INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR UNA DEMANDA (ver páginas siguientes) CONTRA LA POSIBLE LEY DE AMNISTÍA
Queremos
dejar claro que esta demanda es un procedimiento que apenas se ha intentado en España,
aunque sí en otros países de nuestro entorno. La Protección de los derechos fundamentales desde la perspectiva civil apenas tiene regulación y recorrido jurídico en España. Esta demanda se basa
principalmente en la nula regulación que ha realizado España de un procedimiento civil para este menester, como mandan los diferentes Tratados Internacionales suscritos
por España.
Por ende, es
muy difícil que un Juzgado quiera aceptar el admitir este reto jurídico.
Pero hay que
intentarlo.
INSTRUCCIONES:
1º.- Se facilita
la demanda en las siguientes páginas en formato Word a fin de que Ud. pueda
rellenar sus datos y rellenar el nombre de la ciudad del Juzgado más cercano a
su domicilio o como se suele llamar “del juzgado territorialmente competente”
más cercano a su domicilio.
2º.- Una vez
hecho esto y firmada la demanda, se puede Ud. dirigir al Juzgado de Guardia o
al Decanato de los Juzgados de su ciudad con dos copias, a fin de que una vez
entregada se le entregue la copia sellada.
3º.- En
principio no es necesario que vaya firmado por abogado y procurador, pero
cualquier trámite posterior sí necesitará un abogado y un procurador. Ello lo
será en el caso de que Ud. quiera recurrir la no admisión o tenga que tramitar
la demanda de manera formal.
4º.- Dejamos
esta dirección de email a los solos efectos de que Ud. pueda remitirnos copia
de la primera hoja de esta demanda con el sello del Juzgado y/o de la
resolución dictada por el Juzgado sobre admisión o no, para verificar el número
de demandas y hacer un seguimiento de todo ello. La dirección es: contralaleydeamnistia@gmail.com
5º.- También
puede Ud. enviar un email de queja y/o denuncia (con la copia de su demanda
presentada) a diferentes organizaciones internacionales para que conste su
protesta y denuncia contra la ley de amnistía que pretenden aprobar en nuestro país.
Estos emails
son:
Comité DDHH
de la ONU: hrcadvisorycommittee@ohchr.org
Comisaría
DDHH de la UE: commissioner@coe.int
Consejo de
Europa DDHH: stefano.montanari@coe.int
Gracias
por colaborar en esta iniciativa para defender nuestro Estado de Derecho y nuestra
democracia.
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SEVILLA
QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA
D/Dª.______________________ con domicilio en calle____________ de la
ciudad de _________ y DNI número_______________ con teléfono____________ ante
el Juzgado comparezco y DIGO
Que por medio del presente
escrito y al amparo de
lo dispuesto en el art. 727.7 LEC, interesamos la adopción de MEDIDAS CAUTELARES previas a la interposición a una demanda de defensa de los derechos
fundamentales del art. 52.1.6 de la LEC,
solicitud que se dirige contra las siguientes personas y entidades:
1º.- Presidencia del Congreso
de Diputados.
2º.- Mesa del Congreso de
Diputados.
3º.- Grupo Parlamentario del
PSOE en el Congreso de
Diputados.
4º.- Grupo parlamentario de
Junts en el Congreso de
Diputados.
5º.- Grupo parlamentario de
ERC en el Congreso de
Diputados.
6º.- Grupo parlamentario de
Sumar en el Congreso de
Diputados.
Todos ellos domiciliados en
la Plaza de las Cortes número 1 de Madrid.
BASES DE LA SOLICITUD
Primero.- Formulo esta demanda como ciudadano español que se entiende
protegido por la Constitución española de 1978 y de conformidad a lo
establecido en el art. 24 de la misma puede solicitar auxilio judicial frente a
la posible vulneración de un derecho fundamental individual.
Segundo.- La posible vulneración del derecho a la igualdad de
trato hacia mi persona se basa en las negociaciones que se están celebrando
entre las partes demandadas para aprobar una ley de amnistía
(ALIVIO PENAL o cualquier eufemismo), la cual
rompe por completo la igualdad de trato de todos los españoles, ya que se
pretende amnistiar a unas personas determinadas mediante un acto político y no
de justicia rogada o de gracia.
