La nueva regulación de las pensiones de viudedad
Desde la reinstauración de la institución del divorcio en España en 1.981 se han producido más de diez millones de conflictos jurisdiccionales en torno a esta institución.
Las formas de estos conflictos han sido encauzadas a través de distintos procedimientos tales como los de separación, divorcio, modificación de medidas, ejecuciones de sentencia, medidas en relación a los hijos comunes en parejas de hecho, adopciones, impugnaciones de paternidad, etc.
Una de las características de la ley del divorcio de 1981, es que se intentó dar una solución a aquellas parejas que de hecho vivían separadas pero que no pudieron legalizar su situación, por la prohibición del divorcio en nuestro país durante la dictadura.
Tenemos que tener en cuenta que la ley del divorcio de 1981, regulaba también una nueva forma de contraer matrimonio en igualdad de derechos y obligaciones de los cónyuges, siguiendo las directrices de
Así la regulación exhaustiva del art.97 del Código Civil tendía a proteger de forma muy clara a aquellas mujeres que durante la dictadura habían realizado su vida como amas de casa, y que tras la separación o el divorcio, podrían quedar en la indigencia.
Así, se establecieron dos tipos de pensiones en la ley de 1981: la de alimentos que se otorgaba exclusivamente a los hijos menores o mayores de edad pero económicamente dependientes, y la pensión compensatoria a favor de la esposa que había dedicado su vida a cuidar de la casa, de la familia y del marido.
Se partía de un concepto y modelo de familia de tipo tradicional, y no se tenían en cuenta otros tipos de familias.
Asimismo, y debido a que las esposas y las mujeres tenían sus derechos civiles limitados frente a los de los hombres (no podían abrir una cuenta corriente sin el consentimiento de su marido, por ejemplo) se estableció una modificación introduciendo la figura de la compensación económica del Derecho Foral de Catalunya para aquellas mujeres que trabajaban en el negocio del marido, y que eran trabajadoras sin sueldo ni seguridad social.
En caso de separación y/o divorcio, a dichas mujeres se les reconocía un derecho de percibir una compensación económica por su contribución a que el negocio del esposo hubiera estado mantenido o hubiera mejorado, gracias al esfuerzo de todos ellos y como trabajadora, de la esposa también.
Siguiendo esta tesis de que las mujeres durante siglos y especialmente durante la dictadura habían estado sometidas al poder del esposo y de los hombres, se consideró necesario que se estableciera que los hijos debían quedar con aquella persona que los había cuidado durante el matrimonio.
Como se partía de la base de una familia tradicional donde el padre y esposo era el sostenedor de la familia (trabajo fuera de casa) y la madre y esposa la encargada del cuidado de la casa y los hijos, se consideró adecuado, a la hora de establecer a quien le correspondía la custodia de los hijos, no perder de vista el concepto de familia del que se partía, esto es, la familia tradicional. Hay que añadir en este punto que el legislador no se atrevió a modificar el art. 159 del Código Civil originario, que decía que los hijos menores de siete años quedaban al cuidado de la madre exclusivamente, en caso de que los padres vivieran por separado.
Lógicamente, el legislador no se planteó la posibilidad de una guarda y custodia compartida o conjunta de los hijos tras el divorcio, ya que se partía de la base que era la madre quien había cuidado en exclusiva a los hijos durante el matrimonio, y así debía ser después del divorcio.
El padre y esposo ausente y mantenedor, debía seguir su rol tradicional y convertirse en un mero visitador de los hijos y un mantenedor pagando pensiones.
Nadie puso en tela de juicio dichos conceptos y así se aprobó la ley sin ningún problema, y se empezó a aplicar de forma sistemática, esto es, se otorgaba a las madres y esposa la custodia de los hijos y el uso de la vivienda familiar y a los padres y esposos se les otorgaba un derecho de visitas con los hijos.
Creemos que en el contexto histórico en que se aprobó la ley del divorcio de 1981, fue correcta y precisa la legislación que se hizo y tal como se hizo, teniendo en cuenta el rechazo de gran parte de la sociedad española a la aprobación de dicha ley, aunque como todo hubiera sido manifiestamente mejorable.
