La sensación de indefensión y abandono a propósito del asunto Llarena

Publicado en Confilegal.com

Hace unos días, la ministra de Justicia se hacía a un lado en cuanto a la posibilidad de defender la independencia judicial española, ante una demanda formulada en Bélgica de forma torticera, por quien ha intentado dar un golpe de estado contra la soberanía del estado español y robarnos parte de nuestro territorio, al resto de los españoles.

La sensación que tengo es contradictoria:

Todos los que nos movemos en el entorno de la Justicia, los abogados en general y los jueces y resto de operadores jurídicos, nos hemos sentido de alguna forma abandonados por un gobierno que ha mirado a otro lado, lanza un globo sonda mediático, espera la respuesta más o menos institucional de las personas afectadas o de sus representantes, y una vez tomado el pulso, toma una decisión.

En absoluto me refiero a los periodistas que deciden opinar sobre una realidad que desconocen, salvo aquellos que han resultado afectados por una demanda por libelo o despido procedente, y muestran un cierto ánimo de opinar (interesadamente) en vez de informar, que es su función en esta sociedad.

El desgaste de este gobierno, que parece que funciona a golpe de “a ver qué se me ocurre hoy” frente al nulo programa gubernamental, está rozando el ridículo.

Pero no pasa nada, porque mantener el sillón y tener el BOE en sus manos, es más importante que gobernar para los ciudadanos para mejorar su calidad de vida.

Por otro lado, me siento esperanzado, ya que he visto cómo muchos operadores jurídicos y sus instituciones representativas, salvo la Abogacía y Procuraduría (salvo a título individual), han emitido comunicados de apoyo no al Juez Llarena, sino también de apoyo a la independencia judicial y a la soberanía del estado español, para poder juzgar a los que cometen un presunto delito en nuestro territorio.

Muchos ciudadanos de a pie, nos sentimos abandonados por el gobierno y por sus ministros. No digamos por los legisladores, que se han convertido a su pesar en impugnadores de decretos ley, dejando a un lado el trabajo por el que se les paga, que es proponer y aprobar leyes para mejorar la vida de los españoles.

Hasta ahora el Gobierno y sus seguidores en el Congreso, no han hecho otra cosa que improvisar. El gobierno, para seguir ahí, se debe apoyar en seguidores que no hacen otra cosa que coaccionarle con exigencias que, en un estado democrático europeo, no serían ni propuestas y escuchadas.

Me refiero a cosas como mantener un diálogo con quien te amenaza con una nueva DUI, diálogo con quien quiere romper la democracia retirando las atribuciones constitucionales a quien las tiene -en este caso el Senado- o negociando con gente que no ha pedido perdón a ninguna víctima, y otras cosas en las que no voy a entrar.

Un gobierno que no quiere anular la subida salarial de los políticos, ni ha decidido negociar para derogar la reforma laboral o la ley mordaza.

Un gobierno que apoya la propuesta de un partido de establecer la censura previa a través de la nueva ley de protección de datos, o un gobierno que, ante la inoperancia de la ley de memoria histórica, apoya la idea de que hay que resucitar la figura del dictador, mientras sigue por otro lado, llamando a la inmigración a la vez que expulsa en caliente, a otra gente necesitada.

Igual que llegaron a la Moncloa con una improvisación que se trataba más de echar a alguien que, de programar un buen gobierno para el país, llevan tres meses improvisando con un gobierno que cree que gobernar es esperar los retos de quienes los apoyan, para ver qué decisión toman sobre la marcha, ante esos retos.

No quiero creer que el gobierno tenga todo esto planeado, porque entonces, el peligro que corre nuestro país sería más que preocupante.

No creo que el presidente sea tan inteligente.

Creo más bien que está como jugando a las casitas, y sólo Europa a modo de mamá controladora, es capaz de llamar la atención a este niño caprichoso que lleva dentro nuestro presidente.

España no se puede permitir el lujo de esperar que nuestro presidente madure y se haga mayor, mientras usa el BOE a diestro y siniestro.

Como todo infante inmaduro, nuestro presidente se ha rodeado de las “titas” que rodean a todo niño mimado, que le dicen todo lo que tiene que hacer. Luego está rodeado de típicos “primos” que bailan al son de los que mandan las “titas”.

El problema es que algunas de estas titas no se les conoce una relación sana con hombres y con los hijos. Algunas, incluso destrozaron sus hogares y pretenden organizar la vida de las familias españolas, partiendo desde sus propias experiencias vitales, proyectando en la ciudadanía, sus neurosis, como vienen haciendo determinadas consejeras en el CGPJ, desde hace unos años.

No tenemos ni hombres y mucho menos mujeres en el gobierno con sentido de estado. Ni siquiera aquellos políticos con buena formación, talante y credibilidad que están en este gobierno, lo han perdido, al participar en él.

Pero me congratulo de que varias asociaciones de jueces y de fiscales, hayan hecho pública su protesta por el abandono del gobierno a uno de sus máximos responsables en el poder judicial, como es un magistrado del Tribunal Supremo encargado del asunto más escabroso que ha habido en nuestra Justicia, desde el asunto de los GAL.

Por ello, escribo este pequeño artículo, para intentar hacer un ejercicio de empatía social con los jueces y fiscales, que ahora alzan su voz ante la sensación de abandono por parte de las instituciones del Estado.

Y quiero por este artículo que ellos hagan lo mismo, y muestren un poco de empatía con miles de justiciables.

En este país, cada día cientos de hombres, muchos de ellos que son padres responsables y ciudadanos respetables, son detenidos arbitrariamente tras una simple denuncia de supuestos malos tratos, sin que nadie controle la legalidad de su detención.

Y no me refiero en ningún caso a ese casi 20 % de hombres condenados cada año, o a ese menos de 400 hombres condenados por delitos graves de malos tratos cada año, sino a ese 80% de hombres denunciados a los que se les arruina su vida familiar e incluso laboral, en menos de 24 horas, gracias a la LO 1/2004, y cuyas denuncias resultan archivadas, sobreseídas o simplemente son absueltos.

A estos hombres se les destroza la vida de tal forma, que no son capaces de alzar la voz ni de asociarse a otros de forma efectiva. Se quedan sin recursos y sin fuerza y lo que es peor, sin fe en la administración de Justicia, uno de los pilares básicos de nuestra democracia.

En los 14 años de LO 1/2004 ha habido casi 1.600.000 denuncias. Hagan Uds. la cuenta.

Podemos deducir por las enrevesadas estadísticas del CGPJ que los hombres denunciados sobrepasan los 800.000 hombres de todo tipo.

800.000 hombres denunciados, de los que sólo menos de 5.000 han sido condenados por un delito grave de malos tratos en 14 años, y no al resto de los condenados sólo por un empujón puntual en una discusión o por un insulto, que son la mayoría.

Esos hombres tienen madre, padre, hermanos y hermanas, amigos e hijos. Todos ellos han visto con sus ojos el abandono de la justicia y de las FCSE en sus vidas. De la clase política, ya ni hablamos.

Basta una simpe denuncia para que un hombre lo pierda casi todo en menos de 72 horas:

1º.- Su libertad, en la medida cautelar policial.

2º.- Su casa y su hogar.

3º.- Sus hijos o el contacto con ellos.

4º.- Gran parte de sus ingresos.

5º.- Su imagen y su honor ante la sociedad.

6º.- Su derecho humano a un buen trato y a un trato igualitario

7º.- Su trabajo, en muchas ocasiones.

8º.- Su propia vida (suicidios)

Y no hablo de refugiados sirios o de cualquier otra parte del mundo donde la ciudadanía lo pierde todo y debe huir de la catástrofe, sino que hablo de personas con las que nos cruzamos todos los días de nuestra vida, en nuestras ciudades.

Sabemos que los jueces están obligados a aplicar la ley, en este caso la LO 1/2004, pero también tienen el recurso de plantear cuestiones prejudiciales ante los Tribunales internacionales.

Sabemos que existe miedo en la judicatura, salvo raras excepciones, como existe miedo en parte de la sociedad a cuestionar leyes que se han aprobado por el parlamento en nombre de la lucha contra la violencia de género, pero los tratados internacionales están ahí y son de directa aplicación en nuestro país una vez ratificados, y éstos están por encima de las leyes internas.

La lucha contra una lacra social, no puede estar fundamentada en oprimir a un grupo de personas por su raza, edad, origen, etnia, credo, ideas políticas, sexo etc.  No se puede luchar contra la violencia de género, legislando contra los hombres que viven en este país.

