viernes, 5 de octubre de 2018

Custodia compartida, corresponsabilidad parental y justicia terapéutica como nuevo paradigma

Custodia compartida, corresponsabilidad parental y justicia terapéutica como nuevo paradigma
Joint custody, parental co-responsibility, and therapeutic jurisprudence as a new paradigm
Francisca Fariña , Dolores Seijo, Ramón Arce, Ma José Vázquez
Enlace en
http://apj.elsevier.es/es/custodia-compartida-corresponsabilidad-parental-justicia/articulo/S1133074017300016/#.W7c9umgzaUn




martes, 2 de octubre de 2018

STS 25/9/18 si firmas una custodia en convenio, luego es casi imposible pedir la custodia compartida

Roj: STS 3247/2018 - ECLI: ES:TS:2018:3247
Id Cendoj: 28079110012018100518
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 25/09/2018
N° de Recurso: 966/2018
N° de Resolución: 527/2018
Procedimiento: Civil
Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
Tipo de Resolución: Sentencia
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Sentencia núm. 527/2018
Fecha de sentencia: 25/09/2018
Tipo de procedimiento: CASACIÓN
Número del procedimiento: 966/2018
Fallo/Acuerdo:
Fecha de Votación y Fallo: 12/09/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
Procedencia: Audiencia Provincial de Murcia, Sección 5.ª
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
Transcrito por: L.C.S.
Nota:
CASACIÓN núm.: 966/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Sentencia núm. 527/2018
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Jose Antonio Seijas Quintana
D. Antonio Salas Carceller
D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
D.ª M.ª Angeles Parra Lucan
En Madrid, a 25 de septiembre de 2018.
Esta sala ha visto el recurso de casación, interpuesto contra la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2017, dictada en recurso de apelación 483/2017, de la sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Murcia, dimanante de autos de juicio de familia, para modificación de medidas, autos núm. 443/2016, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Cartagena; recurso interpuesto ante la citada Audiencia por D. Jon , representado en las instancias por el procurador D. Vicente Lozano Segado, bajo la dirección letrada de D. Francisco Serrano Castro y D. Valentín , compareciendo ante este tribunal en su nombre y representación el procurador D. Jorge Deleito García en calidad de recurrente y en calidad de recurrido se persona Dña. Lourdes , representado por el procurador D. José Luis Barragués Fernández, bajo la dirección letrada de Dña. María José Martínez Martínez, y con la intervención del Ministerio Fiscal.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-1.- D. Jon , representado por la procuradora Dña. Luisa Abellán Rubio y bajo la dirección del letrado D. Francisco Serrano Castro, interpuso demanda de juicio de modificación de medidas en tema de familia contra Dña. Lourdes y, alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al juzgado se dictara sentencia:
«Por la que se acuerde:
»- Modificar el modelo de autoridad monoparental por un modelo de custodia compartida por semanas alternas, de viernes a viernes, con un día de estancia intersemanal, los martes, con el progenitor que durante la semana no le corresponda estar con sus hijas. En las vacaciones escolares se seguiría disfrutando del mismo régimen de custodia por mitad en atención a cada periodo vacacional con referencia al calendario escolar de los menores.
»Dicha modificación conllevaría la supresión de la obligación de pago de pensión alimenticia, asumiendo ambos por mitad el pago de los gastos extraordinarios. Asimismo esa medida conllevaría la extinción del derecho de uso exclusivo atribuido a la Sra. Lourdes sobre el domicilio familiar, pudiendo, no obstante, seguir disfrutando del mismo hasta que se proceda a su liquidación y venta o bien atribución en propiedad a cualquiera de los copropietarios que lo ostentan en proindiviso, previa compensación de la parte proporcional que correspondiera al otro cotitular en atención a su valor de mercado.
»Correlativamente se acuerde:
»1. La asistencia del grupo familiar a terapia conducida por especialistas acreditados en terapia familiar sistemática, mediación intrafamiliar, gestión de conflictos y crisis familiar, designados por el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental, con funciones de seguimiento, monitorización e información periódica a la autoridad judicial.
»De igual modo, esta iniciativa debería complementarse necesariamente con el mensaje explícito a los menores, por parte de la autoridad judicial, de la retirada de toda competencia en materia de decisión sobre la manera de organizar o determinar sus relaciones paterno o materno-filiales, y la obligatoriedad de relacionarse con su padre y familia paterna en los términos previstos legalmente.