Por ello, en la ley de 1981, se intentó dar la máxima importancia al interés superior de los menores sobre cualquier otro, y en nombre de dicho interés superior de los hijos, se elaboró el resto de la ley, aunque desgraciadamente nunca se legisló o se definió que era lo mejor para los menores.
No es que se aprobasen normas apoyando mas a las madres que a los padres, sino que por el contrario, se buscaba cual era lo mejor para los hijos, partiendo de la base de un concepto de familia tradicional, y se llegaba a la conclusión que el mejor interés de los hijos era quedarse a vivir (guarda y custodia) con la madre en el domicilio que había sido familiar o conyugal, y que el padre, que podía ganar dinero fuera de casa, se fuera de ella, y buscase otro lugar para vivir.
Tan tradicional era la ley de 1981 que se estableció el derecho de las mujeres a obtener el reconocimiento de la litis expensas, que no era otra cosa que lograr que el esposo pagase los gastos de abogado y procurador que la esposa eligiera para su defensa en el juicio de separación y/o divorcio, ya que el procedimiento a la obtención de la justicia gratuita alargaba en demasía el proceso mismo de separación y/o divorcio, en perjuicio de los hijos. Este supuesto derecho a la litis expensas, no deja ser humillante para las mujeres, ya que se partía de la idea, de que éstas eran inferiores y necesitaban una especial protección.
No debemos olvidar que junto a la ley del matrimonio y divorcio del 1981, se aprobaron leyes sobre el régimen económico matrimonial que intentaron equiparar los derechos de las mujeres con respecto a sus maridos, en cuanto a la administración de los bienes del matrimonio, adecuando así la situación de las mujeres a los derechos consagrados en la nueva CE, aunque sin dejar de considerarlas inferiores a sus esposos, ya que en algunos artículos (hoy día aún en vigor) los maridos podían disponer en determinados casos de los bienes de la familia sin autorización de las esposas.
Hasta hace mas bien poco, el Ministerio de Hacienda no exigía la firma de la esposa, para hacer la declaración de
Tan pernicioso era el concepto que esta ley daba a las mujeres que les otorgaba el derecho a percibir una pensión de sus ex maridos sine die, aunque no de forma vitalicia, siempre y cuando se cumplieran dos requisitos:
1.- Que no trabajasen fuera del hogar.
2.- Que no tuvieran nueva pareja.
En ambos casos el ex marido podría exigir la extinción de la pensión compensatoria que recibía la esposa. Esto es, que fuera independiente económicamente o pasara a depender de otro hombre. Era inaudito.
Llegamos por ello, a varias conclusiones sobre la ley del divorcio de 1981, y es que es una ley que tiene un concepto muy tradicional de la familia y de la pareja, y más aún a la hora de legislar sobre las consecuencias de la ruptura de pareja. Otra conclusión es que sigue considerando a la mujer y esposa como inferior y por ello, merece un trato distinto. Se intenta establecer que el mejor interés para los hijos, no sea que estén bien tras la ruptura de la pareja de sus padres, sino que se supone que lo mejor para ellos es que queden bajo la custodia exclusiva de su madre, que es quien los cuidaba antes de la ruptura.
Por último, es tan tradicional esta ley que en sus disposiciones adicionales, nos llama poderosamente la atención que se estableciera una modificación legislativa de
Así en
Esta D. Adicional Décima no previó la posibilidad de las segundas esposas, y fue la jurisprudencia la encargada de ir dando soluciones a este tema.
En todo caso, esta ley de 1981, no ha sufrido ninguna modificación hasta el año 2005, aunque si hubo una modificación importante del Código Civil en 1990, cuando se declaró que era discriminatorio atribuir la custodia de los hijos menores de siete años a la madre en caso de separación. Ello fue posible a la ley 11/1990 de 15 de octubre que modificó así el art. 159 del Código Civil, aunque sirvió de mas bien poco, debido fundamentalmente al concepto tradicional de la familia que seguían teniendo los operadores jurídicos, entre ellos los jueces y los abogados.
Esto es, hasta el año 1990 por imperativo legal, junto a la ley de 1981 del divorcio, en aplicación del artículo 159, se otorgaba la custodia de los menores de siete años a las madres, salvo que estas estuvieran incapacitadas para ello. Aunque parezca increíble, este criterio se sigue aplicando hoy día en muchos juzgados.