No es extraño que miles de familias no apoyen a las asociaciones de jueces y fiscales, cuando éstas se sienten abandonadas, y no pueden esperar comprensión de los cientos de miles de familias afectadas por estas injustas leyes que Uds. han venido aplicando, pese a saber que no son acordes a la Declaración Universal de los DDHH ni a la Convención de Derechos Civiles y Políticos.

Por ello, debemos tener presente que gran parte de la ciudadanía no sólo se siente abandonada por parte de este gobierno en este momento, sino que también se siente abandonada por quienes administran la justicia.

Si un gobierno aprueba leyes injustas, la judicatura debe rectificar esos desaciertos para equilibrar el sistema y ejercer la defensa de los derechos individuales y del estado de derecho, que nos ha permitido vivir en una paz y armonía razonable, a todos nosotros y a nuestros hijos.

No digo que la mayoría de los jueces lo estén haciendo mal, pero sí que colaboran de alguna forma, a la sensación de abandono y desesperanza que siente una parte de la ciudadanía.

Por eso, me solidarizo con los jueces en el asunto Llarena, pero pido comprensión para los miles de personas que, cada día, son afectadas directamente por leyes dudosamente respetuosas con los tratados internacionales de DDHH.

Agosto 2018

El orden moral y el causal en el tratamiento de la violencia de género en España

A propósito de un artículo de Joseph Heath sobre la corrección política, me he planteado de dónde surge y por qué surge la misma.

Hace unos años, un comentario Robert Nozick en “Anarquía, Estado y Utopía” estableció el concepto de que la sociología había pasado al siguiente nivel, y era el de la sociología normativa.

Esto es, que la sociología pasaría a establecer las normas y reglas de comportamiento de la sociedad, y condicionar a los legisladores y a los medios. Una vez logrado esto, se logra ir por los pilares del estado democrático, para lograr un pensamiento único que no permite a disidentes.

Así, tras el asalto a los partidos y sindicatos, se asalta el poder legislativo, luego el ejecutivo, para terminar controlando el poder judicial.

La educación, la sanidad, la defensa, las obras públicas, la hacienda pública y todo lo demás, son absorbidas en base a la ideología que se ha construido de lo políticamente correcto. Se crean problemas de forma artificial, para con ello, enfrentar a la población, mientras que ésta no se da cuenta que están recortando sus libertades y sus derechos civiles y políticos.

En este caso, las “mujeres” son un herramienta perfecta para controlar o al menos, intentar controlar a la mitad de la población. Recuerden aquello de “todos nuestros problemas son culpa de los judíos” y al final se llegó al holocausto.

Ahora la idea que se vende es “todos los problemas que sufren las mujeres son culpa de los hombres”. Así lo recoge el Convenio de Estambul, que por cierto, no ha sido ratificado por muchos países, dada su similitud a normas de estados totalitarios del pasado.

De hecho, esto siempre ha sido así, pero hasta hace poco tiempo los sociólogos y politólogos no habían caído en la cuenta de que es un arma masiva para crear “estados de opinión”, y sustituir o condicionar a los “estados de derecho”.

Heath explica que el orden moral laico regía nuestras vidas desde hace tiempo, como por ejemplo, las academias de la lengua (corrección del lenguaje) las academias de medicina, de abogados, los códigos deontológicos, etc.

Desde todos los ámbitos científicos y universitarios, se ha implantado las tesis de la sociología normativa, que es una nueva pseudociencia que dicta los parámetros de la corrección política, como una forma de limitar determinados derechos humanos sin que se note, pero desde la perspectiva “aparente” de una defensa de aquellos derechos humanos, que se pretenden defender. Realmente, lo que se pretende es “controlar” y limitar los derechos humanos de los individuos, en nombre de un grupo humano, supuestamente oprimido. Esto es, en nombre de una idea (las mujeres son unas oprimidas), se recortan derechos y libertades no sólo de los hombres, sino de las propias mujeres, que ya éstas dejan de decidir por sí mismas, en nombre de una idea, una vez caen en manos de los servicios sociales de los ayuntamientos, siguiendo el RDL 9/18, por ejemplo.

No es el bien común por encima de los derechos individuales, sino crear la sensación de que defender los derechos de un individuo, no es tan importante, como los derechos de un grupo de personas y, con ello el fin justifica los medios, con tal de alcanzar el objetivo que marca la sociología normativa “manipulante”.

Ya, las NNUU pusieron en marcha esta forma de “trabajar” en la Conferencia de Pekín sobre los derechos de las mujeres, en la que se llegó a manipular a las representantes de decenas de países en vías de desarrollo, haciéndoles creer que los problemas de la pobreza y la indigencia en sus países, tenían como origen el patriarcado.

En España, esto comenzó a llegar en los años 90, pero es cuando se aprobó la LO 1/2004 de violencia sobre la mujer, cuando la sociología normativa se impuso.

El propio ministro de Justicia, López Aguilar, dijo que las denuncias falsas eran un “coste asumible”, dando a entender que meter en la cárcel a un inocente, no era tan importante como la idea inicial de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Esto es, venden un problema que justifica la norma, aunque no sea la causa la que se intenta erradicar, sino crear una cuestión social y un estado de opinión, buscando réditos electorales.  

Años más tarde, este ministro, cuando fue acusado de malos tratos por su ex mujer, no paró de decir que no podría soportar el coste emocional, profesional y vital de haber sido víctima de una denuncia falsa. 

https://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/espana/el-ministro-que-impulso-la-ley-de-violencia-de-genero-victima-de-una-denuncia-falsa-por-malos-tratos_rpw5v4gfssqyzm5bi6b6x)

Nos encontramos así con una justificación de una idea que surge en estados totalitarios, que los sociólogos del gobierno vendieron como corrección política.

Usaron el concepto del orden causal, por encima del orden moral. Me explico.

No era tan importante acabar con las causas de la violencia que sufrían las mujeres en el entorno doméstico, sino regular un problema sin estudiar la causa, pero regular partiendo de la base de una idea como causa. Esto es, hay un problema social que no nos gusta y que puede darnos rédito político, así como una excusa para obtener financiación justificable, y regulamos pensando en mantener y agradar ese problema, demostrando así su necesidad legislativa y presupuestaria, en vez de dictar leyes que prevengan ese problema social.

La LO 1/2004 es el ejemplo más claro de esto, y el RDL 9/18 de 3 de agosto, es un paso más.

¿Cuál es el problema que intenta solucionar el RDL 9/18? 

Los Ayuntamientos tienen un gran déficit, sobre todo en aquellas áreas que no aportan ingresos (tasas, impuestos, etc.) a las arcas del municipio, como son las concejalías de servicios sociales, hoy subsumidas en las extrañas concejalías de Igualdad. Digo que extrañas, porque no tiene apenas recursos para los hombres que piden ayuda.

Como quiera que la Constitución Española prohíbe que los ayuntamientos tengan déficits (art. 135,2 CE) han encontrado este RDL como fórmula mágica para cubrir económicamente estas pérdidas económicas que provocan los servicios sociales de los ayuntamientos, y todo en nombre de la “lucha contra la violencia de género”.

Esto es, que se ha buscado una “causa” políticamente correcta, para ocultar la causa real del decreto. Sociología normativa en todo su esplendor.

En palabras de Heath “donde no hay pruebas contundentes de que A es realmente causa de B, sino que, por una razón u otra, debemos conseguir que la sociedad piense que A es la causa de B. Ello conduce inexorablemente a una situación en la que negar que A es la causa de B se estigmatiza moralmente. Y, entonces, la gente afirma la conexión (A como causa de B) principalmente, porque se siente obligada a hacerlo, pero no porque haya sido persuadida por ninguna evidencia”.

Este es un buen caldo de cultivo para crear un estado de opinión contra los datos empíricos y científicos. La ideología de lo políticamente correcto se impone sobre la evidencia científica, como ha ocurrido en la Comisión de Igualdad de Congreso. Sólo recordar que en esta comisión han participado personas que ya estuvieron como expertos en la LO 1/2004 y que se ha demostrado que ha sido un fracaso (según se recoge en el Pacto de Estado).

Esto es como si llevamos el coche al taller del mecánico que no supo reparar una avería anterior.

Se crea así, un estado de opinión de nuevos súbditos creyentes, y no de ciudadanos pensantes. Por ende, políticos creyentes en ideas acientíficas, en vez de políticos pensantes.

La perversión de la sociología normativa, basada en la tesis de crear un estado de opinión políticamente correcto, se ha usado en estados totalitarios del siglo XX de forma sistemática.

Ahora, esta técnica política de acabar con los derechos individuales en nombre de un grupo de “oprimidos” por cualquier causa, se ha usado por gobernantes pseudo totalitarios, que se disfrazan de demócratas, como los que surgen en movimientos independistas, copiando el modelo que se comenzó a usar en España, con la ley de violencia de género.