»1. Para el supuesto que del seguimiento terapéutico impuesto se evidenciaran actitudes parentales opuestas a este proceso de normalización y reconstrucción familiar, se proceda a una inmediata intervención, consistente en la atribución automática de la custodia de los menores al progenitor no obstruccionista y que hubiera acreditado respeto por las relaciones familiares de los hijos en común, aquel con vocación coparental, decisión complementada con un programa de alejamiento temporal de los hijos del padre alienador. Ello, conforme al programa por fases propuesto por el psicólogo Don Alvaro , expuesto en el punto núm. 8 de la relación de hechos de nuestra demanda.
»Todo ello con expresa imposición de costas a la demandada si se opusiere a la modificación instada».
2.- Admitida la demanda, acordando dar traslado a las partes y al Ministerio Fiscal, el fiscal contestó a la demanda con los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, solicitando al juzgado se le tenga por opuesto, en principio, a las pretensiones de la misma a la espera de la celebración de la correspondiente vista y de la práctica de las pruebas que se declaren pertinentes.
La demandada Dña. Lourdes , representada por la procuradora Dña. Magdalena Faz Leal y bajo la dirección letrada de D. José Muelas Cerezuela, contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación terminó suplicando al juzgado dictase en su día sentencia:
«Por la que desestime íntegramente los pedimentos de la actora, con expresa imposición de las costas procesales».
4.- Previos los trámites procesales correspondientes y práctica de la prueba propuesta por las partes y admitida, en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Cartagena se dictó sentencia, con fecha 7 de julio de 2017, cuya parte dispositiva es como sigue:
«Fallo. Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda presentada por el procurador indicado, en la representación que ostenta, modificando las medidas definitivas previstas en sentencia de 26/03/2014, en los siguientes extremos (permaneciendo el resto invariable):
»1.ª- La guarda y custodia de los menores será compartida por ambos progenitores, por periodos de estancia señalan alterna, con intercambio de custodia los viernes a la salida del centro escolar. El progenitor no custodio semanal podrá tener consigo a sus hijos los miércoles desde la salida del centro escolar hasta las 20 horas. Vacaciones escolares por mitad, siendo las estivales distribuidas en quincenas alternas, correspondiendo al padre los primeros periodos en los años pares y a la madre en los años impares. Días del padre y madre serán disfrutados por el progenitor correspondiente con independencia del sistema de custodia temporal, en horario de 10 a 20 horas. Cumpleaños de los menores y día de Reyes, podrán permanecer con el progenitor no custodio de 17 a 20 horas. Entregas y recogidas en el domicilio donde se encuentren los menores o salida de centro escolar, en su caso.
»2.ª- Su suprime la obligación alimenticia establecida en su día a cargo del padre, debiendo cada uno de los progenitores proporcionar a sus hijos alimentos y vestido en los periodos correspondientes, asumiendo por mitad el resto de gastos ordinarios comunes y extraordinarios de los menores. Cualquier otra actividad o gasto deberá ser consensuado o decidido por la Autoridad Judicial.
»3.ª- El uso y disfrute de la vivienda que fue familiar se atribuye a la madre hasta que sea liquidado el régimen económico matrimonial vigente. La madre deberá asumir gastos derivados del uso, tales como suministros y cuota ordinaria de comunidad. Los conceptos inherentes a la propiedad serán abonados según título constitutivo.
»4.ª- Cualquier decisión que pueda afectar a los menores en los ámbitos domiciliario, educativo, sanitario, formativo y otros relativos a la patria potestad debe ser consensuada por ambos progenitores o adoptada por la Autoridad Judicial.
»Sin expresa imposición de costas en esta instancia dado el carácter tuitivo de las medidas discutidas en este procedimiento».
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada, la sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Cartagena dictó sentencia, con fecha 5 de diciembre de 2017, cuya parte dispositiva es como sigue:
«Fallamos: Que estimando el recurso de apelación formulado por Lourdes , contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Cartagena, debemos de revocar y revocamos la misma, y en su lugar dictar otra del siguiente tenor: Que desestimando la demanda formulada por Jon , contra Lourdes , debemos de absolver y absolvemos a la demandada de la demanda contra ella formulada, sin que proceda hacer expresa condena en costas, ni en primera, ni en segunda instancia».
TERCERO.- 1.- Por D. Jon se interpuso recurso de casación por razón de interés casacional basado en los siguientes motivos:
Primer motivo.- Vulneración del art. 90.3 del Código Civil , al amparo de lo establecido en el art. 477.2.3.º de la LEC , al haberse estimado la apelación en base a que no hay modificaciones sustanciales, cuando la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo tiene sentado que no son necesarias el cambio de las circunstancias sustanciales, pues la ley prevé las nuevas necesidades de los hijos como fundamento para modificar dichas medidas y todo ello en base favor filii.
