PROPUESTA DE MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL Y DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL Y OTRAS A PROPOSITO DE LA IMPLANTACION DE LA CUSTODIA COMPARTIDA EN ESPAÑA. 2010-2011. JOSE LUIS SARIEGO MORILLO.
TÍTULO II. Del nacimiento y la extinción
de la personalidad civil
CAPÍTULO I. De las personas naturales
Artículo 29.—El nacimiento determina la
personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que
le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el
artículo siguiente.
Artículo 30.—Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el
feto que tuviere figura humana y se certifique por médico habilitado que ha
nacido vivo fuera del seno materno.
Artículo 31.— La prioridad del nacimiento, en el caso de partos
dobles, no da al primer nacido los derechos que la ley reconozca al primogénito,
por cuanto todos los hijos son iguales ante la ley.
Artículo 32.—La personalidad civil se
extingue por la muerte de las personas
CAPITULO V. De los derechos y deberes de
los cónyuges o parejas no casadas.
Artículo 66.—
Los cónyuges o miembros de la pareja no casada, son iguales en derechos y deberes.
Artículo 67.
— 1.- Los cónyuges o parejas no
casadas deben respetarse y ayudarse mutuamente y
actuar en interés de la familia.
2.- Los
cónyuges o parejas no casadas podrán acordar en cualquier momento, mediante
documento público los acuerdos prenupciales o post-nupciales a los efectos de
regular sus relaciones en caso de nulidad, separación o divorcio futuro,
pudiendo regular las medidas que estimen oportunas conforme a lo establecido en
el artículo 90 de este código y, todas aquellas no recogidas en este código y
que no vayan contra la ley, todo ello conforme a lo establecido 1.255 de este
código.
Artículo 68.—
Los cónyuges o parejas no casadas están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y
socorrerse mutuamente. Deberán, además, compartir las responsabilidades
domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras
personas dependientes a su cargo.
Artículo
69.—Se presume, salvo prueba en contrario, que los cónyuges o parejas no casadas viven juntos.
Artículo
70.—Los cónyuges o parejas no casadas fijarán de común acuerdo el domicilio familiar y, en
caso de discrepancia, resolverá el Juez, teniendo en cuenta el interés de la
familia. En caso de separación y/o divorcio estará
expresamente prohibida la modificación unilateral del domicilio de los hijos
hasta tanto no recaiga sentencia definitiva y firme en el procedimiento
adecuado.
Artículo 71.—
Ninguno de los cónyuges o parejas no
casadas puede atribuirse la representación del
otro sin que le hubiere sido conferida.
CAPÍTULO VI.
De la nulidad del matrimonio
Artículo
73.—Es nulo, cualquiera que sea la forma de su celebración:
1.º El
matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial.
2.º El
matrimonio celebrado entre las personas a que se refieren los artículos 46 y
47, salvo los casos de dispensa conforme al artículo 48.
3.º El que se
contraiga sin la intervención del Juez, Alcalde o funcionario ante quien deba
celebrarse, o sin la de los testigos.
4.º El
celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en
aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes
de la prestación del consentimiento.
5.º El
contraído por coacción o miedo grave.
Artículo
74.—La acción para pedir la nulidad del matrimonio corresponde a los cónyuges,
al Ministerio Fiscal y a cualquier persona que tenga interés directo y legítimo
en ella, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes.
Artículo
75.—Si la causa de la nulidad fuere la falta de edad, mientras el contrayente
sea menor sólo podrá ejercitar la acción cualquiera de sus padres, tutores o
guardadores y, en todo caso, el Ministerio Fiscal.
Al llegar a
la mayoría de edad sólo podrá ejercitar la acción el contrayente menor, salvo
que los cónyuges hubieren vivido juntos durante un año después de alcanzada
aquélla.
Artículo
76.—En los casos de error, coacción o miedo grave solamente podrá ejercitar la
acción de nulidad el cónyuge que hubiera sufrido el vicio.
Caduca la
acción y se convalida el matrimonio si los cónyuges hubieran vivido juntos
durante un año después de desvanecido el error o de haber cesado la fuerza o la
causa del miedo.
Artículo
78.—El Juez no acordará la nulidad de un matrimonio por defecto de forma, si al
menos uno de los cónyuges lo contrajo de buena fe, salvo lo dispuesto en el
número 3 del artículo 73.
Artículo
79.—La declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya
producidos respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe.
La buena fe se presume.
Artículo
80.—Las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad de
matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no
consumado tendrán eficacia en el orden civil, a solicitud de cualquiera de las
partes, si se declaran ajustados al Derecho del Estado en resolución dictada
por el Juez civil competente conforme a las condiciones a las que se refiere el
artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
CAPÍTULO VII.
De la separación
Artículo
81.—Se decretará judicialmente la separación del matrimonio
o de las parejas no casadas, cualquiera
que sea la forma de celebración del matrimonio, o el
establecimiento de la pareja de hecho:
1.º A petición de ambos cónyuges o miembros de la pareja,
o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde
la celebración del matrimonio, haya hijos o no, o en cualquier momento de
la pareja de hecho, cuando se acredite la existencia de un hijo o personas
dependientes. A la demanda se acompañará una propuesta de convenio de
separación y plan de cuidado de las personas dependientes de la pareja conforme
al artículo 90 de este Código.
2.º A petición de uno solo de los cónyuges, una vez
transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio, o a petición de
una de las partes de la pareja, en cualquier momento, siempre que se acredite
la existencia de personas dependientes de la misma. A la demanda se acompañará
propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de
la separación, en una propuesta de convenio de separación y plan de cuidado de
las personas dependientes del matrimonio o de la pareja, conforme al artículo
90 de éste Código.
CAPÍTULO
VIII. De la disolución del matrimonio
Artículo 85.—
El matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su
celebración, por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los
cónyuges y por el divorcio.
Artículo 86.—Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que
sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los
cónyuges, de ambos mediante convenio de divorcio y plan de cuidado de las
personas dependientes de la familia, conforme a lo establecido en el artículo
90 de este código, o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran
los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81.
Artículo 88.—
La acción de divorcio se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges y
por su reconciliación, que deberá ser expresa cuando se produzca después de
interpuesta la demanda.
La
reconciliación posterior al divorcio no produce efectos legales, sólo los que se adquieran a los efectos de constituir
una pareja de hecho, si bien los
divorciados podrán contraer entre sí nuevo matrimonio.
Artículo 89.—
La disolución del matrimonio por divorcio sólo podrá tener lugar por sentencia
que así lo declare y producirá efectos a partir de su firmeza. En todo caso no perjudicará los derechos de terceros de buena fe.
CAPÍTULO IX.
De los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio
Artículo 90.
1.-El acuerdo de nulidad, separación de parejas casadas o
no casadas y/o divorcio del matrimonio mas el acuerdo de cuidado de personas
dependientes de la pareja a que se
refieren los artículos 81 y 86 de este Código deberá contener, al menos, los
siguientes extremos:
A) El reparto equitativo e igualitario de tiempos de
estancia, convivencia y responsabilidades parentales de los menores sujetos a
la patria potestad de ambos, y de los mayores de edad dependientes, así como de
los ascendientes dependientes de los cónyuges y/o progenitores. En todo
caso serán compartidas dichas funciones.
B) Si se
considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus
abuelos y demás parientes y allegados, teniendo en cuenta, siempre, el interés de aquéllos.
C) La forma
de liquidación de los bienes comunes. En todo caso, deberá acompañarse
inventario completo de bienes y propuesta de liquidación y adjudicación de los
mismos. La efectiva liquidación y adjudicaciones de los bienes deberá
practicarse como máximo dentro del plazo de dos años desde la firma del acuerdo
al que se refiere este artículo. Ambas partes tendrán derecho de adquisición
preferente en todo caso, frente a terceros, en caso de llegarse a subasta
pública en fase de ejecución.
D) El reparto
igualitario o proporcional en su caso, de la contribución de ambos a los
alimentos de los hijos comunes o no y ascendientes dependientes, así como sus
bases de actualización y garantías, en su caso.
E) La pensión
compensatoria o indemnización que pudiera corresponder a uno de los cónyuges o
miembro de la pareja por su dedicación a la familia acreditada, y que tendrá
carácter temporal, salvo casos y circunstancias excepcionales. En todo caso se
tendrán en cuenta las circunstancias en el artículo 97 de este código.
F) Propuesta
del reparto del sostenimiento de las dos viviendas donde convivirán las personas
dependientes de la pareja de forma alterna y compartida, en tanto en cuanto no
se proceda a la liquidación efectiva de los bienes comunes, si
procediera.
G) Propuesta de
la forma de resolución de las futuras desavenencias, primando en todo caso la asistencia
a centros de mediación públicos o privados acreditados. Se podrá acudir
directamente a una ejecución de sentencia en último caso.
Los acuerdos de
los cónyuges o miembros de la pareja, adoptados para regular las consecuencias
de la nulidad, separación o divorcio serán aprobados por el juez, salvo si son
dañosos para los hijos o objetivamente perjudiciales para uno de los cónyuges.
Si las partes proponen un régimen de convivencia y comunicación de los nietos
con los abuelos y/o allegados, el juez podrá aprobarlo previa audiencia de los
abuelos y/o allegados en la que éstos presten su consentimiento. La denegación de los acuerdos habrá de hacerse
mediante resolución motivada y en este caso los cónyuges deben someter a la
consideración del juez, nueva propuesta para su aprobación, si procede.