Es el mismo mecanismo para afrontar una necesidad de una determinada clase política, para atraer votos fáciles de ese grupo de gente que no suele votar, piensan poco y “sienten” el voto por una causa manipulada (odio, rencor, etc.) y estimularles para que participen en la vida política apoyando ese estado de opinión. Las redes sociales son una inmejorable herramienta para crear ése estado de opinión que anima a legislar “en caliente”, como se dice ahora.

Por ello, se crea en base a una idea, la causa de un problema:

Un rey que nadie votó, una Constitución que es fruto del franquismo, las mujeres mueren fruto de la opresión de los hombres, el España nos roba, en España hay millones de pobres, los pensionistas salen a la calle, (todos) los políticos son unos corruptos, etc.  para crear un estado de opinión perfectamente estudiado por la sociología normativa, para justificar el recortar libertades públicas de forma que “parece” que es al revés. 

Se crea una alarma social.

Y así se justifica un discurso del “estás conmigo o contra mí”, pero dejando claro que si no estás “de acuerdo con mi discurso” eres un facha, o un opresor machista, o un españolista colonizador, etc. Porque mi discurso, es la nueva moral políticamente correcta construida desde la sociología normativa y ésta, no permite disidencias.

Todo un nuevo sistema perverso y pervertido desde su raíz ideológica.    

Llevo años sosteniendo que éste es el típico caso de alienación social que se viene usando desde tiempos inmemoriales por la peor clase dirigente, como la propaganda de los nazis, como culpar al “capitalismo” de la opresión de la clase obrera o, como cuando la expulsión de los judíos en 1492 o, culpar al “patriarcado” de todos los problemas que sufren las mujeres, por ejemplo.

Se busca y se señala a un “malo” de la norma que se quiere imponer a la sociedad.

Esto se viene haciendo en nuestro país desde hace unos años. Lo preocupante es que la clase política se ha dejado embaucar por los teóricos de la sociología normativa y de los que sustentan lo políticamente correcto, que no admite disidencias ni pensamiento crítico, como mantenía en su día Aleksandr Solzhenitsyn.

Esta construcción de las ideas políticamente correctas, que si opinas de otra forma te conviertes en un paria social, se ha abierto camino en universidades y en las ciencias sociales de forma espectacular, creando un monstruo que destruye todo dato científico y todo respeto por los principios democráticos, principios que nos han permitido vivir con cierta armonía y progreso.

Lo más triste en comprobar que aprovechando el concepto del estado fallido de Winston (movimiento 15M), se aprovechan de la bondad de mucha gente, en donde pueden captar adeptos sectarios, que pierden su humanidad y libertad de pensamiento en pro de un nuevo dogma. Como los del “lazo amarillo” como símbolo de odio al estado opresor español.

Por ello hago este artículo: para llamar la atención sobre el fracaso en España de la lucha contra la violencia que sufren las mujeres en el ámbito doméstico y fuera de él.

Está claro que está resultando un fracaso, ya que no se entiende que sigan muriendo mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, en el número que lo hacen. A día de hoy, en lo que llevamos de año, se han contabilizado 26 mujeres asesinadas en este ámbito en España. Si hubiera sido un éxito la LO 1/2004, ¿para qué necesitamos un Pacto de Estado?

Y las mujeres siguen muriendo porque las políticas y normativas que se han aprobado y que se están aprobando, están basadas en la idea preconcebida de acusar de ello a la opresión que sufren las mujeres, por los hombres, el patriarcado y el machismo.

Si uno se lee las comparecencias de los “expertos” que han hablado en la comisión de igualdad del congreso, que han dado lugar al famoso Pacto de Estado, uno puede llegar a comprender el fracaso del Estado Español en la lucha contra la violencia hacia a las mujeres.

Algunos de esos “expertos”, han llegado a mentir en el congreso, proponiendo soluciones sin ningún fundamento científico, sino que todo su discurso está basado en una idea falsa, que no intenta acabar con el problema, sino de alguna forma sustentar el problema para justificar su idea preconcebida.

Se ha llegado a hacer como que, para que hayan menos accidentes en de tráfico, se les quite el carnet de conducir a todos los hombres, dado que ellos tienen más accidentes y causan más muertes en las carreteras.

Se ha llegado a decir que los hombres no merecen protección porque son ellas las que mueren en mayor medida. Como si hombre muerto a manos de su mujer, no tuviese ningún valor. Igual argumento que cuando moría un judío en Alemania en 1940 o cuando moría un disidente en la URSS en un Gulag.

Si nuestros legisladores al inicio de la democracia hubieran pensando así, las mujeres aún seguirían trabajando como amas de casa, dado que, en 1978 los que trabajaban fuera de casa, eran en su gran mayoría los hombres, y por ello, al haber pocas mujeres trabajando, no hubiera hecho falta políticas de fomento de la igualdad ni de la liberación de las mujeres. 

Esto es, se parte de una idea equivocada y preconcebida desde la sociología política normativa, en la búsqueda de un eslogan político que convence fácilmente a la población (la lucha contra la violencia contra la mujer). De esta manera, se obtienen más votos y financiación política, pero no se acaba de erradicar el problema real.

No se puede acabar con una lacra social desde una construcción artificial de una ley. Esto sólo se puede erradicar desde un estudio real de las causas, y tendentes a eliminar dichas causas.

Las mujeres no mueren porque no tengan apoyo de los servicios sociales, ni porque no tengan ayudas para salir de esa situación. Quien piensa así, apenas conoce cuales son las raíces de la violencia sobre las mujeres, y el por qué se quedan atrapadas en esa relación, a veces mortal.

En mi experiencia durante muchos años con mujeres maltratadas, la mayoría de ellas, a pesar de la ayuda que le prestábamos en todos los órdenes, les costaba dar el primer paso. El primer trabajo que hay que hacer con ellas, es detectarlas.

Si muchas de las asesinadas no habían presentado nunca una denuncia

¿Quién puede creerse que van a acudir a los servicios sociales?

Muchos asesinatos, además se producen sin historia previa de malos tratos, sino por un hecho puntual e imprevisible.

Se nos quiere hacer creer que van a lograr bajar las estadísticas ofreciendo ayudas económicas a las supuestas víctimas, cuando se ha demostrado en otras experiencias similares (Estado de New York) que hacen todo lo contrario, las estadísticas suben.

Es como pretender bajar el numero de accidentes, dando ayudas para comprar coches nuevos. Dé que sirve esto, si no se mejoran y reducen los puntos negros (los famosos “tramos de concentración de accidentes”) o no se arreglan las carreteras.

Existen datos que mantienen que casi el 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, lo fueron justo en el momento de la ruptura de la pareja o en momentos posteriores a esta ruptura, ¿son las leyes de divorcio una causa clara de este problema social? ¿O al menos, una de las principales causas?

Yo creo que sí, porque los estudios que hay sobre las causas de por qué un terrorista se auto inmola o mata a la gente, es una de las claves para explicar por qué un ser humano mata a otro en una lucha de poder o la percepción de la pérdida del mismo. Los estudios sobre las tesis de “el miedo al delito” también nos explican muy bien lo que se está haciendo en España de forma tan errónea a la hora de afrontar la violencia sobre las mujeres en el ámbito doméstico. Hay muchos estudios que explican de forma científica de por qqué mueren las mujeres, pero estos estudios demuestran que las leyes y medidas españolas no sirven, y por eso, se crean estudios a medida de la idea inicial que mantiene el discurso políticamente correcto.

No podemos seguir creando víctimas para justificar la emisión de leyes y el pago de prestaciones económicas clientelares, sino crear leyes para evitar que haya más víctimas.

Ya en el Reino Unido, recuerdo que en los años 90 se creó el programa “tolerancia cero” muy parecido al que se está aplicando en España ahora. Aquel programa resultó con los años, ser un fracaso, que provocó un movimiento de mujeres contra dicho programa. Véase por ejemplo, la denuncia pública de la dirigente feminista Erin Pizzey.

Erin demostró que el programa tolerancia cero solo había beneficiado a los partidos, y asociaciones de mujeres y entidades públicas, que dependían de los fondos del programa para seguir trabajando. Incluso Erin ha llegado a decir, que la forma de financiar estos programas, favorecen el abuso de las denuncias falsas y la ocultación del resto de víctimas en la violencia doméstica. Ella ha sido amenazada de muerte en Reino Unido y ha tenido que irse al exilio en EUA.

¿Cuánto queda para que esto ocurra en España?