Segundo motivo.- Infracción de los arts. 92 apartados 5 , 6 , 7 y 8 del Código Civil ; art. 39.2 de la CE ; arts. 3.1 , 9 y 18 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 ; art. 2 y 11.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor ; y los arts. 8 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos , al no haberse tenido en cuenta el interés superior de los menores en la sentencia objeto del recurso, porque ni siquiera se hace referencia al mismo en dicha sentencia.
Tercer motivo.- En base al art. 477.2.3 LEC , por presentar interés casacional, se considera conculcados los arts. 92 apartados 5 , 6 , 7 y 8 y art. 68 del Código Civil ; art. 14 y 39 de la CE ; arts. 3.1 , 7 , 8 , 9 y 18 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 ; art. 2 y 11.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor ; y los arts. 8 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos , al oponerse la sentencia recurrida a la doctrina del Tribunal Supremo que consagra la adopción de la guarda y custodia compartida de ambos progenitores atendiendo al principio básico del interés superior de los menores, que establecen la custodia compartida como situación normal, frente a la extraordinaria custodia exclusiva, por ser lo más adecuado para el interés de los hijos, como recogen las SSTS de 29-4-2013 , 7-7-2011 , 25-5-2012 , 8-10- 2009, 9-3-2012 , 19 , 25 Y 29 de noviembre de 2013, y las recientes de 26-6-2015 y 13-4-2016 , presentando el correspondiente interés casacional.
Remitidas las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por auto, de fecha 9 de mayo de 2018 , se acordó admitir el recurso interpuesto y dar traslado a la parte recurrida personada y al Ministerio Fiscal para que formalizaran su oposición en el plazo de veinte días.
2.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido el procurador D. José Luis Barragués Fernández, en nombre y representación de Dña. Lourdes , presentó escrito de oposición al mismo; por su parte el fiscal, en sus alegaciones, concluye interesando la estimación del recurso, que se acuerde la custodia compartida como ya acordó el Juzgado de Primera Instancia, con revocación de la sentencia de la Audiencia, y asumiendo esta sala las competencias de instancia confirme la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia.
No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 12 de septiembre de 2018, en que tuvo lugar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- Antecedentes .
El presente recurso trae causa de demanda de modificación de medidas definitivas adoptada en juicio de divorcio, promovida por el progenitor, interesando la adopción de un régimen de guarda y custodia compartida respecto de los dos hijos en común (nacidos, respectivamente, en los años 2007 y 2010), en sustitución del régimen de guarda y custodia materna.
1.- Sentencia de primera instancia.
La sentencia de primera instancia estima la demanda ejercitada, estableciendo un régimen de guarda y custodia compartida con alternancia semanal, al considerar que se habría producido un «importante» cambio en las circunstancias que fueron tenidas en cuenta por el tribunal en el momento de establecer las anteriores medidas definitivas, al resultar acreditado que el sistema de custodia materna en su día pactado no ha resultado satisfactorio para los menores, que no han sido excluidos de las consecuencias negativas que la ruptura de la relación sentimental de los padres supone. Así, la madre ha intentado impedir una relación de comunicación fluida y normalizada con el padre y su familia, con suministro constante de información perjudicial y «contaminadora» que facilita de forma innecesaria la madre a sus hijos sobre su padre.
Considera el juzgado de primera instancia que pese a tener los padres una relación conflictiva, han sabido, no obstante, demostrar capacidad de cooperar en aspectos esenciales de los menores, y que el informe psicosocial recomienda un régimen de guarda y custodia compartida.
1.- Sentencia de segunda instancia.
Formulado recurso de apelación por la madre demandada, la Audiencia Provincial de Murcia, estima el recurso, desestimando la demanda formulada. Considera la sala de apelación que no se ha producido cambio «sustancial» o importante de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta en el momento en que se establecieron las medidas definitivas por acuerdo entre las partes. Pues no se puede considerar como modificación de circunstancias que los hijos menores consideren culpable al padre de la ruptura, pues el régimen de comunicaciones vigente permite perfectamente que los hijos conozcan y tengan la opinión del padre.
1.- Recurso de casación.