Con el paso del tiempo y la adecuación de la realidad social a los valores del siglo XXI (igualdad y libertad), se da una importante incorporación de las mujeres al mundo laboral. Tanto es así que los índices de dependencia económica de las esposas con respecto a sus maridos han disminuido ostensiblemente.
La libertad de las mujeres a la hora de poder vivir su propia sexualidad y el tiempo para ser madres, hacen que se desencadene el fenómeno de la mujer independiente y libre con respecto al marido y padre.
La mayoría de las asociaciones feministas caen tarde, pero caen en la cuenta que en todo este fenómeno existe una trampa, y es que las mujeres se adaptan bien al mundo laboral, pero no dejan de seguir comportándose en el mundo familiar mas que de la manera que conocen y que no es otra que la forma tradicional como madres y esposas, aunque cada vez menos.
Apenas aprenden cómo delegar funciones de cuidado de los hijos, salvo a otras mujeres (cuidadoras o empleadas del hogar) y menos aún las propias asociaciones de mujeres apoyan que éstas no pierdan los privilegios que ofrece la ley de divorcio de 1981 a las mujeres.
Si las mujeres siguen comportándose de forma tradicional en la familia, a la hora del conflicto, podrán sacar todos los beneficios que una ley que favorece a aquellas mujeres que han vivido de forma tradicional y bajo la dependencia del marido.
Así, muchas organizaciones de mujeres se estructuran en torno a la idea de que las mujeres son las únicas válidas para ejercer un cuidado responsable del cuidado de los hijos, condenándolas a perpetuar el modelo de familia tradicional del que trataban de huir, a la hora de plantear un divorcio.
Asociaciones de madres separadas, de mujeres separadas, de abogadas juristas, etc. Defienden durante casi tres décadas la legitimidad de la custodia exclusiva de los hijos a favor de las mujeres y madres, en caso de conflicto judicial, pero a la vez, consideran en publico que el rol tradicional no es mas que un elemento mas del ejercicio del poder masculino sobre las mujeres y exigen leyes que hagan que ello desaparezca, que no deja de ser contradictorio y paradójico.
Todas las ayudas y programas de trabajo con estas organizaciones desde 1981 están encaminadas a fortalecer la idea de que las mujeres son las mejores capacitadas para el cuidado de los hijos que el padre y esposo. Véanse los programas de ayudas económicas a mujeres separadas o a madres solas (antes denominadas madres solteras).
No debemos olvidar que desde 1981, el Código Civil obligaba a los jueces a establecer en sus sentencias cuatro puntos fundamentales:
1.- Conceder la custodia de los hijos menores de siete años a las madres y
2.- No separar a los hermanos
3.- dar la casa a la mujer e hijos
4.- Establecer una pensión para los hijos y para la madre a cargo del padre y esposo.
Ante ello, no es extraño, que con la ley de 1981, se hayan estado concediendo en el 98% de los casos de separaciones, medidas y divorcio de la custodia exclusiva y excluyente a las madres.
Decimos exclusiva, por cuanto en un artículo anterior yo mismo hacia referencia al significado en nuestro país sobre qué era la custodia en realidad, y cuales sus consecuencias jurídicas y practicas en la vida de los hijos. En dicho artículo llegaba a la conclusión que prácticamente la custodia exclusiva es igual al ejercicio de la patria potestad en exclusiva, ya que quien ostenta la custodia de los hijos, puede cambiar de colegio a los mismos, o incluso de lugar de residencia sin consentimiento del Juez, y menos aún del otro progenitor. El progenitor no custodio no tiene ni voz ni voto en la vida de sus propios hijos.
Y decimos custodia excluyente, porque no es de extrañar que surjan en todo el territorio español organizaciones de padres separados que entiendan que son discriminados por el hecho de ser hombres, a la hora de ser enjuiciadas sus rupturas matrimoniales o de parejas con hijos, ya que pierden de un plumazo la paternidad, con todo sus ventajas e inconvenientes, pero sobre todo el poder ejercer la paternidad responsable que venían ejerciendo durante el matrimonio.