La aprobación
judicial del acuerdo de nulidad,
separación de parejas casadas o no casadas y/o divorcio del matrimonio más el
acuerdo de cuidado de personas dependientes de la pareja, podrá hacerse efectiva por la vía de apremio.
2.- Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo,
deberán contener todos y cada uno de los puntos del párrafo primero,
estableciendo en todo caso la obligación de compartir las funciones y
responsabilidades conjuntas de forma equilibrada e igualitaria con respecto a
las personas dependientes de los cónyuges y/o pareja, por ambas partes, así
como los demás requisitos establecidos más arriba. En la sentencia se fijará,
en todo caso, el plazo de tasación, venta y adjudicación de los bienes comunes
y, en última instancia la fecha para la subasta de los mismos. El uso de los
bienes privativos usados por la familia serán adjudicados a sus propietarios.
3.- Sólo en caso de que exista una circunstancia que se
haya modificado y que no haga posible el ejercicio de los derechos de las
personas dependientes o de ambos cónyuges y/o pareja establecidos en el acuerdo
de divorcio y plan de cuidado aprobado judicialmente o en su caso en la
sentencia y/o auto, deberán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio,
adaptando las anteriores medidas a las nuevas circunstancias.
En todo caso,
si un progenitor se viera obligado a cambiar de residencia de forma que
afectase a los tiempos de convivencia de los hijos con el mismo o el otro
progenitor, podrá ver ampliado su tiempo de estancia en el periodo de
vacaciones, para poder compensar la pérdida de sus tiempos de convivencia.
En todo caso,
el lugar de residencia de los hijos a todos los efectos será el de la última
residencia común de los miembros de la pareja, y en ningún momento podrá
modificarse de tal forma que entrañe la pérdida de los derechos que puedan
adquirir o hayan sido adquiridos por los hijos en sentencia y/o convenio y plan
de cuidado, salvo acuerdo en contrario.
El Juez deberá establecer
las garantías reales o personales que requiera el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior así como en
el convenio y plan de cuidado y de las demás
medidas que se adopten mediante resolución judicial.
Artículo 91.-
En las sentencias de nulidad, separación de parejas
casadas o no casadas, o divorcio, e incluso en ejecución de las mismas, el
Juez, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del
mismo, determinará, conforme a lo establecido en los artículos siguientes, las
medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación
con los hijos, las viviendas familiares, el reparto de las cargas de la
familia, liquidación del régimen económico y las cautelas o garantías
respectivas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos conceptos
no se hubiera adoptado ninguna. Estas medidas podrán ser modificadas cuando se
alteren sustancialmente las circunstancias, especialmente, cuando una de las
partes pretenda no cumplir con alguna de las medidas del convenio y plan de
cuidado referido en el artículo 90 y, aprobado judicialmente.
Artículo 92.
1. La separación de parejas casadas o no casadas, la
nulidad y el divorcio no eximen a los progenitores de sus obligaciones para con
los hijos y demás personas dependientes, conforme a lo establecido en el
artículo 68 de este Código.
2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre el
reparto equitativo e igualitario del cuidado, educación, salud y tiempos de
convivencia de los hijos menores o no, velará por el cumplimiento de su derecho
a ser oídos.
3. En la
sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso
se revele causa para ello.
4. Los progenitores podrán acordar en el convenio y
plan de cuidado referido en el artículo 90, o el Juez podrá decidir, en
beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o
parcialmente por unos de los progenitores.
5. En caso de desacuerdo, el Juez acordará en todo caso,
conforme a lo establecido en el artículo 90, el ejercicio compartido e
igualitario del cuidado y convivencia de los hijos cuando así lo soliciten los
padres en la propuesta de convenio y plan de cuidado o cuando ambos lleguen a
este acuerdo, en el transcurso del procedimiento. El Juez, tras fundamentar su
resolución, adoptará las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del
régimen de cuidado y convivencia establecido, procurando que el reparto de la
convivencia de los hermanos, coincida en todo caso.
6. En todo
caso, en ausencia de acuerdo de los progenitores, el Juez antes de acordar el ejercicio compartido e igualitario del cuidado y
convivencia de los hijos, valorará
las alegaciones de las partes durante todo el procedimiento y con la prueba
practicada, independientemente de la relación que los progenitores mantengan
entre sí, motivará de forma suficiente en la resolución, la decisión sobre el ejercicio compartido e igualitario del cuidado y
convivencia de los hijos y el resto de medidas establecidas en el artículo 90.
7. El progenitor que con objeto de dilatar las relaciones
paterno y/o materno filiales alegasen de forma fraudulenta hechos inciertos o
no acreditados, podrá ser suspendido en sus funciones como progenitor,
independientemente de las multas coercitivas que el Juzgado considere oportunas.
8. En todo caso, el progenitor que requiera la custodia
exclusiva de los hijos para sí, deberá acreditar de forma fehaciente la no
idoneidad del otro progenitor para ostentar la custodia compartida de los
hijos.
9. Únicamente, los equipos técnicos psicosociales
adscritos a los Juzgados podrán intervenir, a requerimiento de una de las
partes, el Ministerio Fiscal o del Juez, en caso de que se acredite por uno de
los progenitores que existe una situación de riesgo para los menores en
cualquier fase del procedimiento, y en los casos de incumplimientos de
convenios y planes de cuidado o resoluciones judiciales anteriores.
Artículo 93.—
El Juez, en todo caso, determinará la contribución de
cada progenitor para satisfacer los alimentos de los hijos conforme a lo
establecido en el artículo 90 y adoptará las medidas convenientes para asegurar
la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias
económicas y necesidades de las personas dependientes de la pareja y/o
matrimonio, en cada momento. En ningún caso el importe de las sumas de las
pensiones de alimentos y demás cargas familiares podrá superar el 30% de los
ingresos netos de cada progenitor. En todo caso, el Juez establecerá un
porcentaje superior al indicado, con el fin de garantizar la misma o
similar calidad de vida de las personas dependientes de la pareja y/o
matrimonio en un hogar y en otro.
En el caso de
que existieran hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos
propios, el Juez, en la misma resolución y conforme al artículo 90, fijará los
alimentos que cada progenitor deberá abonar, bien de forma igualitaria, bien de
forma proporcional para el sustento de los mismo conforme a los artículos 142 y
siguientes de este Código.
Artículo 94.—El progenitor que no obtenga, por cualquier motivo
bien por convenio, bien por sentencia judicial, el cuidado y atención
igualitario de los hijos conforme a lo establecido en el artículo 90, tendrá el
derecho de estar, comunicar y convivir con ellos y tenerlos en su
compañía. El Juez determinará el tiempo, modo y lugar, especialmente en puntos
de encuentro, del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si
se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o
reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial.
Igualmente
podrá determinar, previa audiencia de los padres y de los abuelos, parientes
y/o allegados que deberán prestar su consentimiento, el derecho de comunicación
y visita de los hijos con los abuelos y demás parientes y allegados, conforme
al artículo 160 de este Código, teniendo siempre presente el interés del menor.
Artículo 95.—La sentencia firme producirá, respecto de los bienes
del matrimonio, la disolución del régimen económico matrimonial y modo y lugar
de la liquidación del mismo conforme a lo establecido en el artículo 90.
Si la
sentencia de nulidad declara la mala fe de uno solo de los cónyuges, el que
hubiere obrado de buena fe podrá optar por aplicar en la liquidación del
régimen económico matrimonial las disposiciones relativas al régimen de
participación y el de mala fe no tendrá derecho a participar en las ganancias
obtenidas por su consorte.
Artículo 96.—
1.- En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la
que fue vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario, podrá ser
atribuido a una de las dos partes de forma temporal en el caso de que se
diera la circunstancia de que la misma fuera el más necesitada de protección.
En ningún caso podrá atribuirse de forma indefinida la atribución del uso de la
vivienda familiar a una de las partes, incluso en el caso excepcional de que no
se aplicara el artículo 90 en relación al cuidado y atención igualitaria y
equitativa entre los progenitores.
2.- En el caso de que se atribuyera el uso de la vivienda
familiar a favor de uno solo de los progenitores, el Juez, de forma motivada
establecerá la compensación que el progenitor que pierde dicho uso podrá
percibir.
Esta
compensación deberá ser tenida en cuenta a la hora de calcular la contribución
de ambos progenitores a los alimentos de los hijos comunes o no y ascendientes
dependientes.
Cuando
algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en la del
otro, la contribución de ambos progenitores a los
alimentos de los hijos comunes o no y ascendientes dependiente se establecerá
conforme a lo establecido en el apartado D) del artículo 90.
No habiendo
hijos, se seguirá el criterio establecido en el párrafo segundo del artículo
90.
Para disponer
de la vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponda al cónyuge no titular se
requerirá el consentimiento del titular, en todo caso.
Artículo 97.—
El cónyuge o miembro de la pareja al que la separación o el divorcio produzca un
desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un
empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio o la convivencia,
tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o
por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el
convenio o en la sentencia.
A falta de
acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe y
temporalidad teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
1.ª Los
acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges o parejas no
casadas conforme a lo establecido en el artículo 67,2 del Código.
2.ª La edad y
el estado de salud.
3.ª La
cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.
4.ª La
dedicación pasada y futura a la familia.
5.ª La
colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o
profesionales del otro cónyuge o miembro de la
pareja.
6.ª La
duración del matrimonio y de la convivencia conyugal o no conyugal.
7.ª La
pérdida eventual de un derecho de pensión de viudedad.