Creo que ya tenemos empresas exiliadas desde Cataluña a Madrid, e incluso jueces, y empresarios exiliados a otras CCAA. 

En mi opinión, el fenómeno independentista en Cataluña, es tan grave como el fenómeno de la falsa defensa que se hace desde La Moncloa de la lucha de la violencia sobre las mujeres.

Al final, toda la clase política en este tema en particular, se ha dejado absorber por las leyes del mercado que impone la sociología normativa, que ha instaurado lo políticamente correcto, por encima del “hacer lo necesario”.

Agosto, 2018.

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El duelo de un niño en el proceso de divorcio

Se habla mucho últimamente del RDL 9/18 de 3 de agosto, que da facultades a los servicios sociales de los ayuntamientos para emitir un “informe oficial” para que una mujer pueda ser considerada víctima de maltrato sin necesidad de denuncia previa o juicio.

Polémicas aparte, ya sabemos los que nos dedicamos al derecho de Familia, tanto en su faceta civil, como en la penal, y digo derecho de familia penal, dado que los conflictos familiares se han criminalizado demasiado, en los últimos años, en nuestro país. Como decía, ya sabemos cómo funciona esto de los centros de acogida y los servicios sociales que ayudan a las mujeres a separarse de forma más rápida, criminalizando el conflicto de pareja.

Me parece adecuado sacar en este momento la tesis de Marrone, psiquiatra londinense, que nos explica que la sociedad “comprende” el enfado y la ira de una persona cuando pierde a un ser querido en un accidente, que es la forma más traumática, de sufrir una pérdida. Incluso este tipo de comportamiento de uso de la violencia (falta control de la ira), dejando que la ira se apodere de nuestras emociones y acciones, se comprenden ante la pérdida de un puesto de trabajo (huelgas violentas, disturbios en la calle de grupos de personas frente a una injusticia, protestas violentas contra un gobierno, etc.)

Todo esto lo hemos normalizado como algo natural y gran parte de la sociedad lo tolera, y de alguna forma, lo comprende.

Pero cuando la reacción con enfado e ira ante la sensación de pérdida que sufre un hombre o padre en los casos de divorcio, y este hombre rompe algo, o deja que la ira (fase del duelo) tome el control de sus acciones y emociones, esto sin embargo, lo hemos convertido no sólo en algo intolerable, sino que incluso lo hemos criminalizado como violencia machista, y lo hemos tipificado hasta como delito. Es incomprensible.

Es como si se hubiera tipificado como delito nuestra propia naturaleza humana, pero sólo si el actor, es un hombre.

En todo caso, y volviendo al objeto de este artículo, el RDL 9/18 viene a legalizar lo que se viene haciendo desde hace años en la praxis, y es legalizar el hecho de que cientos de niños cada día, en España, sufren la desaparición (pérdida) de sus papás de sus vidas, sin proceso emocional y judicial alguno.

Hablamos del “duelo” que sufren y sufrimos todos cuando nos enfrentamos a una pérdida de un ser querido, bien la muerte por enfermedad o por accidente de un padre, un hermano, un amigo, una pareja o un hijo.

Todos hemos odio hablar de las fases del duelo, ante una pérdida de un ser querido.

Hay muchos expertos que nos hablan de distintas fases del duelo, y el modelo más conocido es el modelo de Kübler, y voy a resumirlas de forma asequible:

1ª.- La negación (no me creo que me esté pasando a mí).

2ª.- La ira (enfado con el mundo, la vida y con los demás)

3ª.- La negociación (búsqueda del consuelo y de una explicación).

4ª.- La depresión (angustia vital y dolor frente a la pérdida).

5ª.- La aceptación (aceptar la realidad de la pérdida).

Para otros autores, como Bowlby, estas fases son cuatro:

1ª.- El embotamiento (no me lo puedo creer)

2ª.- El anhelo (Echar de menos)

3ª.- La desesperanza (desorganización de ideas y sentimientos)

4ª.- La reorganización (la vida sigue)

En todos los procesos de separación y/o divorcio, se habla mucho de estas fases en los adultos que pasan por dicho trago.

Se ha estudiado mucho todo esto, desde la perspectiva de los adultos, pero lo que más me interesa recalcar es la teoría aquella que sostiene que las personas que han crecido con un apego seguro en su infancia, han sobrevivido mucho mejor al divorcio y a sus disfunciones, que aquellas que han tenido un apego inseguro en su infancia (Weiss).

Esto es, que se ha demostrado que estas personas que han tenido una seguridad de sus afectos en la infancia tanto con su padre como con su madre, tienen como un mayor y mejor entrenamiento emocional para afrontar un duelo, y en este caso, el duelo que representa el divorcio.

Y no sólo eso, sino que esta seguridad en sus apegos, les ayuda en su vida adulta para afrontar de forma más positiva y pacífica, los conflictos de todo tipo, a los que nos enfrentamos en la vida adulta.

Se han obtenido datos de varios estudios sobre acoso escolar, fracaso escolar, niños violentos y jóvenes con problemas con sus comportamientos (drogas, uso de la violencia, sexualidad precoz y alcohol), en los que el denominador común a todos ellos y ellas (niños y niñas) es haber tenido un apego inseguro en su infancia, siendo la mayoría de los casos, la desaparición o pérdida de una figura paterna o materna en su infancia, como consecuencia de un abandono, la muerte o un divorcio.

Hay más estudios realizados en torno a la figura paterna, ya que es lo más usual, porque la mayoría de las custodias se siguen otorgando a las madres, como se hace desde el siglo XIX.

Estos estudios sobre la falta de apego seguro de un padre, por la pérdida de su presencia vital en la vida del niño, se comenzaron a desarrollar tras la segunda guerra mundial, cuando cientos de miles de padres no regresaron a casa, porque perdieron su vida en la guerra. Se quería saber qué pasaba a los niños huérfanos de la guerra.

Más tarde, estos estudios se han preocupado de cómo viven y afectan a los niños la pérdida de un progenitor en sus vidas, tras un divorcio.

Y es curioso, porque se ha descubierto que los niños pasan por estas fases del duelo igual que los adultos, pero de una forma más natural, sobre todo si no influimos en ellos, pero no tienen la capacidad, ni emocional, ni el desarrollo evolutivo suficiente, para afrontar las fases tres y cuatro, sino que suelen pasar de la segunda a la quinta, si se hace bien.

Y aquí entran los servicios sociales de los ayuntamientos en los casos en los que he podido trabajar.

He visto a muchos niños (demasiados quizá), que han visto desaparecer a su padre de la noche a la mañana, tras la emisión de un “informe de maltrato” de los servicios sociales, y posterior e inmediata denuncia de maltrato.

El padre es detenido y usualmente se le pone una orden de alejamiento, o se le limita mucho el contacto con los hijos y se prohíbe volver “a casa”.

El niño ha visto desaparecer a su padre, como si hubiera muerto, pero no ha muerto y entonces es cuando los servicios sociales “ayudan” a la madre para que le explique al niño por qué su papá ya no está en casa y lo no puede ver, a pesar de que no ha muerto.

Y es en estos momentos, cuando la intervención de las madres y de los servicios sociales hacen muy mal su trabajo, destrozando la infancia de miles de niños en nuestro país.

En vez de permitir que el niño asimile o comprenda lo que pasa, y pase por las fases del duelo por la pérdida de su padre, que necesitan en estos casos, meses e incluso años de asimilación, se fuerzan a los niños a que asimilen cosas que no tienen capacidad para asimilar.

Los tiempos judiciales tiempo apremian a los abogados, servicios sociales y madres y hay que reforzar el “informe” de los servicios sociales ante el Tribunal y a los ojos de la Fiscalía y, hay que dar credibilidad a la “versión de los hechos” que la madre “refiere” en la intervención, y es por ello, que se meten en la vida y la mente de estos niños, de forma inaceptable.

Recordemos las fases del duelo de un niño por la perdida de su padre en este caso:

1ª.- La negación (no me creo que me esté pasando a mí). SI

2ª.- La ira (enfado con el mundo, la vida y con los demás) SI

3ª.- La aceptación (aceptar la realidad de la pérdida) SI.

Pues, la intervención de los servicios sociales que hemos visto hasta ahora, se ayuda al niño a superar la negación, diciéndole que su padre es malo y que no le quiere o, que cuando él dormía, pegaba a su mamá.

Esto hemos visto que lo han hecho a veces directamente, y otras veces “asesorando” a la madre o a la abuela materna, para que hablen en estos términos al niño.

