jueves, 23 de agosto de 2018

El orden moral y el causal en el tratamiento de la violencia de género en España


A propósito de un artículo de Joseph Heath sobre la corrección política, me he planteado de dónde surge y por qué surge la misma.
Hace unos años, un comentario Robert Nozick en “Anarquía, Estado y Utopía” estableció el concepto de que la sociología había pasado al siguiente nivel, y era el de la sociología normativa.
Esto es, que la sociología pasaría a establecer las normas y reglas de comportamiento de la sociedad, y condicionar a los legisladores y a los medios. Una vez logrado esto, se logra ir por los pilares del estado democrático, para lograr un pensamiento único que no permite a disidentes.
Así, tras el asalto a los partidos y sindicatos, se asalta el poder legislativo, luego el ejecutivo, para terminar controlando el poder judicial.
La educación, la sanidad, la defensa, las obras públicas, la hacienda pública y todo lo demás, son absorbidas en base a la ideología que se ha construido de lo políticamente correcto. Se crean problemas de forma artificial, para con ello, enfrentar a la población, mientras que ésta no se da cuenta que están recortando sus libertades y sus derechos civiles y políticos.
En este caso, las “mujeres” son un herramienta perfecta para controlar o al menos, intentar controlar a la mitad de la población. Recuerden aquello de “todos nuestros problemas son culpa de los judíos” y al final se llegó al holocausto.
Ahora la idea que se vende es “todos los problemas que sufren las mujeres son culpa de los hombres”. Así lo recoge el Convenio de Estambul, que por cierto, no ha sido ratificado por muchos países, dada su similitud a normas de estados totalitarios del pasado.
De hecho, esto siempre ha sido así, pero hasta hace poco tiempo los sociólogos y politólogos no habían caído en la cuenta de que es un arma masiva para crear “estados de opinión”, y sustituir o condicionar a los “estados de derecho”.
Heath explica que el orden moral laico regía nuestras vidas desde hace tiempo, como por ejemplo, las academias de la lengua (corrección del lenguaje) las academias de medicina, de abogados, los códigos deontológicos, etc.
Desde todos los ámbitos científicos y universitarios, se ha implantado las tesis de la sociología normativa, que es una nueva pseudociencia que dicta los parámetros de la corrección política, como una forma de limitar determinados derechos humanos sin que se note, pero desde la perspectiva “aparente” de una defensa de aquellos derechos humanos, que se pretenden defender. Realmente, lo que se pretende es “controlar” y limitar los derechos humanos de los individuos, en nombre de un grupo humano, supuestamente oprimido. Esto es, en nombre de una idea (las mujeres son unas oprimidas), se recortan derechos y libertades no sólo de los hombres, sino de las propias mujeres, que ya éstas dejan de decidir por sí mismas, en nombre de una idea, una vez caen en manos de los servicios sociales de los ayuntamientos, siguiendo el RDL 9/18, por ejemplo.
No es el bien común por encima de los derechos individuales, sino crear la sensación de que defender los derechos de un individuo, no es tan importante, como los derechos de un grupo de personas y, con ello el fin justifica los medios, con tal de alcanzar el objetivo que marca la sociología normativa “manipulante”.
Ya, las NNUU pusieron en marcha esta forma de “trabajar” en la Conferencia de Pekín sobre los derechos de las mujeres, en la que se llegó a manipular a las representantes de decenas de países en vías de desarrollo, haciéndoles creer que los problemas de la pobreza y la indigencia en sus países, tenían como origen el patriarcado.
En España, esto comenzó a llegar en los años 90, pero es cuando se aprobó la LO 1/2004 de violencia sobre la mujer, cuando la sociología normativa se impuso.
El propio ministro de Justicia, López Aguilar, dijo que las denuncias falsas eran un “coste asumible”, dando a entender que meter en la cárcel a un inocente, no era tan importante como la idea inicial de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Esto es, venden un problema que justifica la norma, aunque no sea la causa la que se intenta erradicar, sino crear una cuestión social y un estado de opinión, buscando réditos electorales.  
Años más tarde, este ministro, cuando fue acusado de malos tratos por su ex mujer, no paró de decir que no podría soportar el coste emocional, profesional y vital de haber sido víctima de una denuncia falsa. 
