

custodia compartida; violencia de genero Vss interés del menor; concede la custodia compartida; condena por acción aislada e insustancial; interés del menor

    AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1      VALLADOLID      SENTENCIA: 00080/2021      Modelo: N10250      C.ANGUSTIAS 21      Teléfono: 983.413486...