8.ª El caudal
y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge o miembro de la pareja. Para el cálculo del caudal se
tendrán en cuenta para cada miembro de la pareja o del matrimonio las cargas
que soportaran para vivienda propia, sustento propio y de los hijos a cargo,
sean de la misma o de otra relación anterior, y en el apartado de ingresos se
tendrán en cuenta los ingresos netos de ambos, y la posibilidad de acceder por
ambos o por uno de ellos a una ayuda pública.
9.ª Cualquier
otra circunstancia relevante.
En la resolución
judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para
su efectividad. El Juez tendrá que tener en cuenta, en todo caso, el derecho
del cónyuge o miembro de la pareja con el derecho a percibir esta pensión
compensatoria, la posibilidad de poder acceder el acreedor a cualquier tipo de
ayuda pública y pensión no contributiva o de cualquier índole. En este caso se
descontará el 50% del importe total de la pensión establecida en la sentencia,
en fase de ejecución.
Artículo 98.—
El cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido declarado nulo tendrá derecho
a una indemnización si ha existido convivencia conyugal, atendidas las
circunstancias previstas en el artículo 97.
Artículo
99.—En cualquier momento podrá convenirse la sustitución de la pensión fijada
judicialmente conforme al artículo 97 por la constitución de una renta
vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en
bienes o en dinero, dentro del
convenio al que se refiere el artículo 90.
Artículo
100.—Fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de
separación o de divorcio, sólo podrá ser modificada por alteraciones
sustanciales en la fortuna,
circunstancias personales, laborales y familiares de uno u otro cónyuges.
Artículo
101.—El derecho a la pensión compensatoria por pagos mensuales se extingue por
el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o
por vivir maritalmente con otra persona. En caso de
pensión compensatoria en un único pago, podrá reclamarse la parte proporcional
cobrada de más a partir de la fecha del cambio de circunstancia.
El derecho a la
pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. El acreedor
podrá hacer valer su derecho a la prestación de una pensión de viudedad conforme
a lo establecido en la legislación correspondiente de la Seguridad Social (art.
174 de la LGSS).
CAPÍTULO X.
De las medidas provisionales por demanda de nulidad, separación y divorcio
Artículo
102.—Admitida la demanda de nulidad, separación de parejas
casadas o no casadas con hijos o divorcio,
se producen, por ministerio de la Ley, los efectos siguientes:
1.º Los cónyuges o parejas no casadas podrán vivir
separados y cesa la presunción de convivencia conyugal o de la pareja de hecho.
2.º Quedan revocados
los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges o miembros de la
pareja, hubiera otorgado al otro.
A estos
efectos, cualquiera de las partes podrá instar la oportuna anotación en el
Registro Civil y, en su caso, en los de la Propiedad y Mercantil.
Artículo
103.— Admitida la demanda, el Juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges y/o
parejas no casadas aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de éstos, las medidas provisionales siguientes:
1.ª Establecer, conforme a lo establecido en el artículo
90 las medidas recogidas en el mismo con carácter temporal y, en su caso de
urgente adopción, con audiencia de ambos progenitores y/o miembros de la
pareja, e incluso en inaudita parte.
En todo caso,
los hijos quedaran sujetos a la patria potestad de ambos progenitores y el Juez
acordará las medidas apropiadas de acuerdo con lo establecido en este Código y,
de forma excepcional, la forma en que el progenitor que no ejerza el cuidado y
atención igualitario de los hijos, pueda cumplir con el deber de velar por
éstos y el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos y tenerlos en
su compañía.
Excepcionalmente,
los hijos podrán ser encomendados a los abuelos, parientes u otras personas que
así lo consintieren y, de no haberlos, a una institución idónea,
confiriéndoseles las funciones tutelares que ejercerán bajo la autoridad del
juez.
Cuando exista
riesgo de sustracción del menor por alguno de los progenitores o por terceras
personas podrán adoptarse las medidas necesarias y, en particular, las
siguientes:
a)
Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial
previa.
b)
Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se
hubiere expedido. Asimismo, el requerimiento de prohibición de
expedición de un nuevo pasaporte bajo los apercibimientos legales oportunos.
c) Prohibición de cualquier cambio de domicilio de los
hijos, hasta tanto no recaiga sentencia firme y definitiva, tal como establece
el artículo 70 de este Código.
d) Caso que un progenitor
hubiera decidido unilateralmente trasladar el domicilio de los hijos a otra
localidad, el Juez ordenará mediante procedimiento preferencial y sumario, e
incluso inaudita parte, restituir a los mismos al domicilio que hubiera sido
familiar en el plazo máximo de 72 horas. En este caso procederá acudir a la vía
establecida en el artículo 158 de este Código.
2.ª Determinar,
el uso alterno de la vivienda familiar por semanas a favor de uno y otro
progenitor y en todo caso el uso continuo a favor de los menores. En ningún
caso se permitirá a una de las partes el uso exclusivo de la vivienda familiar
salvo excepciones. Tampoco se permitirá a ninguna de las partes sacar bienes
comunes del domicilio salvo las estrictamente personales.
3.ª Fijar la
contribución que conforme al artículo 90, deberá aportar cada progenitor al
sostenimiento de los hijos y cargas de la familia. Podrá establecerse una
pensión compensatoria con carácter temporal hasta la sentencia teniendo en
cuenta las circunstancias establecidas en el artículo 97. Asimismo se
establecerán con carácter provisional las bases para la actualización de
cantidades, estableciendo que dichas cantidades serán abonadas conforme
evolucionen los ingresos netos del progenitor obligado al pago y disponer las garantías,
depósitos, retenciones u otras medidas cautelares convenientes, a fin de
asegurar la efectividad de lo que por estos conceptos un progenitor o miembro
de la pareja, haya de abonar al otro.
En el caso de
que una de las partes únicamente trabaje en el desarrollo de las tareas
domesticas y cuidado de los hijos, y no obtenga rentas o ingresos que no
superen en su conjunto el 75% del SMI, no se establecerá importe como
contribución al sostenimiento de los hijos aunque si la establecida en el
artículo 97 a su favor.
4.ª Señalar provisionalmente, previo inventario y conforme
a lo establecido en el artículo 90 de este Código, los bienes gananciales o
comunes que, se hayan de entregar a uno u otro cónyuge o miembro de la pareja,
y las reglas que deban observar en la administración y disposición, así como en
la obligatoria rendición de cuentas y debido cuidado sobre los bienes comunes,
privativos o parte de ellos que reciban y los que adquieran en lo sucesivo.
5.ª
Determinar, en su caso, el régimen de administración y disposición de aquellos
bienes privativos que por capitulaciones o escritura pública estuvieran
especialmente afectados a las cargas del matrimonio.
Artículo
104.— El cónyuge o miembro de la pareja que se proponga demandar la nulidad, separación o
divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos y medidas a que se
refieren los dos artículos anteriores, con carácter provisionalísimo.
Estos efectos y
medidas sólo subsistirán si, dentro de los treinta días siguientes a contar
desde que fueron inicialmente adoptados, se presenta la demanda ante el Juez o
Tribunal competente, siendo prorrogadas por un tiempo de 6 meses desde la
presentación de la demanda.
Artículo
105.—No incumple el deber de convivencia el
cónyuge o miembro de la pareja que sale del domicilio familiar por una causa
razonable y en el plazo de treinta días presenta la demanda o solicitud a que
se refieren los artículos anteriores, ante el juzgado del último domicilio
familiar. En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 70 con respecto
a los hijos del matrimonio y/o pareja de hecho.
Artículo
106.—Los efectos y medidas previstos en este capítulo terminan, en todo caso,
cuando sean sustituidos por los de la sentencia estimatoria o se ponga fin al
procedimiento de otro modo.
La revocación
de consentimientos y poderes se entiende definitiva.
CAPÍTULO XI.
Ley aplicable a la nulidad, la separación y el divorcio
Artículo
107.—La nulidad del matrimonio y sus efectos se determinarán de conformidad con
la ley aplicable a su celebración.
2. La
separación matrimonial o no y el divorcio se regirán por la ley nacional común de
los cónyuges o parejas no casadas en el momento de la presentación de la demanda; a
falta de nacionalidad común, por la ley de la última residencia familiar en
común del matrimonio o pareja en dicho momento.
En todo caso,
se aplicará la ley española cuando uno de los cónyuges sea español o resida
habitualmente en España:
a) Si no
resultara aplicable ninguna de las leyes anteriormente mencionadas.
b) Si en la
demanda presentada ante tribunal español la separación o el divorcio se pide
por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro.
c) Si las
leyes indicadas en el párrafo primero de este apartado no reconocieran la
separación o el divorcio o lo hicieran de forma discriminatoria o contraria al
orden público.
d) Si cualquiera de los cónyuges o parejas no casadas se
ha sometido expresamente a la jurisdicción española, incluso en el caso de la
intervención de un Juzgado en el ámbito penal.
TÍTULO V. De
la paternidad y filiación
CAPÍTULO I.
De la filiación y sus efectos.
Artículo
108.—La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La filiación
por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial. Es matrimonial cuando ambos progenitores están casados entre sí.
La filiación
matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos
efectos, conforme a las disposiciones de este Código.
Artículo
109.—La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley.
Si la
filiación está determinada por ambas líneas, ambos
progenitores de común acuerdo podrán decidir el orden
de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción
registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en la ley.
El orden de apellidos
inscrito para el mayor de los hijos regirá en las inscripciones de nacimiento
posteriores de sus hermanos del mismo vínculo.