Nos encontramos así con una justificación de una idea que surge en estados totalitarios, que los sociólogos del gobierno vendieron como corrección política.
Usaron el concepto del orden causal, por encima del orden moral. Me explico.
No era tan importante acabar con las causas de la violencia que sufrían las mujeres en el entorno doméstico, sino regular un problema sin estudiar la causa, pero regular partiendo de la base de una idea como causa. Esto es, hay un problema social que no nos gusta y que puede darnos rédito político, así como una excusa para obtener financiación justificable, y regulamos pensando en mantener y agradar ese problema, demostrando así su necesidad legislativa y presupuestaria, en vez de dictar leyes que prevengan ese problema social.
La LO 1/2004 es el ejemplo más claro de esto, y el RDL 9/18 de 3 de agosto, es un paso más.
¿Cuál es el problema que intenta solucionar el RDL 9/18? 
Los Ayuntamientos tienen un gran déficit, sobre todo en aquellas áreas que no aportan ingresos (tasas, impuestos, etc.) a las arcas del municipio, como son las concejalías de servicios sociales, hoy subsumidas en las extrañas concejalías de Igualdad. Digo que extrañas, porque no tiene apenas recursos para los hombres que piden ayuda.
Como quiera que la Constitución Española prohíbe que los ayuntamientos tengan déficits (art. 135,2 CE) han encontrado este RDL como fórmula mágica para cubrir económicamente estas pérdidas económicas que provocan los servicios sociales de los ayuntamientos, y todo en nombre de la “lucha contra la violencia de género”.
Esto es, que se ha buscado una “causa” políticamente correcta, para ocultar la causa real del decreto. Sociología normativa en todo su esplendor.
En palabras de Heath “donde no hay pruebas contundentes de que A es realmente causa de B, sino que, por una razón u otra, debemos conseguir que la sociedad piense que A es la causa de B. Ello conduce inexorablemente a una situación en la que negar que A es la causa de B se estigmatiza moralmente. Y, entonces, la gente afirma la conexión (A como causa de B) principalmente, porque se siente obligada a hacerlo, pero no porque haya sido persuadida por ninguna evidencia”.
Este es un buen caldo de cultivo para crear un estado de opinión contra los datos empíricos y científicos. La ideología de lo políticamente correcto se impone sobre la evidencia científica, como ha ocurrido en la Comisión de Igualdad de Congreso. Sólo recordar que en esta comisión han participado personas que ya estuvieron como expertos en la LO 1/2004 y que se ha demostrado que ha sido un fracaso (según se recoge en el Pacto de Estado).
Esto es como si llevamos el coche al taller del mecánico que no supo reparar una avería anterior.
Se crea así, un estado de opinión de nuevos súbditos creyentes, y no de ciudadanos pensantes. Por ende, políticos creyentes en ideas acientíficas, en vez de políticos pensantes.
La perversión de la sociología normativa, basada en la tesis de crear un estado de opinión políticamente correcto, se ha usado en estados totalitarios del siglo XX de forma sistemática.
Ahora, esta técnica política de acabar con los derechos individuales en nombre de un grupo de “oprimidos” por cualquier causa, se ha usado por gobernantes pseudo totalitarios, que se disfrazan de demócratas, como los que surgen en movimientos independistas, copiando el modelo que se comenzó a usar en España, con la ley de violencia de género.
Es el mismo mecanismo para afrontar una necesidad de una determinada clase política, para atraer votos fáciles de ese grupo de gente que no suele votar, piensan poco y “sienten” el voto por una causa manipulada (odio, rencor, etc.) y estimularles para que participen en la vida política apoyando ese estado de opinión. Las redes sociales son una inmejorable herramienta para crear ése estado de opinión que anima a legislar “en caliente”, como se dice ahora.
Por ello, se crea en base a una idea, la causa de un problema:
Un rey que nadie votó, una Constitución que es fruto del franquismo, las mujeres mueren fruto de la opresión de los hombres, el España nos roba, en España hay millones de pobres, los pensionistas salen a la calle, (todos) los políticos son unos corruptos, etc.  para crear un estado de opinión perfectamente estudiado por la sociología normativa, para justificar el recortar libertades públicas de forma que “parece” que es al revés. 