Ante la petición de estas organizaciones, y la necesidad de intentar ser coherentes por parte del gobierno de Rodríguez Zapatero, en el año 2005 se acomete la primera reforma de
Se dan grandes avances pero sólo en teoría, a saber:
1.- Desaparecen las causas de divorcio.
2.- Ya no es el Juez quien decide en algunos casos sino el fiscal cuando hay menores.
3.- Aparece mencionada (tan sólo) la custodia compartida.
4.- Necesidad de informes de expertos en temas de familia.
5.- Posibilidad de poner plazos a las pensiones de alimentos y compensatorias.
Este no es el tema de este artículo, pero queremos dejar sentado que todo lo recogido en la nueva ley del divorcio de 2005 no es más pura falacia, ya que se siguen aplicando los criterios jurisprudenciales de los años 80 cada día en nuestros Juzgados de Familia.
El problema radica en lo siguiente y este es el motivo de este artículo:
Desde la ley de 1981, ha sido muchos los hombres divorciados que han vuelto a contraer matrimonio, y la seguridad social, cuando este fallecía, no tuvo mas remedio que reconocer como viuda a la segunda esposa del fallecido, y a las primeras para no dejarlas en la pobreza, pues se les reconocía una pensión de viudedad teniendo en cuenta los años de convivencia.
En los últimos años esta interpretación se hacia, repartiendo la pensión de viudedad entre las dos esposas, la que fue esposa y la que era esposa al momento del fallecimiento, repartiendo la pensión proporcionalmente al tiempo de duración de cada matrimonio, lo cual era bastante discutible, en mi opinión.
Como quiera que los divorcios son cada vez entre parejas mas jóvenes, desde finales de los años noventa, se comenzaron a establecer pensiones compensatorias de carácter temporal, máxime cuando el T. Supremo estableció el carácter indefinido de una pensión compensatoria, y que éste no podía confundirse con el carácter vitalicio de la misma, lo cual no era ajustado a derecho.
Ante todos estos problemas y la mas que previsible crisis del sistema universal de pensiones de nuestro país, debido a la inversión de la pirámide de edad de la población, nos encontramos ahora, con que
Esta modificación se ha realizado ante la previsión de que el numero de pensionistas viudas/os separadas/os aumentase de forma muy llamativa, ya que el numero de mujeres que dejan viudos separados o divorciados es ya del casi el 35% con respecto a las mujeres viudas separadas o divorciadas.
Esto es, que debido a que también los hombres separados y/o divorciados pueden pedir la pensión de viudedad, dada la alta incorporación de las mujeres al mundo laboral, y a que el sistema no va a poder soportar dicho gasto, pues de un plumazo, se inventan que es necesario cobrar previamente y al mismo tiempo del fallecimiento una pensión compensatoria del ex cónyuge.
Como quiera que las mujeres trabajaban fuera de casa y obtenían ingresos propios, en los últimos quince años, la tendencia era renunciar a la pensión compensatoria y ponerla a favor de los hijos, sobre todo porque la pensión compensatoria había que declararla como ingreso en el IRPF, y la de los hijos no, y si se cobraba la pensión compensatoria, las mujeres veían como subían sus impuestos. .
Muchas mujeres y sus abogados, así como jueces decidieron poner mas pensión de alimentos (que no ataban a la mujer a su casa y a ser célibe) y no poner pensión compensatoria alguna.
Cuando los hijos crecieran, ellas podrían cobrar una pensión no contributiva o su propia pensión, y además si el ex marido se moría, podrían cobrar la pensión de viudedad.
Ya con la reforma esto no es posible, y nos encontramos ante una encrucijada, y es la de mujeres que no cobran pensiones compensatorias y que tampoco perciben ya pensiones de alimentos para sus hijos, porque estos se han ido de casa o son económicamente independientes, y que se encuentran con que su ex marido se ha muerto, se encuentran que ya no pueden cobrar una pensión de viudedad.
Aunque este cambio legislativo ha pasado muy desapercibido, no deja de establecer un nuevo reto para los juristas de familia, que deberemos de buscar soluciones para evitar que nos encontremos ante nuevos pobres como consecuencia de los divorcios Express de los de la ley de 2005.
Jose Luis Sariego Morillo
Abogado de familia y Mediador
Sevilla verano de 2008.
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