El hijo, al
alcanzar la mayor edad, podrá solicitar que se altere el orden de los
apellidos.
Artículo
110.— Ambos progenitores, aunque no ostenten la
patria potestad, están obligados a cuidar de forma igualitaria y equitativa
los hijos menores y a prestarles alimentos. En el caso de separación y/o
divorcio los progenitores, se estará a lo dispuesto en el artículo 90.
Artículo
111.— Quedará excluido de la patria potestad y demás funciones tuitivas y no
ostentará derechos por ministerio de la Ley respecto del hijo o de sus
descendientes, o en sus herencias, el progenitor:
1.º Cuando haya sido condenado a causa de delitos cometidos
dentro del ámbito familiar, bien contra el otro progenitor o ascendiente
descendiente a su cargo, según sentencia penal firme, atendiendo en última
instancia a la gravedad de los hechos, que será valorada de forma ponderada por
el Juez.
2.º Cuando la
filiación haya sido judicialmente determinada contra su oposición, salvo que la oposición se haya retirado antes de
recaer resolución firme.
En ambos
supuestos el hijo no ostentará el apellido del progenitor en cuestión más que
si lo solicita él mismo o su representante legal.
Dejarán de
producir efecto estas restricciones por determinación del representante legal
del hijo aprobada judicialmente, o por voluntad del propio hijo una vez
alcanzada la plena capacidad.
Quedarán
siempre a salvo las obligaciones de velar por los hijos y prestarles alimentos,
y cuidar de los mismos en el momento en que
desaparezcan las causas que la motivaron.
CAPÍTULO II.
De la determinación y prueba de la filiación
SECCIÓN 1.ª
Disposiciones generales
Artículo
112.—La filiación produce sus efectos desde que tiene lugar. Su determinación
legal tiene efectos retroactivos siempre que la retroactividad sea compatible
con la naturaleza de aquéllos y la Ley no dispusiere lo contrario.
En todo caso,
conservarán su validez los actos otorgados, en nombre del hijo menor o incapaz,
por su representante legal, antes de que la filiación hubiere sido determinada.
Artículo
113.—La filiación se acredita por la inscripción en el Registro Civil, por el
documento o sentencia que la determina legalmente, por la presunción de
paternidad matrimonial y, a falta de los medios anteriores, por la posesión de
estado. Para la admisión de pruebas distintas a la inscripción se estará a lo
dispuesto en la Ley de Registro Civil.
No será
eficaz la determinación de una filiación en tanto resulte acreditada otra
contradictoria, salvo el derecho del hijo a conocer a su
progenitor biológico.
CAPÍTULO III.
De las acciones de filiación
SECCIÓN 1.ª
Disposiciones generales
SECCIÓN 2.ª
De la reclamación
Artículo 131.—Cualquier
persona con interés legítimo conforme a la
LEC, tiene acción para que se declare la
filiación manifestada por la constante posesión de estado.
Se exceptúa
el supuesto en que la filiación que se reclame contradiga otra legalmente
determinada, salvo el derecho del menor a conocer y tener
contacto con su progenitor biológico.
Artículo
132.—A falta de la correspondiente posesión de estado, la acción de reclamación
de la filiación matrimonial, que es imprescriptible, corresponde al padre, a la
madre o al hijo.
Si el hijo
falleciere antes de transcurrir cuatro años desde que alcanzase plena
capacidad, o durante el año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que
se haya de fundar la demanda, su acción corresponde a sus herederos por el
tiempo que faltare para completar dichos plazos.
SECCIÓN 3.ª
De la impugnación
Artículo
136.—El marido o progenitor varón, podrá ejercitar
la acción de impugnación de la paternidad en el plazo de un año contado desde
la inscripción de la filiación en el Registro Civil. Sin embargo, el plazo no
correrá mientras el progenitor varón ignore el nacimiento, o ignore la
circunstancia de su no paternidad biológica.
Si el marido o
progenitor varón, falleciere antes de transcurrir el plazo señalado en el
párrafo anterior, la acción corresponde a cada heredero por el tiempo que
faltare para completar dicho plazo.
Fallecido el
marido sin conocer el nacimiento, el año se contará desde que lo conozca el
heredero.
Artículo
137.—La paternidad podrá ser impugnada por el hijo durante el año siguiente a
la inscripción de la filiación. Si fuere menor o incapaz, el plazo contará
desde que alcance la mayoría de edad o la plena capacidad legal, o conozca las circunstancias de su verdadera
filiación.
El ejercicio
de la acción, en interés del hijo que sea menor o incapacitado, corresponde,
asimismo, durante el año siguiente a la inscripción de la filiación, a la madre
o persona que ostente la
patria potestad o al Ministerio Fiscal.
Si falta en
las relaciones familiares la posesión de estado de filiación matrimonial, la
demanda podrá ser interpuesta en cualquier tiempo por el hijo o sus herederos.
TÍTULO VI. De
los alimentos entre parientes
Artículo
142.—Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento,
habitación, vestido y asistencia médica.
Los alimentos
comprenden también los gastos de
la educación e instrucción del alimentista
mientras sea menor de edad y aun después, cuando no haya terminado su formación
por causa que no le sea imputable.
Entre los
alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén
cubiertos de otro modo.
Artículo
143.—Están obligados recíprocamente a darse alimentos, en toda la extensión que
señala el artículo precedente:
1.º Los
cónyuges y los parejas no casadas si así lo hubieran
establecido.
2.º Los
ascendientes y descendientes.
Los hermanos
sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, cuando los necesiten por
cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y se extenderán en su caso
a los que precisen para su educación.
Artículo
144.—La reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos o más los obligados
a prestarlos, se hará por el orden siguiente:
1.º Al
cónyuge o miembro de la pareja, si así lo hubieran
establecido.
2.º A los
descendientes de grado más próximo.
3.º A los
ascendientes, también de grado más próximo.
4.º A los
hermanos, pero estando obligados en último lugar los que sólo sean uterinos o
consanguíneos.
Entre los
descendientes y ascendientes se regulará la gradación por el orden en que sean
llamados a la sucesión legítima de la persona que tenga derecho a los
alimentos.
Artículo
145.—Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se
repartirá entre ellas el pago de la pensión en cantidad proporcional a su
caudal respectivo. Esta obligación
se establecerá de dicha forma en caso de separación de la pareja o divorcio con
respecto a los hijos comunes, conforme ello a lo establecido en el artículo 90.
Sin embargo,
en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, podrá el Juez
obligar a una sola de ellas a que los preste provisionalmente, sin perjuicio de
su derecho a reclamar de los demás obligados la parte que les corresponda.
Cuando dos o
más alimentistas reclamaren a la vez alimentos de una misma persona obligada
legalmente a darlos, y ésta no tuviere fortuna bastante para atender a todos,
se guardará el orden establecido en el artículo anterior, a no ser que los
alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge y un hijo sujeto a la patria
potestad, en cuyo caso éste será preferido a aquél.
Artículo
146.—La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien
los da y a las necesidades de quien los recibe. En caso de
separación de la pareja y/o divorcio se estará a lo dispuesto en el artículo 90
de este Código, teniendo siempre en cuenta las necesidades propias de quien
está obligado a su pago.
Artículo
147.—Los alimentos, en los casos a que se refiere el artículo anterior, se
reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran
las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos.
Artículo
148.—La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare,
para subsistir, la persona que tenga derecho a percibirlos; pero no se abonarán
sino desde la fecha en que se interponga la demanda, incluso en los procedimientos de la separación de la
pareja y/o divorcio.
En todo caso se
fijará el pago por meses anticipados, y, cuando
fallezca el alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que
éste hubiese recibido anticipadamente.
El Juez, a
petición del alimentista o del Ministerio Fiscal, ordenará con urgencia las
medidas cautelares oportunas para asegurar los anticipos que haga una Entidad
pública u otra persona y proveer a las futuras necesidades.
Artículo
149.—El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, satisfacerlos, o
pagando la pensión que se fije, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al
que tiene derecho a ellos.
Esta elección
no será posible en cuanto contradiga la situación de convivencia determinada
para el alimentista por las normas aplicables o por resolución judicial.
También podrá ser rechazada cuando concurra justa causa o perjudique el interés
del alimentista menor de edad.
En todo caso
podrá hacerse uso de esta elección en el caso de que un progenitor solicite las
medidas con respecto a los hijos recogidas en el artículo 90 de este Código.
Artículo
150.—La obligación de suministrar alimentos cesa con la muerte del obligado,
aunque los prestase en cumplimiento de una sentencia firme.
Artículo
151.— No es renunciable ni transmisible a un
tercero el derecho a los alimentos, salvo pacto de los progenitores en
contrario, mediante convenio y plan de cuidado elaborado conforme a lo
establecido en el artículo 90 de este Código. Con la salvedad anterior, tampoco
pueden compensarse con lo que el alimentista deba al que ha de prestarlos.
Pero podrán
compensarse y renunciarse las pensiones alimenticias atrasadas. En todo caso,
sea por causa sobrevenida de estado de necesidad de uno de los progenitores o
por acuerdo entre los progenitores, podrá capitalizarse los alimentos en
cálculo de hasta los 18 años de edad de los hijos comunes y, pagarse en especie
los alimentos de los hijos si uno de los progenitores no puede afrontar su
pago. Este pago podrá consistir en una dación en pago en propiedades
mobiliarias o inmobiliarias.
Artículo
152.—Cesará también la obligación de dar alimentos:
1.º Por
muerte del alimentista.