Tercero.- Asimismo entiendo que dichos actos y la futura
aprobación de dicha amnistía puede estar vulnerando mis derechos reconocidos en
el art. 3 de la CEDH, así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 16 de diciembre de 1966; la Convención contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas de 10 de
diciembre de 1984 y el Convenio europeo para la prevención de la tortura y de
las penas o tratos inhumanos o degradantes de 26 de noviembre de 1987,
entendiendo el trato desigual como trato degradante.
Cuarto.- La STS 2997/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2997 Cuando reconoce
el derecho de los ciudadanos que viven en Cataluña (como la parte actora)
como personas afectadas directamente afectadas por el “Procés”:
“
Y cuando dice que “
Quinto.- Cree quien hace esta solicitud que la actuación de los
demandados vulnera el principio constitucional de la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos del art. 9,3 de la CE.
Ello significa que las
autoridades no pueden tomar decisiones arbitrarias entendiéndose por tales,
fundamentalmente, aquellas que supongan una infracción del principio de
igualdad de trato de los administrados ante la aplicación de la ley y las
reglas objetivamente determinadas.
Los tribunales de justicia
utilizan tal principio constitucional para impedir que los poderes públicos
sostengan interpretaciones arbitrarias de las normas (sentencias del Tribunal
Constitucional 219/1989 y 93/1992) o resoluciones abiertamente discriminatorias
(por ejemplo, sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2002). Como dice
expresivamente el Tribunal Constitucional en su sentencia 151/1986, “a la luz
de lo indicado ha de concluirse que a lo largo del procedimiento administrativo
los ciudadanos han sido objeto, efectivamente, de un trato desigual respecto a
otros en situación similar, sin que se haya razonado o justificado el porqué de
esa desigualdad … Pues no resulta admisible -ni por tanto debe considerarse
justificativo de la desigualdad- que la Administración elija libremente a
quiénes aplicar y a quiénes no aplicar la normativa vigente, actuación está
vetada por la interdicción de la arbitrariedad contenida en el art. 9.3 de la
Constitución”.
Sexto.- El art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados prohíbe que un Estado invoque unilateralmente una ley nacional
como justificación para no cumplir con las obligaciones legales impuestas (por
otros tratados).
El Pacto de Nueva York sobre
derechos civiles y políticos de las NNU ratificado por España establece en su
art. 26, entre otras cosas que :
“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá
toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y
efectiva contra cualquier discriminación por motivos de idioma, origen nacional
o social, nacimiento o cualquier otra condición social”.
La Ley de Amnistía que se
negocia es una vulneración de los derechos humanos de aquellos españoles que
residan en el País Vasco o Cataluña que deberán renunciar a ser españoles si
quieren seguir viviendo en dichos territorios, y de los españoles que vivimos
fuera de esos territorios, ya que se verán privados de parte de su propio país.
Quien solicita esta medida
cautelar quiere seguir teniendo el derecho a que se respete el derecho a vivir
en su propio país (ex art. 14.2 del Pacto de Nueva York) así como el derecho a
conocer la verdad (juicios del “procés” pendientes) y exigir la condena de
quienes han atentado contra la democracia española en aquellos días.
Séptimo.- España está obligada a cumplir con las resoluciones de
la Asamblea General de la ONU en lo que se refieren al derecho a conocer la
verdad.
En todas ellas, se ha
reafirmado el derecho fundamental a la verdad y ha resuelto “reconocer la
importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a
acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos”.
Por ejemplo, las AG/RES. 2175
(XXXVI-O/06), AG/RES. 2267 (XXXVII-O/07), AG/RES. 2406 (XXXVIII-O/08), AG/RES.
2509 (XXXIX-O/09), AG/RES. 2595 (XL-O/10), AG/RES. 2662 (XLI-O/11) y AG/Res.
2725 (XLII-0/12).
Entre los Principios para la protección
y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad
(ONU E/CN.4/2005/102/Add.1) se establece que es obligación de los Estados
miembros el adoptar medidas eficaces para luchar contra la impunidad.
Dice textualmente que “
También alegamos la vulneración de la
Observación General número 20 del Comité de Derechos Humanos cuando dice que “las amnistias son generalmente incompatibles
con la obligación de los Estados de investigar graves violaciones a los
derechos humanos”
Asimismo, el Consejo de
Europa, en su «Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of
Europe on eradicating impunity for serious human rights violations»
–Directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa para erradicar la
impunidad de las violaciones graves de los derechos humanos–
(CM/Del/Dec(2011)1110, 4 de abril de 2011).