Una vez que el niño ha “aprendido” que su papá es malo (caso de Lola de dos años y medio) el niño pasa a la fase de enfado e ira, y el objeto de esta ira es su papá. No hay otro objeto. A veces, estos niños suelen “responder” con comportamientos extraños ante esta situación. Les duele la barriga, trastornos del sueño o del comportamiento, o simplemente muestran lo que algunos expertos llaman el “terror sin nombre”.  

Así, cuando llegan a los equipos psicosociales de los Juzgados o a una exploración judicial, los niños se muestran muy enfadados con su padre. No sólo porque les han convencido (brainwashing) de que su padre es malo, sino que están enfadados, porque es una reacción natural del duelo frente a la pérdida de su padre, y en este caso los niños lo suelen sentir como un abandono.

Como en el caso de Lucía de seis años, que dijo que “mi papá es malo porque nos abandonó, a mí y a mi mamá”. Sin embargo, el padre lo que hizo fue pedir el divorcio de su madre, y ésta, proyectó su sensación de ser abandonada por su marido, a su hija (“nos ha abandonado”). El padre salió de casa para evitar una denuncia de malos tratos instrumental.

Y por eso, estos niños, deben acudir a los servicios de tratamiento familiar de los servicios sociales, para reforzar y dar más credibilidad al informe oficial de maltrato de cara al juicio, a las evaluaciones de la UVIVG o de los equipos psicosociales e incluso, para estar “debidamente preparados” para la exploración judicial.

Hemos visto a un niño de siete años ser entrenado por un CAPSEM de la Comunidad de Madrid, para responder de forma “correcta y adecuada” a las preguntas del fiscal y del juez, con un perro delante (programa piloto con perros de exploraciones a menores).

Al niño, cuyo nombre voy a omitir, la abuela materna le preguntó, pasados unos días de aquella exploración, el por qué había dicho cosas tan feas de su papá. Y el niño respondió que unas señoras muy amables (CAPSEM) y su madre le dijeron que si se aprendía eso muy bien y lo hacía bien, su mamá lo iba a llevar a Disneyland París, que él, tantas ganas tenía.

Este niño tiene ahora ocho años, y tiene problemas de control de ira, agresividad en el colegio y con su madre, y está a tratamiento psicológico.

¿Qué les ocurre a estos niños? A estos niños con los que se están trabajando así, para fortalecer y reforzar los “informes” de los servicios sociales que apoyan la “versión” de una madre que dice que es maltratada: Pues que se induce a los niños a mantenerse en la fase de la ira y en enfado permanente del duelo por la pérdida de su padre. Y no se les permite avanzar en la siguiente fase del duelo, que es lo natural.

Recientemente, hemos leído un estudio que demuestra que muchas personas (más mujeres que hombres) que mantienen durante años diferentes pleitos con sus ex, tiene un denominador común: sufrieron un apego inseguro en su infancia. Por ello, no aprendieron a superar las fases del duelo que cualquier pérdida que sufrían en sus vidas, como la pérdida de un juguete, o algo similar, y mostraban una absoluta intolerancia a la frustración.

Así es comprensible que muchos niños que pasan por estos servicios sociales y estos “tratamientos” e “informes”, no terminen nunca de aceptar la pérdida de sus padres vivos, y acaben de dos formas muy previsibles, cuando llegan a la adolescencia: o el rechazo total a su padre para siempre, o descubrir que se les ha engañado, y deciden rechazar al progenitor impostor.

Hemos visto que el primer caso se suele dar en niños que afrontan el divorcio entre los 9 y 16 años. Y la segunda reacción es más usual en niños que afrontaron el divorcio entre los 0 y los 9 años, y habían tenido un apego seguro con ambos progenitores entre los 0 y los 3 años.

No quiero sentar cátedra en este artículo, sólo aportar ideas de reflexión a los operadores jurídicos sobre el peligro del uso de determinados servicios sociales, que “necesitan” elevar el nivel de conflicto de los asuntos que llevan, para poder obtener más ayudas públicas y recursos para garantizar sus puestos de trabajo.

Para terminar, una reflexión:

¿Por qué el gobierno no ha aprobado un RDL para destinar fondos a servicios de pacificación de los conflictos familiares?

Agosto, 2018

Publicado en adefinitas.com

Efectos en los niños de los informes de los Servicios Sociales en España

(publicado en confilegal.com)

Mucho se está hablando sobre el Decreto sobre violencia de género que desarrolla el Pacto de Estado, y sobre todo se pone en tela de juicio su constitucionalidad, e incluso sobre si el gobierno ha podido cometer algún delito público al aprobarlo de la forma que lo ha hecho.

Se dice que podría vulnerar la presunción de inocencia de los hombres y los chicos jóvenes en España. Incluso que dicho Decreto convierte a los servicios sociales en una especie de policía de género, al estilo de las brigadas sociales de otros tiempos.

Pero no es solo el RDL 9/18 de 3 de agosto el que va a provocar muchos conflictos en los tribunales, sino también una ley que ha pasado desapercibida como es la Ley 7/2018 de 30 de Julio de la Junta de Andalucía, que es la que abre esta peligrosa puerta a legalizar el trato discriminatorio de personas en nuestro país.

Así se refleja en esta ley, que un niño cuyo padre ha sido asesinado o maltratado, no tiene protección institucional alguna, frente al niño cuya madre ha sido asesinada o maltratada. Estos últimos tienen todo tipo de medidas de protección, pero aquellos son ignorados por la ley y por la Junta de Andalucía, al igual que hace de forma implícita el RDL 9/18.

Muchos lectores desconocen que los mecanismos ahora aprobados, vienen poniéndose en practica de forma experimental en distintos juzgados de España y en determinadas CCAA.

Por ello, voy a explicar aquí, las consecuencias que se está produciendo en la vida de los niños y niñas cuando estos mecanismos se ponen en marcha.

Un caso real:

Pareja con hija de 8 años. Ambos progenitores deciden vivir separados. La madre quiere la custodia exclusiva y 600 euros de pensión. El padre la custodia compartida y ofrece una pensión de 150 euros al mes, dada la diferencia de ingresos de ambos progenitores. Indicar que, con ellos vive un hijo del padre de otra relación anterior, de 11 años. 

La madre, ante ello, acude a los servicios sociales de un pequeño ayuntamiento y siguen los siguientes pasos:

1º.- Entrevista con trabajadora social

2º.- Llevan a la niña a una entrevista de evaluación.

3º.- Emiten un informe “oficial” de que la madre es una mujer maltratada, teniendo como base lo que ella les ha contado.

4º.- La causa del maltrato es literalmente: Han discutido porque el padre quiere quitarle la custodia (exclusiva) de su hija y como consecuencia de ello, sufre una ansiedad terrible. Se apoyan en el “testimonio” de la niña, que ratifica que su padre se peleó con su madre en casa hace unos días.

En el “informe” de tres páginas se dice siempre que “la mujer refiere que…” y en el relato se vierten todo tipo de mentiras sobre el padre, pero éste “informe” da credibilidad a esas mentiras.

El padre busca un abogado para pedir la custodia compartida de su hija, pero hete aquí que la madre decide irse a otro pueblo, a la casa de sus padres y se lleva a la niña con ella. La madre es aconsejada por los servicios sociales que acuda con su “informe” a los servicios sociales del nuevo pueblo, y que éstos avisen a la policía local, que ella, es una mujer maltratada.

El padre acude un viernes, ya que es médico cirujano y ha trabajado toda la semana, al pueblo donde ella se ha trasladado con su hija, y le pide ver y estar con su hija. La madre se niega y llama a la guardia civil.

Acude la Guardia civil, y tras hablar con el padre tranquilamente, hablan con la madre y ésta les enseña el “informe” de los servicios sociales. La guardia Civil conmina al padre para que se vaya y que acuda a un abogado y haga lo que estime pertinente, pero ante un Juzgado.

El padre se niega, y dice que “eso es un secuestro de su hija”….entretanto la madre llama a su abogada y ésta le aconseja ir al médico y denunciar.

El padre, tras media hora de conversación tensa con un guardia, decide marcharse del lugar a su casa e intentar contactar un viernes por la tarde con su abogado, a ver que se puede hacer. Nada, no le coge el teléfono.

La madre se va al centro de salud, y cuenta que tiene un ataque de ansiedad y sentía miedo de que se llevaran a su hija y de lo que “pudiera hacer el padre”. Enseña de nuevo el “informe” de los SS del Ayuntamiento al médico.

El médico, ante esa información, decide hacer un parte de lesiones por violencia de género y pasarlo al juzgado de guardia. Es el protocolo obligatorio del “por si acaso”, que decida un Juez.

Con su parte bajo el brazo, la mujer va al cuartel y pone una denuncia por violencia de género.