2.º Cuando la
fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder
satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia y
existencia de nuevos hijos y, acredite ante el Juez percibir ingresos netos
inferiores al SMI.
3.º Cuando el
alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o haya adquirido un
destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión
alimenticia para su subsistencia.
4.º Cuando el
alimentista, sea o no heredero forzoso, hubiese cometido alguna falta de las
que dan lugar a la desheredación.
5.º Cuando el
alimentista sea descendiente del obligado a dar alimentos, y la necesidad de
aquél provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo, mientras
subsista esta causa.
En todo caso,
podrá reducirse la cuantía de los alimentos, para los casos establecidos en el
párrafo segundo de este artículo hasta garantizar la percepción del obligado a
dar alimentos, de al menos el SMI para el sostenimiento de su nueva familia.
Asimismo, el Juez deberá establecer que la cuantía de alimentos a pagar,
garantizarán la misma calidad de vida para los hijos alimentistas y para los
hijos convivientes con el obligado al pago.
Artículo
153.—Las disposiciones que preceden son aplicables a los demás casos en que por
este Código, por testamento o por pacto se tenga derecho a alimentos, salvo lo
pactado, lo ordenado por el testador o lo dispuesto por la ley para el caso
especial de que se trate.
TÍTULO VII.
De las relaciones paterno–filiales
CAPÍTULO I.
Disposiciones generales
Artículo 154.—
Los hijos no emancipados están bajo la potestad de los padres.
La patria
potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su
personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica.
Esta potestad
comprende los siguientes deberes y facultades:
1.º Velar por
ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una
formación integral.
2.º
Representarlos y administrar sus bienes.
Si los hijos
tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar
decisiones que les afecten.
Estas
obligaciones seguirán vigentes de forma compartida por ambos progenitores, en
los casos de separación de la pareja o divorcio del matrimonio.
Los padres
podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad.
Artículo
155.—Los hijos deben:
1.º Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su
potestad, y respetarles siempre. En los casos en que los progenitores vivan
separados, los hijos deberán cumplir con los derechos y obligaciones
relacionales establecidas en convenio y sentencia posterior, en todo caso. Si
algún progenitor obligase o interfiriese de forma antisocial el cumplimiento de
estos derechos y deberes, podrá ser suspendido en sus funciones como
progenitor.
2.º
Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las
cargas de la familia mientras convivan con ella.
Artículo
156.—La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por
uno solo con el consentimiento expreso del otro. Serán válidos los actos que
realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en
situaciones de urgente necesidad.
Será necesario
en todo caso el consentimiento de ambos progenitores para los siguientes actos
jurídicos con respecto a los hijos:
1º cambio de
residencia habitual del menor
2º cambio de centro
escolar del menor
3º cambio de
los servicios médicos del menor
En todo caso,
las autoridades y/o personal educativo, de salud y administrativo adscrito a
cualquier tipo de administración pública o privada relacionada con el menor,
estará obligada por ley a facilitar cualquier tipo de información referente a
dicho menor a ambos progenitores y demás parientes y allegados autorizados por
los progenitores, o bien por resolución judicial, así como a exigir el
consentimiento de ambos progenitores para cualquier modificación o decisión
relativa a los menores.
En caso de
desacuerdo, cualquiera de los dos podrá acudir al Juez, quien, después de oír a
ambos y al hijo si tuviera suficiente juicio y en todo caso si fuera mayor de
doce años, atribuirá sin ulterior recurso la facultad de decidir a uno u otro progenitor. Si los
desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca
gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirla total o
parcialmente a uno de los
progenitores o distribuir entre ellos sus funciones.
Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que se fije, que no podrá nunca
exceder de dos años.
En los
supuestos de los párrafos anteriores, respecto de terceros de buena fe, se
presumirá que cada uno de los progenitores actúa en el ejercicio ordinario de
la patria potestad con el consentimiento del otro. A todos los efectos se considerará progenitor más
idóneo para el ejercicio total o parcial de la patria potestad, a aquel que
haya facilitado en mayor medida la estabilidad social, familiar y emocional del
menor.
En defecto o
por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los progenitores, la patria potestad será ejercida exclusivamente por
el otro.
Si los padres
viven separados, la patria potestad ordinaria de carácter
cotidiano, se ejercerá por aquel con quien el hijo
conviva en cada momento. En todo caso,
las funciones inherentes a la patria potestad serán compartidas conforme
a lo establecido en el artículo 90 de este Código, salvo casos
excepcionales y resolución motivada.
Artículo
157.— El menor no emancipado ejercerá la patria potestad sobre sus hijos con la
asistencia de sus progenitores, y a falta de ambos, de su tutor; en casos de
desacuerdo o imposibilidad, con la del Juez.
Artículo
158.—El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o
del Ministerio Fiscal, dictará:
1.º Las
medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las
futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus progenitores.
2.º Las
disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en
los casos de cambio del titular de la potestad de guarda, o cuando se pretenda alejar a los hijos de unos de
sus progenitores, sin fundamento.
3.º Las medidas
necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los
progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes:
a)
Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial
previa.
b)
Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se
hubiere expedido.
c)
Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio
del menor.
d) Orden expresa de restituir al menor al domicilio
familiar en el plazo máximo de 72 horas.
4.º En general, las demás disposiciones que considere
oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios,
entre ellos el intento de alejamiento físico y emocional de un menor por parte
de un progenitor hacia el otro.
Todas estas
medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un
procedimiento de jurisdicción voluntaria, que deberá resolverse en el plazo
máximo de 7 días hábiles, sea con comparecencia de ambos progenitores o
inaudita parte.
Artículo
159.—Si los padres viven separados y no
decidieren de común acuerdo, el Juez decidirá, siempre en beneficio de los
hijos, el reparto igualitario y equitativo de los tiempos de convivencia y
cuidado cotidiano entre ambos progenitores, dado que se establece ello como un
derecho que protege el interés superior del menor. El Juez oirá, antes de tomar esta medida, a los hijos
que tuvieran suficiente juicio y, en todo caso, a los que fueran mayores de
doce años.
Si se detectara
por el Juez, por denuncia de algún familiar, allegado, progenitor o miembros de
los equipos técnicos, algún tipo de manipulación psíquica o alienación para que
se rechace por el menor a uno o ambos progenitores, el Juez podrá decretar por
la vía de urgencia una de las siguientes medidas.
1º Comunicar a
las autoridades de protección de menores la posibilidad de declarar en
desamparo al menor, caso de que por ambos progenitores se utilice al menor en
el conflicto.
2º Otorgar en
exclusiva el tiempo de convivencia y cuidado del menor a favor del progenitor
rechazado por el menor, estableciendo visitas supervisadas al progenitor
manipulador y alienante, así como establecer las medidas terapéuticas
necesarias para reintegrar al menor en la esfera familiar del progenitor
alineado. Asimismo, tanto el menor alienado como el progenitor alejado, tendrán
derecho a percibir una indemnización por daños y perjuicios a cargo del
progenitor o persona alienadora a razón de 75 euros por día que se haya
impedido el contacto entre ambos.
3º.- Si el rechazo
se produjere por abandono emocional o físico de uno de los progenitores, el
menor y sus representante legal tendrán derecho a percibir una indemnización
por daños y perjuicios a cargo del progenitor o persona que abandona sus
responsabilidades a razón de 75 euros por día que se haya producido dicho
abandono, salvo casos e fuerza mayor.
Artículo
160.—Los progenitores, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen el derecho
de relacionarse con sus hijos menores, excepto con los adoptados por otro o conforme
a lo dispuesto en resolución judicial.
No podrán
impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y
otros parientes y allegados.
En caso de
oposición, el Juez, a petición del menor, abuelos, parientes o allegados,
resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las
medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre abuelos y
nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan
o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores.
Artículo
161.—Tratándose del menor acogido, el derecho que a sus padres, abuelos y demás
parientes corresponde para visitarle y relacionarse con él, podrá ser regulado
o suspendido por el Juez, atendidas las circunstancias y el interés del menor.
Artículo
270.—El tutor único y, en su caso, el de los bienes es el administrador legal
del patrimonio de los tutelados y está obligado a ejercer dicha administración
con la diligencia de un buen padre o
madre de familia.
Artículo
497.—El usufructuario deberá cuidar las cosas dadas en usufructo como un buen padre o madre de familia.
Artículo
1094.—El obligado a dar alguna cosa lo está también a conservarla con la
diligencia propia de un buen padre o madre
de familia.
Artículo
1104.—La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella
diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.
Cuando la
obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se
exigirá la que correspondería a un buen padre o madre
de familia.
Artículo
1555.—El arrendatario está obligado:
1.º A pagar
el precio del arrendamiento en los términos convenidos.
2.º A usar de
la cosa arrendada como un diligente padre o madre de familia, destinándola al
uso pactado; y, en defecto de pacto, al que se infiera de la naturaleza de la
cosa arrendada según la costumbre de la tierra.
Artículo
1719.—En la ejecución del mandato ha de arreglarse el mandatario a las
instrucciones del mandante.
A falta de
ellas, hará todo lo que, según la naturaleza del negocio, haría un buen padre o madre de familia.
Artículo
1788.—El depositario de bienes secuestrados está obligado a cumplir respecto de
ellos todas las obligaciones de un buen padre o
madre de familia
Artículo
1801.—El que pierde en un juego o apuesta de los no prohibidos queda obligado
civilmente.