Esta Resolución dice que
punto 6, dice que:
«La
Asamblea del Consejo de Europa considera la lucha contra la impunidad de los
autores de graves violaciones de derechos humanos como una prioridad para el
Consejo de Europa y todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley
nacionales e internacionales. La impunidad debe ser erradicada como una
cuestión de justicia individual y como elemento disuasivo de futuras
violaciones de derechos humanos».
Por su parte, la Guía del Comité de
ministros del Consejo de Europa, señala en su punto I.3, que: “
Esto es, que una Ley de Amnistía en
España estaría vulnerando estas decisiones del Consejo de Europa y podría ello
puede significar la expulsión de nuestro país del mismo Consejo.
Los demandados, por su parte,
estarían reconociendo no cumplir el Tratado de Adhesión al Consejo de Europa
(Instrumento de Adhesión de España al Estatuto del Consejo de Europa, hecho en
Londres el 5 de mayo de 1949 en BOE de 1 de marzo de 1978) cuando en su
preámbulo se dice que:
“
Y tampoco cuando en su artículo 3
establece que:
“Cada
uno de los Miembros del Consejo de Europa reconoce el principio del imperio del
Derecho y el principio en virtud del
cual cualquier persona que se halle bajo su jurisdicción ha de gozar de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales
Por tanto, aprobar
una Ley de Amnistía para no castigar a quienes
han delinquido contra todos los españoles, sería como reconocer que políticos
han cometido delitos en un sistema no democrático y por ende, que España no es
una democracia, por lo que estaríamos fuera tanto del Consejo de Europa como
del tratado de la UE.
Sería, pues, contrario a lo
dispuesto en el artículo 62.i de la Carta Magna, que explica que
corresponde al Rey «ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá
autorizar indultos generales».
Resulta una obviedad que no cabiendo la posibilidad de un indulto general, no
cabe regular un derecho de amnistía que concede mayor beneficio y excluye la
responsabilidad penal de los autores de delitos, generando una impunidad que
conculcaría los derechos de las personas perjudicadas por sus actos, que, en el
presente caso somos todos los españoles. Quien puede lo más puede lo menos,
pero nunca al contrario.
No se puede hacer una
interpretación laxa e interesada de los derechos fundamentales que reconoce
nuestra Constitución, sin que en ningún caso
se pueda afirmar que lo que la Constitución expresamente no prohíbe, está
permitido y entraría dentro del marco constitucional.
En la sentencia del TEDH sobre el caso
Marguš v. Croatia ha declarado que “Desde
hace décadas existía una clara y constante tendencia que determinaba que la
concesión de amnistías respecto a graves violaciones a los derechos humanos y
crímenes internacionales estaba prohibida por el derecho internacional”
Y nuestro Tribunal Supremo ha
establecido que:
“
Octavo.- El principio de
la separación de poderes se encuentra implícito en la Constitución española de
1978. El Título Tercero (De las Cortes Generales), Cuarto (Del Gobierno y la
Administración) y Sexto (Del Poder Judicial) definen y delimitan cada uno de
los poderes del Estado.
Las Cortes Generales ejercen la potestad
legislativa del Estado (art. 66.2 de la CE de 1978). El Gobierno ejerce la
función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y
las leyes (art. 97 CE-1978), ostentando la capacidad legislativa sólo en los
presupuestos establecidos en la Constitución y con la aquiescencia del Congreso
de los Diputados (es el caso de los Decretos-Ley y Decretos Legislativos). El
Poder Judicial (art. 117.3 de la CE-1978) ejerce el poder jurisdiccional, juzgando
y haciendo ejecutar lo juzgado.
La teoría de la separación de poderes fue
formulada por Charles-Louis de Montesquieu (1689-1755), escritor y jurista
francés, en su obra clásica Del Espíritu
de las Leyes, que se inspiró en la descripción que los tratadistas clásicos
hicieron de los sistemas políticos de la Antigüedad. Montesquieu define el
"poder" a la vez como función y como órgano.
Según la teoría clásica, las funciones
del Estado necesarias para la protección del ciudadano eran las de promulgar
las Leyes, la de poner en práctica estas leyes y la de resolver conflictos.