Una hora y media más tarde, cuando el padre acude al Cuartel porque lo han llamado por teléfono para “un asunto de su interés”, resulta detenido y lo pasan al calabozo.

Esta detención se prologa hasta la tarde del sábado, que pasa al Juzgado, es conducido en un coche policial, esposado, sin asear y muy enfadado por lo que está pasando, lo conducen hasta la Juez de guardia de viogén de ese día.

Le preguntan sobre si es verdad que ha discutido con su mujer y él dice que sí, y reconoce que el la tocó a ella cuando ella, hace unos días, le intento agredir, pero que él lo que hizo fue apartarla de forma instintiva. Le preguntan si la niña estaba delante ese día, y el dice que si y que se puso a llorar y estaba asustada por los gritos de su madre.

Le preguntan por qué ella ha acudido a los servicios sociales y éstos ratifican en su “informe” que ella, es una mujer maltratada. El y su abogado de oficio no pueden dar una explicación a ello. ¿Acaso pueden demostrar que es mentira lo que dice ese informe?

La juez decide poner una orden de alejamiento, establecer una pensión de 600 euros, le da la custodia de la niña a la madre y suspende las visitas y, lo que es mas grave, otorga la patria potestad exclusiva a la madre para llevar a la niña a la psicóloga de los servicios sociales, o a quien quiera. La juez autoriza a la madre a cambiar a la niña de colegio y de ciudad.

Han pasado cuatro años desde aquello, y ahora el padre ha vuelto a ver a su hija a solas, en casa.

Tras dos años de tratamiento obligatorio en un ETF (Equipo de tratamiento Familiar) de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, un año de punto de encuentro de visitas dos horas a la semana supervisadas en un cuarto de cuatro m2. Y todo, gracias a que hubo sentencia absolutoria en la denuncia penal.

La madre ha estado cobrando la RAI (Renta de inserción activa) y ha recibido todo tipo de ayudas sociales, incluso ha podido acceder a una vivienda de renta básica y a un trabajo, ya que por contratar a una mujer, declarada como maltratada oficialmente por los SS, las empresas tienen muchas ventajas económicas.

Pero vamos a la cuestión, la hija ya tiene 12 años y su hermano 15.

¿Alguien en todo este proceso, ha pensado en la relación de los dos hermanos?

¿Alguien ha pensado, en cómo afectó a la niña que su padre desapareciera de su vida por completo?

¿Y que desaparecieran los abuelos, los primos y sus amigas del colegio y de la “Urba”?

Para humanizar un poco más este artículo, pongámosle a la niña un nombre (supuesto) y a su hermano: Soraya y Pedro.

Hace unos años, en Bonn, en el Primer Congreso Internacional sobre la custodia compartida, nos reunimos gente de más de 42 países, y entre otros temas, hablamos sobre cómo perciben y viven los niños la separación de sus padres, durante o tras un divorcio.

Así, el Profesor Jan Piet de Man del Centro Europeo del interés del niño de Bruselas, nos hizo recapacitar sobre ello (el tiempo) con este cuadro de su estudio longitudinal: 

Mucha gente lee este cuadro y no lo termina de comprender, y por eso he intentado explicarlo de otra forma:

Si hacemos un esfuerzo y pensamos en nuestra infancia, debemos recordar cómo de largo se nos hacía el verano cuando éramos niños. Si lo comparamos con el cómo de corto se nos hace ahora que somos adultos, podemos llegar a comprender que el “tiempo” en los niños es un concepto muy distinto al tiempo de los adultos.

También hice un esfuerzo en explicar cómo perciben los niños el espacio, de una forma tan distinta a los adultos. Cómo de pequeños, nos parecía el patio del colegio tan grande, y ahora de adultos, lo percibimos como más pequeño.

También hacemos el esfuerzo de explicar de que los niños necesitan estabilidad en sus afectos, y esa estabilidad se la dan la gente que les quieren, sus padres, sus hermanos, su familia extensa y sus amigos.

Y hay que propiciar que no pierdan esa estabilidad, sea cuales sean las circunstancias, en la de la separación de sus padres.

En el caso de Soraya, ésta ha estado 4 años sin ver a su padre, a sus abuelos, a su hermano y a sus amigas del colegio de “toda la vida”.

Imaginad que sois niños y estáis 4 años sin ver a toda esa gente que te quiere y a las que quieres.

Gracias al “informe” de los servicios sociales, esta niña ahora tiene que ir a un psicólogo y tiene que tomar pastillas para dormir, aunque va mejorando cada día.

Hoy ya, Soraya ha hablado con su hermano y su abuela. Y cuenta esta pesadilla que ha vivido:

En los servicios sociales, una trabajadora social el dijo que “su padre era malo”, que había maltratado a su madre. Su madre y la abuela le decían lo mismo, y con ocho años, una niña no tiene mas remedio que “creer” lo que le dicen los adultos que cuidan de ella y de los que depende (Síndrome de Estocolmo).

A su hermano Pedro, le ha dicho que tenía miedo de su padre, pero que solo le pasó desde que fue a los servicios sociales. Además, no entendía por qué su padre no iba a verla. Ella no sabía que el padre no podía ir a verla.

Que ella no quería ver a su padre, porque no quería disgustar a su madre, que decía que sufría mucho que ella tuviera que ir a ver a un maltratador al Punto de Encuentro.

Gracias al PEF, pudo recuperar su memoria y empezar a comprender que no todo lo que le dijeron, era verdad.

Pedro le recordó que era su madre quién gritaba y se ponía violenta. Y que su padre siempre intentó que ellos, Soraya y el, estuvieran al margen de todo. Soraya empezó a recordar y a comprender.

Poco a poco Soraya ha ido recuperado sus afectos, y ahora se siente mal, porque descubre con estupor cómo la han mentido tanto tiempo, “esa gente del ayuntamiento” como ella dice.

Echa de menos a su abuelo, al que tanto la quería y que le hacía cosquillas en la espalda cuando veían la tele, y le daba “chuches” a escondidas. Su abuelo murió hace un año, y ya nunca podrá volver a verlo. Solo le quedan unas fotos que le ha dado su padre, para poder recordar su cara.

Ahora, Soraya va a un psicólogo que la ayuda a perdonar a su madre y a su abuela y sus “titos” del pueblo. Pero ella, se empeña en no perdonar a aquellas personas del ayuntamiento que la obligaron a rechazar a su padre, a base de mentirla.

Pedro y Soraya son ahora inseparables. Pedro se ha hecho muy protector con su hermana, ya que la ve muy débil y triste por todo lo que ha pasado.

Soraya tiene problemas en los estudios, y a veces tiene arrebatos irracionales, y muchos días ni habla, o esta triste, pero se va recuperando.

Soraya no sabe cómo perdonar a su madre, pero algún día….

Su padre, para animarla, le canta la canción de Barry White que tanto le gustaba a ella cuando era pequeña, esa que dice:

Tú eres,……Lo primero…….Lo último…..Lo único.

Su padre, para recuperar lo bueno que tiene guardado en su memoria, le prepara las comidas que a ella tanto le gustaban de pequeña, para recuperar los olores de su infancia. También la lleva a esos sitios que tanto le gustaban de pequeña, para recuperar los paisajes y los colores, que perdió cuando se la llevaron la madre y los servicios sociales a otro pueblo alejado.  

Han pasado cinco meses y Soraya está ilusionada por volver al colegio de nuevo, y está mucho mejor, pero sigue teniendo una mirada triste que tardará algún tiempo en cambiar.

Hasta aquí, la pequeña historia de Soraya, pero quiero dejar claro que ésta una historia que se repite cada día, con muchos niños en España. Y otras mucho mas terribles.

El Decreto 9/18 de 3 de agosto, va a propiciar, sin lugar a dudas, que a muchos niños se les rompa su infancia por la mitad, y descubrir, más tarde que pronto, que nuestros legisladores no son han sido capaces de ver, qué efectos perversos van a tener sus leyes, a nuestra infancia.

Y para la lucha contra violencia que sufren las mujeres, no es necesario sacrificar la infancia de nuestro país.

En este caso, el fin no justifica los medios. En ningún caso

En otros países, se resuelven estos temas de otra forma. Por ejemplo, en Bélgica.  

Cuando un Juzgado tiene conocimiento de que hay un episodio de violencia puntual en una pareja, sobre todo porque se están separando, se les impone una orden de alejamiento de 10 días, en los que se evalúa a la familia entera, para comprobar que es un conflicto puntual o es algo más grave.