La Autoridad
judicial puede, sin embargo, no estimar la demanda cuando la cantidad que se
cruzó en el juego o en la apuesta sea excesiva, o reducir la obligación en lo
que excediere de los usos de un buen padre o
madre de familia.
Artículo
1867.—El acreedor debe cuidar de la cosa dada en prenda con la diligencia de un
buen padre o madre de familia; tiene derecho al abono de los gastos hechos para su
conservación, y responde de su pérdida o deterioro conforme a las disposiciones
de este Código.
Artículo 1889.—El
gestor oficioso debe desempeñar su encargo con la diligencia de un buen padre o madre de familia, e
indemnizar los perjuicios que por su culpa o negligencia se irroguen al dueño
de los bienes o negocios que gestione.
Artículo
1903.—La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por
los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se
debe responder.
Los progenitores y/o tutores son
responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda.
Los tutores
lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están
bajo su autoridad y habitan en su compañía.
Lo son
igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de
los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que
los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones.
Las personas
o entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no superior
responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad
durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o
vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o
extraescolares y complementarias.
La
responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él
mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre o madre de familia para prevenir el daño.
MODIFICACION
LEC
Artículo 608.
Ejecución por condena a prestación alimenticia.—Lo dispuesto en el artículo
anterior no será de aplicación cuando se proceda por ejecución de sentencia que
condene al pago de alimentos, en todos los casos en que la obligación de
satisfacerlos nazca directamente de la Ley, incluyendo los pronunciamientos de
las sentencias dictadas en procesos de nulidad, separación o divorcio sobre
alimentos debidos al cónyuge o a los hijos. En estos casos, así como en los de
las medidas cautelares correspondientes, el tribunal fijará la cantidad que
puede ser embargada, garantizando en
todo caso que el ejecutado podrá disponer para su supervivencia al menos del
SMI fijado en cada momento, oficialmente.
Artículo 769.
Competencia.—1. Salvo que expresamente se disponga otra cosa, será tribunal
competente para conocer de los procedimientos a que se refiere este capítulo el
Juzgado de Primera Instancia del lugar del último domicilio familiar. En el caso de residir los cónyuges en distintos
partidos judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante o de
los cónyuges que soliciten la separación o el divorcio de mutuo acuerdo, el del
último domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado.
Los que no
tuvieren domicilio ni residencia fijos podrán ser demandados en el lugar en que
se hallen o en el de su última residencia, a elección del demandante, quien deberá acreditar cual es la última residencia
del demandado, y si tampoco pudiere determinarse así la
competencia, corresponderá ésta al tribunal del domicilio del actor.
2. En el procedimiento de separación o divorcio de mutuo
acuerdo a que se refiere el artículo 777, será competente el Juez del último
domicilio común de los progenitores y descencientes a su cargo.
3. En los procesos que versen exclusivamente sobre el
reparto de los tiempos de cuidado y estancia de los hijos menores con ambos
progenitores o sobre la fijación de la contribución económica de ambos
progenitores como alimentos de los hijos y personas dependientes, será
competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del último domicilio común
de los progenitores. En el caso de residir los progenitores en distintos
partidos judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante,
último domicilio común de los progenitores o el del domicilio del demandado.
4. El
tribunal examinará de oficio su competencia.
Son nulos los
acuerdos de las partes que se opongan a lo dispuesto en este artículo.
Artículo 770.
Procedimiento.—Las demandas de separación y divorcio, salvo las previstas en el
artículo 777, las de nulidad del matrimonio y las demás que se formulen al
amparo del título IV del libro I del Código Civil, se sustanciarán por los
trámites del juicio verbal, conforme a lo establecido en el capítulo I de este
título, y con sujeción, además, a las siguientes reglas:
1.ª A la demanda deberá acompañarse la certificación de la
inscripción del matrimonio y, en su caso, las de inscripción de nacimiento de
los hijos en el Registro Civil, así como los documentos en que el cónyuge funde
su derecho, y una propuesta de las medidas que solicita conforme a las
establecidas en el artículo 90 del Código Civil. Si se solicitaran medidas de
carácter patrimonial, la parte demandante deberá aportar todos los documentos
de que disponga que permitan evaluar la situación económica de la familia en su
conjunto, tales como declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones
bancarias, títulos de propiedad o certificaciones registrales, y acuerdos
prenupciales o de convivencia.
2.ª La
reconvención se propondrá con la contestación a la demanda. La parte actora de la reconvención dispondrá de 10 días para contestarla.
Sólo se
admitirá la reconvención:
a) Cuando se
funde en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad del matrimonio.
b) Cuando el
cónyuge de separación o de nulidad pretenda el divorcio.
c) Cuando el
cónyuge demandado de nulidad pretenda la separación.
d)
Cuando una parte de una pareja no casada demande a la otra la separación,
y en su caso, medidas con respecto a los menores.
e) Cuando el
cónyuge o miembro de pareja no casada demandado pretenda la adopción de medidas
definitivas, que no hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el
tribunal no deba pronunciarse de oficio.
3.ª A la
vista deberán concurrir las partes por sí mismas, con apercibimiento de que su
incomparecencia sin causa justificada podrá determinar que se consideren
admitidos los hechos alegados por la parte que comparezca para fundamentar sus
peticiones sobre medidas definitivas de carácter patrimonial. También será
obligatoria la presencia de los abogados respectivos.
4.ª Las
pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista se practicarán dentro
del plazo que el Tribunal señale, que no podrá exceder de treinta días.
Durante este
plazo, el Tribunal podrá acordar de oficio las pruebas que estime necesarias
para comprobar la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por
el Código Civil para decretar la nulidad, separación o divorcio, así como las
que se refieran a hechos de los que dependan los pronunciamientos sobre medidas
que afecten a los hijos menores o incapacitados, de acuerdo con la legislación
civil aplicable. Si el procedimiento fuere contencioso y se estime necesario de
oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o
del propio menor, se oirá a los hijos menores o incapacitados si tuviesen
suficiente juicio y, en todo caso, a los mayores de doce años.
En las
exploraciones de menores en los procedimientos civiles se garantizará por el
Juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de
sus intereses, sin interferencias de otras personas y, recabando
excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello sea necesario.
5.ª En cualquier momento del proceso, concurriendo los
requisitos señalados en el artículo 777, las partes podrán solicitar que
continúe el procedimiento por los trámites que se establecen en dicho artículo,
elaborando y proponiendo al Juez la aprobación de un acuerdo de nulidad,
separación de parejas casadas o no casadas y/o divorcio del matrimonio mas el
acuerdo de cuidado de personas dependientes de la pareja
6.ª En los
procesos que versen exclusivamente sobre el reparto
de los tiempos de convivencia de los hijos con ambos progenitores o sobre la
contribución igualitaria o proporcional a los alimentos de los hijos menores
por parte de cada progenitor, para la adopción de las medidas cautelares que
sean adecuadas a dichos procesos se seguirán los trámites establecidos en esta
Ley para la adopción de medidas previas, simultáneas o definitivas en los
procesos de nulidad, separación o divorcio.
7.ª Las
partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del proceso de
conformidad con lo previsto en el artículo 19.4 de esta Ley, para someterse a
un proceso de mediación a través de los servicios que libremente hayan elegido
ambas partes.
Artículo 771.
Medidas provisionales previas a la demanda de nulidad, separación o divorcio.
Solicitud, comparecencia y resolución.—1. El cónyuge que se proponga demandar
la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio o la modificación de medidas anteriormente adoptadas puede solicitar los efectos y medidas a que se
refieren los artículos 102 y 103 del Código Civil ante el tribunal del último domicilio familiar conjunto.
Para formular
esta solicitud no será precisa la intervención de procurador y abogado, pero sí
será necesaria dicha intervención para todo escrito y actuación posterior.
2. A la vista
de la solicitud conforme a lo establecido en el artículo
770,1 de esta Ley, el Secretario judicial
citará a los cónyuges o parejas no casadas y, si hubiere hijos menores o incapacitados, al
Ministerio Fiscal, a una comparecencia en la que se intentará un acuerdo de las
partes, que señalará el Secretario judicial y que se celebrará en los diez días
siguientes. A dicha comparecencia deberá acudir el cónyuge demandado asistido
por su abogado y representado por su procurador.
De esta
resolución dará cuenta en el mismo día al Tribunal para que pueda acordar de
inmediato, si la urgencia del caso lo aconsejare, los efectos a que se refiere
el artículo 102 y 103 del Código Civil y lo que
considere procedente en relación con el reparto de los tiempos de cuidado
de los hijos y contribución de cada uno a los alimentos de estos de forma
igualitaria y/o proporcional a los ingresos de cada progenitor. En todo caso el
auto que resuelva deberá precisar todos y cada uno de los puntos reflejados en
el art. 90 del Código Civil.
En caso de
desacuerdo sobre el derecho temporal de uso de la vivienda y ajuar familiares,
el Juez establecerá el reparto del uso establecido en el artículo 103 del
Código Civil. Contra esta resolución no se dará recurso alguno.
3. En el acto
de la comparecencia a que se refiere el apartado anterior, si no hubiere
acuerdo de los cónyuges sobre las medidas a adoptar o si dicho acuerdo, oído,
en su caso, el Ministerio Fiscal, no fuera aprobado en todo o en parte por el
Tribunal, se oirán las alegaciones de los concurrentes y se practicará la
prueba que éstos propongan y que no sea inútil o impertinente, así como la que
el Tribunal acuerde de oficio. Si alguna prueba no pudiera practicarse en la
comparecencia, el Secretario judicial señalará fecha para su práctica, en
unidad de acto, dentro de los diez días siguientes.