Por tanto, con la aprobación de esa Ley
de Amnistía, se estaría dando un golpe mortal a la Democracia, a la
Constitución y al Principio de Separación de Poderes, por cuanto el Poder
Legislativo y por ende el Ejecutivo estarían pisando y dejando vacío de contenido al Poder Judicial, y en
concreto, la importante Sentencia condenatoria núm. 459/2019 dictada en la
CAUSA ESPECIAL núm.: 20907/2017, dictada por la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, en el caso denominado del “Procés”.
O lo que es igual, si es bien cierto que
ya desde muchos sectores se viene dudando de la separación de poderes en
España, con la aprobación de esa ley de amnistía cabría decir que “Montesquieu ha muerto”, o más bien lo ha
matado el PSOE junto con los partidos políticos que pretenden la destrucción de
la Unidad de España, llevándonos de facto a una Dictadura.
Noveno.- Creemos acreditado el peligro por mora procesal, ya que si
no se adoptaran las medidas cautelares que se piden, el Juzgado estaría
permitiendo que unas instituciones y poder público aprobasen una ley que afecta
a los DDFF de todos los españoles.
Sería demasiado tarde para
todos los actos judiciales por cuanto ningún juzgado podrá juzgar la legalidad
de la decisión de la ley de amnistía, salvo el TC que es un Tribunal que se encuentra fuera de
la esfera del control judicial de los derechos fundamentales que aquí se
discuten (ex art. 117,3 de la CE)
Además, en el caso de que se
aprobase una ley de amnistía por los demandados, la sentencia que podría recaer en este
procedimiento una vez instada la demanda, sería de todo ineficaz, ya que se
estarían vulnerando los derechos fundamentales de esta parte antes de recaer la
sentencia.
Esta parte posee la
apariencia del buen derecho, por cuanto lo que está en juego es su derecho a
una igualdad de trato, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en el Tratado de la Unión Europea y en la Carta de Derechos
fundamentales de la UE, que es parte del mismo Tratado de la Unión.
En este caso, no se produce
ningún daño económico a los demandados. No obstante, esta parte ofrece un euro
como caución, que es el valor que le damos a los actos que están llevando a
cabo los demandados.
Como INDICIO
DE PRUEBA se acompañan dos recientes publicaciones del diario EL PAÍS:
“ERC asegura que ya ha intercambiado
con el Gobierno documentos sobre la amnistía
El Ejecutivo evita aclarar si Puigdemont debe rendir cuentas ante la
justicia, y Jaume Asens sostiene que el PSOE está moviéndose “a velocidad de
crucero” y que el perdón a los encausados del ‘procés’ es “irreversible”
ERC blande su
proposición de ley de amnistía de 2021 y urge a Sánchez a aceptarla para ser
investido
La portavoz republicana Raquel Sans dice que el trabajo ya está hecho y asegura que a lo sumo solo hace falta hacer
retoques
Barcelona - 23
SEPT 2023 - 13:29 CEST
Raquel Sans, portavoz de
ERC; en una rueda prensa en el partido.
ERIC RENOM (LAPRESSE)
Esquerra Republicana ha blandido este sábado la
proposición de ley sobre la amnistía que impulsó en 2021 para sostener que no se pueden demorar las negociaciones de investidura
con el PSOE para reelegir a Pedro Sánchez. La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha
reivindicado esta mañana que el trabajo para amnistiar a los encausados por el
procés ya está “hecho” y que si acaso solo estaría pendiente de “retoques” que
pudieran proponer los socialistas. “No, una ley así no se hace en dos días,
pero es que llevamos mucho tiempo con ello. No es un capricho. El trabajo está
hecho”, ha afirmado insistiendo en que el PSOE ya ha aceptado la amnistía desde
el acuerdo de la Mesa del Congreso.
En una entrevista en el programa Faristols, de Ràdio 4, Sans ha revelado por primera vez que ese documento es el
que blanden en la negociación y que no es el punto de partida sino que para los republicanos, salvo mínimos detalles,
debe de ser el texto final. “Todo es cuestión de voluntad política. Se pueden
hacer los retoques que hagan falta, pero el texto de la ley desde 2021 está
registrado”, ha insistido en la misma línea expresada por Oriol Junqueras y
Marta Rovira, presidente y secretaria general, que dan la amnistía por
descontada.