Si es algo grave, se adoptan medidas civiles de protección, nunca penales, ya que ello no ayuda a pacificar el conflicto. Se programan intervenciones terapéuticas a toda la familia y si el miembro de la familia que usa la violencia, aprende a controlarse, las cosas van a mejor. Lo decimos, porque se hace así cuando la persona violenta es el padre, la madre o el hijo, de forma indistinta.

Si se comprueba que el episodio de violencia ha sido un hecho puntual dentro de un contexto de ruptura de pareja, se toman medidas coercitivas por parte del Juez, conminando a las partes a que no vuelvan a “perder los papeles” y mucho menos delante de los niños, so pena de medidas más duras. Los jueces, se hacen respetar de verdad.

Se toman medidas provisionales y se establecen de inmediato las medidas que mejor protegen a los niños de esta situación, poniendo los intercambios en los colegios o en sitios seguros de intercambio. Se evita que los padres coincidan en el mismo lugar con los niños. Se reparten las responsabilidades parentales, independientemente de quien ostente la custodia. Se les hace un seguimiento durante la puesta en práctica de las medidas provisionales, que no un informe psicosocial puntual que no sirve para nada. Con ese seguimiento, el juez tiene mucha mas información real y cercana de cómo reorganizar la vida de los hijos en el futuro (sentencia) para evitarles que sufran más de lo debido la ruptura de sus padres.

Por eso escribo este artículo, para intentar hacer recapacitar a nuestros legisladores de que hay que cambiar las cosas, pero pensado en los mejor para nuestros niños.

No comprendo, cómo los legisladores se empeñan en ignorar que en los países en los que la custodia compartida es preferente desde las medidas provisionales, los índices de denuncias por violencia de género y doméstica, disminuyen ostensiblemente hasta un 40% en los dos años siguientes a la aprobación de la ley.

Si ésta herramienta, se ha comprobado que es muy eficaz contra la lucha de la violencia,

¿Por qué no hacen nada?

Se ha demostrado en otros países, como Nueva Zelanda o en Reino Unido, en donde se aprobaron leyes como este RDL 9/18, que los índices de violencia en las rupturas de pareja se dispararon a casi el doble, y lo que es mas grave, algunas personas decidieron matar a sus hijos tras estos procesos de los servicios sociales.

No llego a comprender por qué el gobierno se empeña en aprobar leyes que van a poner a más mujeres y niños en el “punto de mira” de la violencia. Mucho más grave, se empeñan en aprobar una ley que va a afectar muy negativamente, a miles de niños y niñas en nuestro país.          

Ya lo estamos viviendo con la LO 1/2004 que arrojan unos resultados nefastos:

Las denuncias desde la aprobación de dicha ley se han incrementado en un 500%.

Las muertes de mujeres se han incrementado en un 250%.

Los infanticidios, en este contexto, se ha incrementado en un 300%.

Y yo me pregunto:

¿Nadie va a hacer nada por remediar esta forma de tratar este problema?

Agosto 2018.-

RDL 9/2018: Un paso atrás del Pacto de Estado contra la violencia de género

Un paso atrás del Pacto de Estado contra la violencia de género

Desde la crisis económica, los sucesivos gobiernos no tuvieron más remedio que recortar los fondos dedicados a políticas sociales y asistenciales.

Tanto desde la Unión Europea como desde el gobierno central, se han tenido que ajustar mucho las cosas a nivel presupuestario en los últimos años. Especialmente, desde la acelerada reforma del art. 135 de nuestra Constitución en 2011.

Esta reforma establece un límite al déficit estructural del Estado y de las CCAA, que no podrá superar el límite fijado desde Bruselas, por parte de la Unión Europea.

Poca gente sabe que este artículo 135, en su párrafo segundo, establece “que las entidades locales (ayuntamientos) deberán tener un equilibrio presupuestario. Y muchos menos saben que el párrafo 135.2 no entra en vigor hasta el año 2020.

O sea, que los ayuntamientos deben cuadrar sus números antes del 2020. Y ya sabemos todos, las deudas millonarias que tienen los ayuntamientos españoles.

Hay que hacer algo para remediar esta situación y de ahí el dictado (como en las dictaduras) del RDL 9/18 de 3 de agosto.

Hay que recordar que la modificación del artículo 135 de la CE, tiene su fundamento en que España no podía soportar la presión de los mercados financieros, ni la valoración internacional de la prima de riesgo de nuestra deuda pública, que hacía que el Gobierno no pudiera acudir a los mercados a fin de “colocar” nuestros bonos a medio y largo plazo, para poder financiar el déficit presupuestario.

Se preguntarán los lectores, a estas alturas, qué tendrá que ver todo esto con el Pacto de Estado. Pero iremos desgranando todo ello poco a poco, para llegar a analizar el RDL 9/18 de 3 de agosto.

Debemos recordar que la LO 1/2004 contra la violencia de género, se aprobó muy deprisa por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Tanto, tanto, que casi todos sus artículos obtuvieron la calificación de “no orgánicos” para poder ser modificados sin problema mediante un Real Decreto Ley. La Disposición final tercera Naturaleza de la presente Ley 1/2004 dice:

La presente Ley tiene el carácter de Ley Orgánica, a excepción de los siguientes preceptos: título I, título II, título III, artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 70, 71, 72, así como las disposiciones adicionales primera, segunda, sexta, séptima, octava, novena, undécima, decimotercera, decimoquinta, decimosexta, decimoséptima, decimoctava, decimonovena y vigésima, la disposición transitoria segunda y las disposiciones finales cuarta, quinta y sexta.

De hecho, se aprobó el día de los Santos Inocentes de 2004, el 28 de diciembre, de forma que pasó muy desapercibida a la población y a los medios.

Todos los partidos apoyaron esta ley, sobre todo, su parte presupuestaria. Esta norma significó una inyección de dinero público a CCAA y ayuntamientos, fueran del partido que fueran, y pudieran financiar sus “unidades administrativas de Igualdad y Servicios Públicos” y sanear un poco sus cuentas públicas.

No debemos olvidar que aquel año, España perdió su posición privilegiada como receptor de los Fondos Estructurales de la Unión Europea ya que, justo aquel año, pasamos a ser contribuyentes en parte de estos Fondos. Nuestra recepción de dinero de Europa disminuyó considerablemente, ya que dicho dinero se desvió a los países recién incorporados a la UE por aquel entonces.

Esto significó que muchos ayuntamientos perdieran su “fuente de financiación” de gran parte de los fondos europeos (FEDER y demás).

De ahí que el gobierno ideara un mecanismo jurídico para justificar el poder pedir más dinero a Europa. Como no podía tirar de los fondos estilo FEDER y similares para financiar a CCAA y ayuntamientos, buscaron fondos europeos en otros lugares, tales como los fondos de los programas IRIS y DAPHNE.

Se venían haciendo una serie de “macroencuestas”, entre éstas del Ministerio de Igualdad recién creado, en las que se llegaba a afirmar que España contaba con más de 640.000 de mujeres maltratadas (1), aunque la ministra llegó a decir públicamente en un congreso organizado para ello, que en España había 2.000.000 de mujeres maltratadas.

Un grupo independiente de profesionales elaboró un contra informe (informe Iceberg) que demostraba las falsedades de estos estudios del Ministerio, y cómo se habían manipulado los datos. Pero este informe fue silenciado por los medios de forma muy interesada.

Con la LO 1/2004 todo el mundo ganaba dinero:

Medios de comunicación vieron incrementar sus ingresos por publicidad institucional en, al menos, un 15%.

Las universidades, los sindicatos, los partidos políticos, las asociaciones y fundaciones afines a ciertos partidos, los colegios profesionales, las agencias gubernamentales, los entes autónomos, las empresas públicas, el poder judicial, las FCSE, la sanidad, los centros educativos, etc…Todos ellos obtuvieron acceso a fondos y dineros públicos extra gracias a la LO 1/2004.

¿Quién se iba a resistir a no obtener estos ingresos basados en la idea de la lucha contra la violencia a las mujeres?

Recuerdo una conversación con un diputado de Cataluña, que me decía que no habían visto que aquella ley (LO 1/2004) tuviera tintes no constitucionales (tal y como lo es la diferencia de pena si quien comete el mismo delito, es hombre o mujer), porque todos los partidos y diputados se fijaron en dos ideas: acabar con la violencia de género y en la inyección de dinero público extra para CCAA y ayuntamientos.

Otra vez, charlando con un senador, le comenté que si no estaban preocupados por las casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad que habían formulado jueces de toda España contra la LO 1/2004. Me contestó que todo estaba “controlado” ya que ellos tenían “mayoría” en el TC, especialmente contaban con su presidenta recién nombrada por aquel entonces.