Se crea una alarma social.
Y así se justifica un discurso del “estás conmigo o contra mí”, pero dejando claro que si no estás “de acuerdo con mi discurso” eres un facha, o un opresor machista, o un españolista colonizador, etc. Porque mi discurso, es la nueva moral políticamente correcta construida desde la sociología normativa y ésta, no permite disidencias.
Todo un nuevo sistema perverso y pervertido desde su raíz ideológica.    
Llevo años sosteniendo que éste es el típico caso de alienación social que se viene usando desde tiempos inmemoriales por la peor clase dirigente, como la propaganda de los nazis, como culpar al “capitalismo” de la opresión de la clase obrera o, como cuando la expulsión de los judíos en 1492 o, culpar al “patriarcado” de todos los problemas que sufren las mujeres, por ejemplo.
Se busca y se señala a un “malo” de la norma que se quiere imponer a la sociedad.
Esto se viene haciendo en nuestro país desde hace unos años. Lo preocupante es que la clase política se ha dejado embaucar por los teóricos de la sociología normativa y de los que sustentan lo políticamente correcto, que no admite disidencias ni pensamiento crítico, como mantenía en su día Aleksandr Solzhenitsyn.
Esta construcción de las ideas políticamente correctas, que si opinas de otra forma te conviertes en un paria social, se ha abierto camino en universidades y en las ciencias sociales de forma espectacular, creando un monstruo que destruye todo dato científico y todo respeto por los principios democráticos, principios que nos han permitido vivir con cierta armonía y progreso.
Lo más triste en comprobar que aprovechando el concepto del estado fallido de Winston (movimiento 15M), se aprovechan de la bondad de mucha gente, en donde pueden captar adeptos sectarios, que pierden su humanidad y libertad de pensamiento en pro de un nuevo dogma. Como los del “lazo amarillo” como símbolo de odio al estado opresor español.
Por ello hago este artículo: para llamar la atención sobre el fracaso en España de la lucha contra la violencia que sufren las mujeres en el ámbito doméstico y fuera de él.
Está claro que está resultando un fracaso, ya que no se entiende que sigan muriendo mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, en el número que lo hacen. A día de hoy, en lo que llevamos de año, se han contabilizado 26 mujeres asesinadas en este ámbito en España. Si hubiera sido un éxito la LO 1/2004, ¿para qué necesitamos un Pacto de Estado?
Y las mujeres siguen muriendo porque las políticas y normativas que se han aprobado y que se están aprobando, están basadas en la idea preconcebida de acusar de ello a la opresión que sufren las mujeres, por los hombres, el patriarcado y el machismo.
Si uno se lee las comparecencias de los “expertos” que han hablado en la comisión de igualdad del congreso, que han dado lugar al famoso Pacto de Estado, uno puede llegar a comprender el fracaso del Estado Español en la lucha contra la violencia hacia a las mujeres.
Algunos de esos “expertos”, han llegado a mentir en el congreso, proponiendo soluciones sin ningún fundamento científico, sino que todo su discurso está basado en una idea falsa, que no intenta acabar con el problema, sino de alguna forma sustentar el problema para justificar su idea preconcebida.
Se ha llegado a hacer como que, para que hayan menos accidentes en de tráfico, se les quite el carnet de conducir a todos los hombres, dado que ellos tienen más accidentes y causan más muertes en las carreteras.
Se ha llegado a decir que los hombres no merecen protección porque son ellas las que mueren en mayor medida. Como si hombre muerto a manos de su mujer, no tuviese ningún valor. Igual argumento que cuando moría un judío en Alemania en 1940 o cuando moría un disidente en la URSS en un Gulag.
Si nuestros legisladores al inicio de la democracia hubieran pensando así, las mujeres aún seguirían trabajando como amas de casa, dado que, en 1978 los que trabajaban fuera de casa, eran en su gran mayoría los hombres, y por ello, al haber pocas mujeres trabajando, no hubiera hecho falta políticas de fomento de la igualdad ni de la liberación de las mujeres. 