Los grupos independistas de ERC, Junts y la CUP asumieron
el texto confeccionado por la plataforma Amnistia i LLibertat y en 2021 registraron esa proposición de ley que la Mesa, con los
votos de PSOE y la bancada de la derecha, rechazó y no permitió tramitar. Los
letrados del Congreso sostuvieron en un informe que era inconstitucional al
entender que supondría conceder un “indulto general” que afecta a una
pluralidad de sujetos condenados por sentencia firme” y añadieron que esa
solución “entraría en una contradicción palmaria y evidente con lo dispuesto en
el artículo 62 i) de la Constitución, de acuerdo con el cual no cabe que la ley
autorice indultos generales”.
Unidas Podemos, partidario de desjudicializar el
conflicto, votó a favor de la tramitación al esgrimir que la Constitución no
prohíbe la amnistía. Òmnium calcula que el número de posibles beneficiados es
de 1423, unos 600 con causas penales y más de 800 por sanciones
administrativas. El texto planteaba la posibilidad de amnistiar “todos los
actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado”, desde el
1 de enero de 2013, lo que suponía incluir también a los políticos condenados
por la consulta del 9-N de 2014.
Sans ha alegado que no hay razón para dilatar las
conversaciones y ha instado a los socialistas a aceptar la investidura si es
que quieren seguir en el Gobierno. “Es cuestión de voluntad política y si
quieren ser investidos ya saben cuáles son los requisitos”, ha afirmado la
portavoz enumerando varios de los cargos de ERC afectados como la secretaria
general, Marta Rovira, huida de la justicia española en Suiza; la consejera de
Cultura, Natàlia Garriga, imputada o por ejemplo Josep Maria Jové, presidente
del grupo de ERC que se enfrenta a seis años de cárcel. “Hay que poner el
contador a cero. La amnistía tiene que llegar”, ha zanjado calificar de
“innecesaria” la investidura, previsiblemente fallida salvo sorpresa mayúscula,
de Alberto Núñez Feijóo.
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A los presentes hechos son de aplicación
los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Es competente el
Juzgado de Primera Instancia al que me dirijo en virtud de los establecido en
el art. 52.1.6 la LEC (protección
civil de derechos fundamentales), y como juez ordinario predeterminado
por la ley del art. 24.2 CE.
Segundo.- No es necesaria la postulación en este caso, al ser una
medida cautelar urgente de defensa de los derechos civiles, políticos y
fundamentales de quien lo pide, y es de aplicación directa art. 53 de la CE que
permite acudir a cualquier ciudadano en defensa de sus derechos y libertades.
Será en un momento posterior
en que esta parte deberá asistirse de procurador y letrado para la defensa de
sus derechos.
Tercero.- Es de aplicación directa el art. 14 de la CE así como el 9,3 del
mismo texto constitucional.
Cuarto.- Son de aplicación los tratados internacionales arriba
referidos y que son parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Quinto.- Este
procedimiento deberá ser sumario y preferente.
Por
lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO tenga por presentada esta demanda de solicitud de medidas
cautelares y la admita y tras ello, dicte auto incluso inaudita parte
1º.- Remitir orden judicial a la Presidencia del Congreso a fin de que
se abstenga de celebrar pleno para la aprobación de una ley de amnistía o similar
que represente una posible amnistía de los investigados, acusados y condenados por su
participación en el “procés” de Cataluña, hasta recaiga sentencia firme en el
procedimiento que se inste tras la adopción de esta medida.
2º.- Remitir
la misma orden al resto de demandados.
3º.- Requerirles que en caso de desobedecer esta orden podrían
incurrir en un delito contra la administración de justicia.
4º.- Establezca el deber de estar parte de prestar caución suficiente
hasta cubrir la cantidad de un euro.
Así como acuerde lo demás
procedente en Derecho, por ser Justicia que pido.
OTROSÍ DIGO: Que al derecho de esta parte se interesa que por el
Juzgado se plantee CUESTIÓN PREJUDICIAL ANTE EL TJUE a fin de que el mismo
declare si una ley de amnistía selectiva sólo para los investigados, acusados y
condenados por su participación en el “procés” de Cataluña en Cataluña, España (Sentencia núm. 459/2019 dictada en la
CAUSA ESPECIAL núm.: 20907/2017, de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo), vulnera el Tratado de la Unión y la Carta
de los DDFF de la UE, en cuanto a la igualdad de trato.
Y todo ello por ser de Justicia que pido en la ciudad de Sevilla a 25 de septiembre de 2023
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