Efectivamente, la Sentencia del TC 59/2008, de 14 de mayo de 2008, no deja lugar a dudas de que el poder judicial estaba secuestrado, en parte, por los que tenían aquella “mayoría” que me contaba el senador. Al menos esta parte del Poder Judicial.

Han pasado los años, y nos llama mucho la atención que ya en 2005 se distribuían los fondos de prevención de los malos tratos a mujeres siguiendo un criterio muy cuestionable, como era que los ayuntamientos recibían las ayudas en función del número de denuncias presentadas en esas poblaciones (3).

Esto es, que los ayuntamientos se lanzaron a incrementar el número de denuncias, para obtener más ayudas, y ello se demuestra con el incremento que sufrieron el número de denuncias aquellos años y los posteriores.

Podemos comprobar que esto es así, en el siguiente cuadro que lo explica:

 

En el año 2005, para justificar la ley, se fomenta el incremento de denuncias a través del “bombardeo” en los medios de comunicación. Y, una vez se aprueba el “sistema” de reparto de los fondos públicos para afrontar este problema, pasamos desde las 82.750 a las 101.656 del año siguiente. Año tras año, no paran de subir las denuncias de malos tratos, fomentadas desde los ayuntamientos, desde los servicios sociales y, desde la publicidad institucional.

En la época de Rodríguez Zapatero, la publicidad institucional en los medios rezaba: SI TE MALTRATA, DENUNCIA.

En la época de Rajoy Brey, la publicidad institucional en los medios rezaba: SI TE MALTRATA, PIDE AYUDA.

No debemos olvidar que una variable muy importante para obtener fondos públicos, es obtener un mayor número de denuncias.

Lo inquietante de todo esto, es que las condenas por estas denuncias, evolutivamente, nunca superan el 20%. Esto es, que hay en torno a un 80% de denuncias, que nunca llegan a juicio o son absoluciones.

Como este dato es escandaloso, La FGE en su informe Memfis de 2016 elabora un estudio muy curioso alegando que solo el 0,014 de las denuncias son falsas .

Debemos creer que esto es cierto, ya que no saben cómo explicar que en torno al 80% de las denuncias no terminen en condena del hombre denunciado (hombre heterosexual y que reside en España, aunque sea de forma transitoria) (3).

Reconocer que hay muchas denuncias, llamémoslas “instrumentales”, significaría que desde las instituciones públicas se fomentan éstas, sobre todo, desde los ayuntamientos y sus servicios sociales. Además de los enormes esfuerzos infructuosos que llevan haciendo todos estos años, tanto el Observatorio de violencia doméstica y de género (OVDyG) del CGPJ, como la Fiscalía General del Estado en sus respectivos informes y declaraciones públicas.

Esto sería un escándalo tan grave como el caso de la Gürtel o los ERE.  

En todo caso, y estadísticamente, no hay una mujer maltratada en este casi 80% de casos, pero los ayuntamientos sí han cobrado su cuota de fondos públicos por ese 80% de denuncias.

Si analizamos los datos cuando un partido está en poder, vemos que cuando está el partido socialista suben y se mantienen muy altas las cifras de denuncias, quizá para poder “mantener” los servicios sociales de los centros de la mujer, contratados ad hoc por los ayuntamientos.

Cuando llega el Partido Popular, hay una cierta tendencia a la baja y luego suben de forma espectacular.

Pero este sería un análisis muy parcial y sesgado. Veamos otras posibles explicaciones.

Cuando se intenta aprobar una ley más dura en temas de violencia sobre la mujer, el número de denuncias sube especialmente, y las noticias en los medios se incrementan, tanto que una misma noticia es repetida varias veces hasta la saciedad, como el caso de la madre de Granada que todos conocemos.

No debemos olvidar que cada vez que un medio habla de una de estas noticias, pone el anuncio del 016, que les reporta ingresos por publicidad institucional. Esto es, que los medios hacen “caja” con todo este tema.

Por otro lado, nos llama la atención cómo el número de denuncias se incrementan en los periodos de recortes presupuestarios, esto es, cuando el gobierno recorta dinero, las denuncias se disparan, como para demostrar la necesidad de incrementar los fondos para mantener los servicios sociales de los ayuntamientos.

Es fácil de comprender: subimos las estadísticas de casos de gripe, para justificar que hacen falta más recursos públicos sanitarios.

Algún lector pensará que soy un exagerado, pero los hechos están ahí.

No debemos olvidar que todos los partidos están en el poder en algunos pocos o muchos ayuntamientos, por lo que a todos ellos les interesa esta forma de aumentar los recursos públicos para sostener y soportar el gasto de los servicios sociales de los ayuntamientos, que son muy deficitarios.

Pensemos en este momento en la exposición  del art. 135.2 de la CE, mencionado al principio.

No acabo de comprender que, en España, se destine tanto dinero para ayudar a mujeres a poner denuncias de malos tratos por los servicios sociales de las que el 80% no llegan a nada, mientras que se olvidan de que no hace mucho, el partido en el gobierno decía que hay 2.500.000 de pobres en nuestro país (4) y no apruebe ningún Decreto Ley urgente, para paliar este problema.

Y por ello, tampoco entiendo este RDL 9/18 de 3 de agosto.

Muchos hablan de la inconstitucionalidad de cambiar el código civil por decreto ley, otros de que se ha creado una nueva policía política de género, de que se le ha quitado a los jueces la potestad jurisdiccional de declarar a un ciudadano culpable de un delito, etc…. Pero, en la facultad de Derecho, un profesor nos dijo: “sigue el dinero”. Y esto es lo que he hecho en este caso.

Por si no lo sabe el lector, según un estudio de la Unión Europea, de forma estimativa, ya que no hay medio de comprobar las cifras reales, en España se han destinado alrededor de 22.000.000.000 de euros al año para la lucha contra la violencia de género (5). 

Por esto, en este artículo, intento explicar que el RDL 9/18 lo que hace es dotar a los ayuntamientos de muchos fondos públicos para mantener y sostener los deficitarios e incompetentes “servicios sociales” de miles de ayuntamientos de España.

Digo deficitarios, porque no aportan ningún valor añadido a la economía del país. Y digo incompetentes, porque si estos servicios son sociales, ¿cómo es posible que haya tantos pobres en sus ciudades?

Para comprobar que esto es así, algún medio ya ha llegado a aplaudir que los ayuntamientos tengan más dinero gracias a este RDL 9/18 (5).

Para terminar, dejo aquí la Disposición final tercera del RDL 9/18 sobre la Distribución de los fondos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, asignados a los ayuntamientos para programas

dirigidos a la erradicación de la violencia de género.

1. Los fondos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, asignados, vía transferencia finalista y directa, o a través de otras Entidades Locales, a los ayuntamientos para programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género, previstos en la disposición final sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, así como los fondos asignados en posteriores leyes de presupuestos, se distribuirán según los siguientes criterios:

a) Una cantidad fija por municipio.

La cuantía para el año 2018 será de 689 euros.

b) Una cantidad fija, en función del número de habitantes de derecho del municipio. La cifra de habitantes de derecho será la de población del Padrón municipal vigente a 1 de enero de 2017 y oficialmente aprobado por el Gobierno.

La cuantía para el año 2018 será de 0,18 euros por habitante.

c) El importe de la transferencia vendrá dado por la suma de las cuantías anteriormente señaladas.

El remanente que exista después del anterior reparto se distribuirá proporcionalmente entre todos los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género a fecha 1 de julio del año al que corresponda la asignación del fondo.

2. Los fondos deberán destinarse a programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género.

3. Se habilita al Gobierno para que, por real decreto del Consejo de Ministros, modifique las cuantías a distribuir, los criterios y el procedimiento de distribución.

Yo no afirmo nada. Sólo intento explicarme a mí mismo este despropósito de qué significa el RDL 9/18 de 3 de agosto. Espero que, al menos, este artículo les haga reflexionar.

 

1.     http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE0607.pdf)

2.- http://www.boe.es/boe/dias/2005/09/08/pdfs/A30452-30453.pdf

3.- https://medium.com/el-saco-del-coco/solo-el-0-014-de-las-denuncias-por-violencia-machista-son-falsas-b65c4e368c4

4.- Rueda de prensa del Ministro Ábalos en: http://diario16.com/psoe-denuncia-gobierno-ha-llevado-pais-una-doble-fractura-social-territorial-2017/

Los medios de comunicación vieron incrementar sus ingresos por publicidad institucional un 15%.    

5.- http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications?a[0]=619

6.- https://www.eldiario.es/clm/Gobierno-Pedro-Sanchez-ayuntamientos-violencia_0_802819800.html

publicado en confilegal.com