Esto es, se parte de una idea equivocada y preconcebida desde la sociología política normativa, en la búsqueda de un eslogan político que convence fácilmente a la población (la lucha contra la violencia contra la mujer). De esta manera, se obtienen más votos y financiación política, pero no se acaba de erradicar el problema real.
No se puede acabar con una lacra social desde una construcción artificial de una ley. Esto sólo se puede erradicar desde un estudio real de las causas, y tendentes a eliminar dichas causas.
Las mujeres no mueren porque no tengan apoyo de los servicios sociales, ni porque no tengan ayudas para salir de esa situación. Quien piensa así, apenas conoce cuales son las raíces de la violencia sobre las mujeres, y el por qué se quedan atrapadas en esa relación, a veces mortal.
En mi experiencia durante muchos años con mujeres maltratadas, la mayoría de ellas, a pesar de la ayuda que le prestábamos en todos los órdenes, les costaba dar el primer paso. El primer trabajo que hay que hacer con ellas, es detectarlas.
Si muchas de las asesinadas no habían presentado nunca una denuncia
¿Quién puede creerse que van a acudir a los servicios sociales?
Muchos asesinatos, además se producen sin historia previa de malos tratos, sino por un hecho puntual e imprevisible.
Se nos quiere hacer creer que van a lograr bajar las estadísticas ofreciendo ayudas económicas a las supuestas víctimas, cuando se ha demostrado en otras experiencias similares (Estado de New York) que hacen todo lo contrario, las estadísticas suben.
Es como pretender bajar el numero de accidentes, dando ayudas para comprar coches nuevos. Dé que sirve esto, si no se mejoran y reducen los puntos negros (los famosos “tramos de concentración de accidentes”) o no se arreglan las carreteras.
Existen datos que mantienen que casi el 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, lo fueron justo en el momento de la ruptura de la pareja o en momentos posteriores a esta ruptura, ¿son las leyes de divorcio una causa clara de este problema social? ¿O al menos, una de las principales causas?
Yo creo que sí, porque los estudios que hay sobre las causas de por qué un terrorista se auto inmola o mata a la gente, es una de las claves para explicar por qué un ser humano mata a otro en una lucha de poder o la percepción de la pérdida del mismo. Los estudios sobre las tesis de “el miedo al delito” también nos explican muy bien lo que se está haciendo en España de forma tan errónea a la hora de afrontar la violencia sobre las mujeres en el ámbito doméstico. Hay muchos estudios que explican de forma científica de por qqué mueren las mujeres, pero estos estudios demuestran que las leyes y medidas españolas no sirven, y por eso, se crean estudios a medida de la idea inicial que mantiene el discurso políticamente correcto.
No podemos seguir creando víctimas para justificar la emisión de leyes y el pago de prestaciones económicas clientelares, sino crear leyes para evitar que haya más víctimas.
Ya en el Reino Unido, recuerdo que en los años 90 se creó el programa “tolerancia cero” muy parecido al que se está aplicando en España ahora. Aquel programa resultó con los años, ser un fracaso, que provocó un movimiento de mujeres contra dicho programa. Véase por ejemplo, la denuncia pública de la dirigente feminista Erin Pizzey.
Erin demostró que el programa tolerancia cero solo había beneficiado a los partidos, y asociaciones de mujeres y entidades públicas, que dependían de los fondos del programa para seguir trabajando. Incluso Erin ha llegado a decir, que la forma de financiar estos programas, favorecen el abuso de las denuncias falsas y la ocultación del resto de víctimas en la violencia doméstica. Ella ha sido amenazada de muerte en Reino Unido y ha tenido que irse al exilio en EUA.
¿Cuánto queda para que esto ocurra en España?
Creo que ya tenemos empresas exiliadas desde Cataluña a Madrid, e incluso jueces, y empresarios exiliados a otras CCAA. 
En mi opinión, el fenómeno independentista en Cataluña, es tan grave como el fenómeno de la falsa defensa que se hace desde La Moncloa de la lucha de la violencia sobre las mujeres.
Al final, toda la clase política en este tema en particular, se ha dejado absorber por las leyes del mercado que impone la sociología normativa, que ha instaurado lo políticamente correcto, por encima del “hacer lo necesario”.
Agosto, 2018.

Publicado en confilegal.com

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