La falta de
asistencia, sin causa justificada, de alguno de los cónyuges o parejas no
casadas a la comparecencia podrá determinar que se consideren admitidos los
hechos alegados por el cónyuge o miembro de la pareja presente para fundamentar
sus peticiones sobre medidas provisionales de carácter patrimonial.
4. Finalizada
la comparecencia o, en su caso, terminado el acto que se hubiere señalado para
la práctica de la prueba que no hubiera podido producirse en aquélla, el tribunal
resolverá, en el plazo de tres días, mediante auto, contra el que no se dará
recurso alguno. Caso que el auto resolutorio no adoptara
alguna o algunas medidas de las de obligado cumplimiento del art. 90 del Código
Civil, deberá motivar de forma suficiente la resolución, fundamentalmente la
referentes a la desposesión a los menores de su derecho a ser cuidados de forma
igualitaria por ambos progenitores, la exención de uno de los progenitores al
pago de alimentos, o la fijación no temporal del uso de la vivienda familiar.
5. Los
efectos y medidas acordados de conformidad con lo dispuesto en este artículo
sólo subsistirán si, dentro de los treinta días siguientes a su adopción se
presenta la demanda de nulidad, separación o divorcio.
Artículo 772.
Confirmación o modificación de las medidas provisionales previas a la demanda,
al admitirse ésta.—1. Cuando se hubieren adoptado medidas con anterioridad a la
demanda, admitida ésta, el Secretario judicial unirá las actuaciones sobre
adopción de dichas medidas a los autos del proceso de nulidad, separación o
divorcio, solicitándose, a tal efecto, el correspondiente testimonio, si las
actuaciones sobre las medidas se hubieran producido en Tribunal distinto del
que conozca de la demanda.
2. Sólo
cuando el Tribunal considere que procede completar o modificar las medidas
previamente acordadas ordenará que se convoque a las partes a una
comparecencia, que señalará el Secretario judicial y se sustanciará con arreglo
a lo dispuesto en el artículo anterior.
Contra el
auto que se dicte no se dará recurso alguno.
Artículo 773.
Medidas provisionales derivadas de la admisión de la demanda de nulidad,
separación o divorcio.— 1. El cónyuge que solicite la nulidad de su matrimonio,
la separación o el divorcio podrá pedir en la demanda lo que considere oportuno
sobre las medidas provisionales a adoptar, siempre que no se hubieren adoptado
con anterioridad. También podrán ambos
cónyuges o parejas no casadas a someter a la
aprobación del tribunal el acuerdo a que hubieren llegado sobre tales
cuestiones conforme a lo establecido en el artículo 90 del Código Civil. Dicho
acuerdo no será vinculante para las pretensiones respectivas de las partes ni
para la decisión que pueda adoptar el tribunal en lo que respecta a las medidas
definitivas, aunque se tendrán en consideración conforme a la doctrina de los
actos propios.
2. Admitida
la demanda, el tribunal resolverá sobre las peticiones a que se refiere el
apartado anterior y, en su defecto, acordará lo que proceda, dando
cumplimiento, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 103 del Código Civil.
3. Antes de
dictar el Tribunal la resolución a que se refiere el apartado anterior, el
Secretario judicial convocará a los cónyuges o parejas no casadas y, en su
caso, al Ministerio Fiscal, a una comparecencia, que se sustanciará conforme a
lo previsto en el artículo 771.
Contra el
auto que se dicte no se dará recurso alguno.
4. También
podrá solicitar medidas provisionales el cónyuge o miembro de la pareja
demandado, cuando no se hubieran adoptado con anterioridad o no hubieran sido
solicitadas por el actor, con arreglo a lo dispuesto en los apartados
precedentes. La solicitud deberá hacerse en la contestación a la demanda y se
sustanciará en la vista principal, cuando ésta se señale dentro de los diez
días siguientes a la contestación, resolviendo el tribunal por medio de auto no
recurrible cuando la sentencia no pudiera dictarse inmediatamente después de la
vista.
Si la vista
no pudiera señalarse en el plazo indicado, el Secretario judicial convocará la
comparecencia a que se refiere el apartado 3 de este artículo.
5. Las
medidas provisionales quedarán sin efecto cuando sean sustituidas por las que
establezca definitivamente la sentencia o cuando se ponga fin al procedimiento
de otro modo.
Podrán ser
sustituidas algunas de las medidas si por causa de urgencia o de estado de
necesidad de una de la partes no se pudiera dar cumplimiento a las adoptadas
anteriormente, mediante auto debidamente motivado.
Artículo 774.
Medidas definitivas.—1. En la vista del juicio, si no lo hubieren hecho antes,
conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores, los cónyuges o parejas no casadas podrán someter al tribunal los acuerdos a que hubieren
llegado para regular las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio conforme a lo establecido en el artículo 90 del Código
Civil y proponer la prueba que consideren
conveniente para justificar su procedencia.
2. A falta de
acuerdo, se practicará la prueba útil y pertinente que los cónyuges o miembros de la pareja, o el
Ministerio Fiscal propongan y la que el tribunal acuerde de oficio sobre los
hechos que sean relevantes para la decisión sobre las medidas a adoptar.
3. El
tribunal resolverá en la sentencia sobre las medidas solicitadas de común
acuerdo por los cónyuges o miembros de
la pareja, tanto si ya hubieran sido adoptadas, en
concepto de provisionales, como si se hubieran propuesto con posterioridad.
4. En defecto
de acuerdo de los cónyuges o miembros de
la pareja, o en caso de no aprobación del mismo, el
tribunal determinará, en la propia sentencia, las medidas que hayan de
sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la
vivienda familiar, las cargas del matrimonio, disolución del régimen económico
y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si para
alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna, todo ello siguiendo las directrices establecidas en
el artículo 90 del Código Civil.
5. Los
recursos que, conforme a la ley, se interpongan contra la sentencia no
suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieren acordado en ésta. Si la
impugnación afectara únicamente a los pronunciamientos sobre medidas, se
declarará por el Secretario judicial la firmeza del pronunciamiento sobre la
nulidad, separación o divorcio.
Artículo 775.
Modificación de las medidas definitivas.—1. El Ministerio Fiscal, habiendo
hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges o parejas no casadas podrán
solicitar del tribunal la modificación de las medidas convenidas por los
cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado
sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o
acordarlas, conforme a las directrices establecidas en
el Código Civil.
2. Estas
peticiones se tramitarán conforme a lo dispuesto en el artículo 770. No
obstante, si la petición se hiciera por ambos cónyuges o parejas no casadas de común
acuerdo o por uno con el consentimiento del otro y acompañando propuesta de
convenio regulador, regirá el procedimiento establecido en el artículo 777.
3. Las partes
podrán solicitar, en la demanda o en la contestación, la modificación
provisional de las medidas definitivas concedidas en un pleito anterior. Esta
petición se sustanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 773.
4.- En el caso
de parejas ya separadas y/o divorciadas en el que los hijos hayan sido
trasladados a otra localidad, haciendo imposible los regímenes de estancia,
comunicación y visitas establecidos conforme a la legislación anterior, el
progenitor no custodio podrá solicitar en el plazo de 2 años a partir de la
entrada en vigor de la legislación del código civil como de esta ley de
enjuiciamiento civil, la modificación de las medidas en el sentido de poder
solicitar los siguientes puntos:
A) el cambio de
lugar de residencia del hijo o hijos al domicilio del progenitor no custodio,
con el objeto de compensar la falta de convivencia de los años transcurridos en
la distancia. A dicha modificación, en caso de ser aceptada por el juzgado
deberá acompañarse las medidas de tipo económico correspondiente en relación a
la contribución a los alimentos de los menores.
b) el cambio
del régimen de estancia y comunicación con el hijo o hijos alejados del
progenitor no custodio, en el sentido de ampliar las estancias en los periodos
vacacionales escolares a fin de compensar los tiempos ordinarios de
convivencia, no llevados a cabo por imposibilidad.
c) La
atribución en exclusiva del uso de la vivienda familiar en caso de abandono por
traslado de domicilio del progenitor custodio.
d) si como
consecuencia de la distancia se hubiera producido un mayor gasto al progenitor
no custodio para poder trasladarse a ver a su hijo o hijos, se podrá descontar
de la contribución económica a los alimentos de los menores dicho gasto,
siempre y cuando el traslado de los menores hubiera sido imputable al
progenitor custodio, y sin consentimiento del no custodio.
e) Con respecto
a los abuelos, familiares y allegados de los menores trasladados, se procurará
en interés de los menores la restitución de estos al que fuera su domicilio
familiar y contacto con la red de apoyo familiar del progenitor alejado y del
entorno social del menor, del que fue alejado sin su consentimiento.
f) con respecto
a los bienes comunes pendientes de liquidación, cualquiera de los progenitores
podrá solicitar la liquidación inmediata de los mismos conforme al
procedimiento establecido en el Código Civil.
g) En todo caso
tendrá competencia exclusiva para dilucidar los procedimientos a los que se
refiere este artículo el del último domicilio común familiar.
Artículo 776.
Ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre medidas.—Los pronunciamientos
sobre medidas se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el Libro III de esta
ley, con las especialidades siguientes:
1.ª Al
cónyuge o progenitor que incumpla de manera reiterada las obligaciones de pago
de cantidad que le correspondan podrán imponérsele por el Secretario judicial
multas coercitivas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 711 y sin
perjuicio de hacer efectivas sobre su patrimonio las cantidades debidas y no
satisfechas, salvo que haya motivo de suspender
cautelarmente y de forma temporal, dicha obligación por causa sobrevenida con
respecto al obligado al pago. En este último caso el progenitor que sufra la
causa sobrevenida tendrá un plazo de 30 días desde la notificación del auto
para interponer la correspondiente demanda de modificación de esta medida, cuya
suspensión se prorrogará hasta tanto recaiga sentencia definitiva y firme en
este último procedimiento.
2.ª En caso
de incumplimiento de obligaciones no pecuniarias de carácter personalísimo, no
procederá la sustitución automática por el equivalente pecuniario prevista en
el apartado tercero del artículo 709 y podrán, si así lo juzga conveniente el Tribunal,
mantenerse las multas coercitivas mensuales todo el tiempo que sea necesario
más allá del plazo de un año establecido en dicho precepto. Si estas obligaciones que se incumplen afectara al
libre ejercicio de las facultades de la patria potestad por parte del otro
progenitor, podrá establecerse la suspensión del ejercicio de la patria
potestad y de los derechos inherentes a la misma con respecto al progenitor
incumplidor.
3.ª El incumplimiento reiterado de las obligaciones
derivadas del régimen de visitas, o del reparto de los tiempos de convivencia
de los hijos con uno u otro progenitor, podrá dar lugar a la modificación
por el Tribunal del régimen de estancia y convivencia de los hijos con el
progenitor que cause el incumplimiento.
4.ª Cuando
deban ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios, no expresamente
previstos en las medidas definitivas o provisionales, deberá solicitarse
previamente al despacho de ejecución la declaración de que la cantidad
reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario. Del escrito
solicitando la declaración de gasto extraordinario se dará vista a la contraria
y, en caso de oposición dentro de los cinco días siguientes, el Tribunal
convocará a las partes a una vista que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 440 y siguientes y que resolverá mediante auto.
5ª.- Cuando el
Juzgado tenga noticias, sea a través de los propios menores, progenitores,
familiares, allegados, servicios sociales, escolares o médicos, incluso por el
ministerio fiscal, de que los menores están siendo sometidos a actos de presión
para alejarlos de uno de los dos progenitores y/o familiares del mismo, o para
rechazar a una de sus figuras parentales, el Juzgado de forma urgente y
cautelar adoptará la decisión de poner a los menores de forma inmediata, bajo
el cuidado del progenitor afectado, con orden de hacer un seguimiento durante
seis meses máximo, de la evolución de los menores. En todo caso se podrá
disponer de visitas supervisadas con respecto al progenitor causante del
rechazo o alejamiento. Si se desprendiera que en dichos actos existe alguna
forma de maltrato infantil, se procederá a librar testimonio inmediato al
Juzgado de Guardia. En el plazo de seis meses, tras los estudios pertinentes de
los menores, se citará a las partes a una vista, donde se decidirá sobre las
medidas definitivas a acordar.
Artículo 777.
Separación o divorcio solicitados de mutuo acuerdo o por uno de los cónyuges
con el consentimiento del otro.—1. Las peticiones de separación o divorcio
presentadas de común acuerdo por ambos cónyuges o ambos
miembros parejas no casadas o por uno
con el consentimiento del otro se tramitarán por el procedimiento establecido
en el presente artículo.
2. Al escrito
por el que se promueva el procedimiento deberá acompañarse la certificación de
la inscripción del matrimonio o acreditación de la convivencia y, en su caso,
las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como el acuerdo de nulidad, separación de parejas casadas o
no casadas y/o divorcio del matrimonio mas el acuerdo de cuidado de personas
dependientes de la pareja conforme a lo
establecido en la legislación civil y el documento o documentos en que el
cónyuge o cónyuges o parejas no casadasfunden su derecho, incluyendo, en su caso, el acuerdo final
alcanzado en el procedimiento de mediación familiar. Si algún hecho relevante
no pudiera ser probado mediante documentos, en el mismo escrito se propondrá la
prueba de que los cónyuges quieran valerse para acreditarlo.
3. Admitida
la solicitud de separación o divorcio, el Secretario judicial citará a los
cónyuges, dentro de los tres días siguientes, para que se ratifiquen por
separado en su petición. Si ésta no fuera ratificada por alguno de los
cónyuges, el Secretario judicial acordará de inmediato el archivo de las
actuaciones, quedando a salvo el derecho de los cónyuges a promover la
separación o el divorcio conforme a lo dispuesto en el artículo 770. Contra
esta resolución del Secretario judicial podrá interponerse recurso directo de
revisión ante el Tribunal. No obstante, el acuerdo no ratificado podrá hacerse
valer en el procedimiento contencioso oportuno a los efectos de la doctrina de
los actos propios, salvo que una de la partes alegase error en el
consentimiento o cualquier otro tipo de vicio que anulara el consentimiento
prestado.
4. Ratificada
por ambos cónyuges o parejas no
casadasla solicitud, si la documentación aportada
fuera insuficiente, el tribunal concederá mediante providencia a los
solicitantes un plazo de diez días para que la completen. Durante este plazo se
practicará, en su caso, la prueba que los cónyuges o parejas no casadas hubieren
propuesto y la demás que el tribunal considere necesaria para acreditar la
concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por el Código Civil y
para apreciar la procedencia de aprobar la propuesta de el acuerdo de nulidad, separación de parejas casadas o
no casadas y/o divorcio del matrimonio mas el acuerdo de cuidado de personas
dependientes de la pareja.
5. Si hubiera
hijos menores o incapacitados, el Tribunal recabará informe del Ministerio
Fiscal sobre los términos del convenio relativos a los hijos y oirá a los
menores si tuvieran suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a
petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial o del propio
menor. Estas actuaciones se practicarán durante el plazo a que se refiere el
apartado anterior o, si éste no se hubiera abierto, en el plazo de cinco días.
6. Cumplido
lo dispuesto en los dos apartados anteriores o, si no fuera necesario,
inmediatamente después de la ratificación de los cónyuges o miembros de la pareja, el tribunal
dictará sentencia concediendo o denegando la separación o el divorcio y
pronunciándose, en su caso, sobre el acuerdo de
nulidad, separación de parejas casadas o no casadas y/o divorcio del matrimonio
mas el acuerdo de cuidado de personas dependientes de la pareja.
7. Concedida
la separación o el divorcio, si la sentencia no aprobase en todo o en parte el acuerdo de nulidad, separación de parejas casadas o
no casadas y/o divorcio del matrimonio mas el acuerdo de cuidado de personas
dependientes de la pareja
propuesto, se concederá a las partes un plazo de diez días para proponer
nuevo convenio, limitado, en su caso, a los puntos que no hayan sido aprobados
por el tribunal. Presentada la propuesta o transcurrido el plazo concedido sin
hacerlo, el tribunal dictará auto dentro del tercer día, resolviendo lo
procedente.
8. La
sentencia que deniegue la separación o el divorcio y el auto que acuerde alguna
medida que se aparte de los términos del convenio propuesto por los cónyuges o parejas no casadas podrán ser
recurridos en apelación. El recurso contra el auto que decida sobre las medidas
no suspenderá la eficacia de éstas, ni afectará a la firmeza de la sentencia
relativa a la separación o al divorcio.
La sentencia
o el auto que aprueben en su totalidad la propuesta de convenio sólo podrán ser
recurridos, en interés de los hijos menores o incapacitados, por el Ministerio
Fiscal.
9. La
modificación del acuerdo de nulidad, separación de parejas
casadas o no casadas y/o divorcio del matrimonio mas el acuerdo de cuidado de
personas dependientes de la pareja o de las
medidas acordadas por el tribunal en los procedimientos a que se refiere este
artículo se sustanciará conforme a lo dispuesto en el mismo cuando se solicite
por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el consentimiento del otro y
con propuesta de nuevo el acuerdo de
nulidad, separación de parejas casadas o no casadas y/o divorcio del matrimonio
mas el acuerdo de cuidado de personas dependientes de la pareja. En otro caso, se estará a lo dispuesto en el
artículo 775.
Disposición
adicional: Conforme al Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, mediante Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General,
aprobada el 16 de diciembre de 1966, y en especial conforme a su artículo 11 que prohíbe la prohibición de penas de prisión por deudas y conforme al artículo 1 del Protocolo No 4 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que reconoce ciertos derechos y libertades además de los que ya figuran en el Convenio y en el primer Protocolo adicional al Convenio, modificado por el Protocolo n° 11, que también prohíbe la prisión por deudas, queda derogado el artículo 227 del Código Penal. El acreedor por deudas alimenticias o compensatorias, podrá acudir al servicio nacional del fondo de garantía de pensiones, para que la Administración repita legalmente contra el deudor, por vía de apremio.
Derechos Civiles y Políticos, mediante Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General,
aprobada el 16 de diciembre de 1966, y en especial conforme a su artículo 11 que prohíbe la prohibición de penas de prisión por deudas y conforme al artículo 1 del Protocolo No 4 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que reconoce ciertos derechos y libertades además de los que ya figuran en el Convenio y en el primer Protocolo adicional al Convenio, modificado por el Protocolo n° 11, que también prohíbe la prisión por deudas, queda derogado el artículo 227 del Código Penal. El acreedor por deudas alimenticias o compensatorias, podrá acudir al servicio nacional del fondo de garantía de pensiones, para que la Administración repita legalmente contra el deudor, por vía de apremio.
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