Frente a la citada resolución de la Audiencia Provincial de Murcia, por el padre demandante se formula recurso de casación fundado en motivos: el primero, por infracción del art. 90.3 CC pues, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Primera, no resultarían necesario un cambio «sustancial» de las circunstancias, pues la ley prevé las nuevas necesidades de los hijos como fundamento para modificar dichas medidas, con base al favor filii , y que en el supuesto examinado los hijos están sometidos a una presión contra el padre, en una situación que sería distinta a cuando se adoptaron las medidas acordadas conjuntamente en 2014, produciéndose en etapas muy importantes de la vida de los menores; el segundo, por infracción del art. 92.5 , 6 y 7 CC , 39.2 CE , arts. 3.1 , 9 y 18 d la Convención Internacional de Derechos del Niño , arts. 2 y 11.2 LO 1/1996 , y arts. 8 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos , por cuanto no se habría tenido en cuenta el interés de los menores en la sentencia impugnada, que ni siquiera lo mencionaría, pues los informes psicosociales recomendarían, no la ampliación del régimen de guarda y custodia, sino la custodia compartida, como único medio para resolver la situación actual y creada; y el tercero, por infracción de los arts. 92.5 , 6 y 7 y 68 CC , 39.2 CE , arts. 3.1 , 9 y 18 de la Convención Internacional de Derechos del Niño , arts. 2 y 11.2 LO 1/1996 , y arts. 8 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos , en relación a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación a la bondad del régimen de la guarda y custodia compartida, pese a concurrir en el supuesto de autos las circunstancias necesarias para la adopción de un régimen de guarda y custodia compartida requeridas por la jurisprudencia, pues no se cuestiona la aptitud ni la capacidad del recurrente para su establecimiento, ni la capacidad de los contrayentes para adoptar decisiones importantes de los hijos.
Recurso de casación.
SEGUNDO .- Causas de inadmisión del recurso.
Deben rechazarse las causas de inadmisión en cuanto el recurso de casación se funda en doctrina de esta sala, sobre el interés del menor y en el desarrollo normativo de dicho principio ( art. 483.2.4 de la LEC ).
TERCERO .- Motivos primero, segundo y tercero.
1.- Primer motivo.- Vulneración del art. 90.3 del Código Civil , al amparo de lo establecido en el art. 477.2.3.º de la LEC , al haberse estimado la apelación en base a que no hay modificaciones sustanciales, cuando la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo tiene sentado que no son necesarias el cambio de las circunstancias sustanciales, pues la ley prevé las nuevas necesidades de los hijos como fundamento para modificar dichas medidas y todo ello en base favor filii.
Segundo motivo.- Infracción de los arts. 92 apartados 5 , 6 , 7 y 8 del Código Civil ; art. 39.2 de la CE ; arts. 3.1 , 9 y 18 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 ; art. 2 y 11.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor ; y los arts. 8 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos , al no haberse tenido en cuenta el interés superior de los menores en la sentencia objeto del recurso, porque ni siquiera se hace referencia al mismo en dicha sentencia.
Tercer motivo.- En base al art. 477.2.3 LEC , por presentar interés casacional, se considera conculcados los arts. 92 apartados 5 , 6 , 7 y 8 y art. 68 del Código Civil ; art. 14 y 39 de la CE ; arts. 3.1 , 7 , 8 , 9 y 18 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 ; art. 2 y 11.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor ; y los arts. 8 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos , al oponerse la sentencia recurrida a la doctrina del Tribunal Supremo que consagra la adopción de la guarda y custodia compartida de ambos progenitores atendiendo al principio básico del interés superior de los menores, que establecen la custodia compartida como situación normal, frente a la extraordinaria custodia exclusiva, por ser lo más adecuado para el interés de los hijos, como recogen las SSTS de 29-4-2013 , 7-7-2011 , 25-5-2012 , 8-10- 2009, 9-3-2012 , 19 , 25 Y 29 de noviembre de 2013, y las recientes de 26-6-2015 y 13-4-2016 , presentando el correspondiente interés casacional.
CUARTO .- Decisión de la sala. Interés del menor. Modificación de medidas .
Se desestiman los motivos, analizados conjuntamente.
Esta sala debe declarar que:
1. La custodia que se viene ejerciendo por la madre, con un sistema de visitas amplio, fue acordado en convenio regulador por los cónyuges, dos años antes de iniciarse la demanda de modificación de medidas y en fechas en el que la doctrina jurisprudencial de la sala ya era propicia a la custodia compartida, pese a lo cual adoptaron el sistema de custodia por la madre.
No consta causa cierta que aconseje la modificación de medidas, mas allá de lo informado por la psicóloga que actuó como perito.
No se aprecia un cambio sustancial de las circunstancias.
La situación entre los progenitores es tensa y llena de desconfianza, lo que dificulta la relación entre ellos.
A la vista de ello y de acuerdo con las sentencias 251/2016, de 13 de abril , y 665/2017, de 13 de diciembre , debemos declarar que en la resolución recurrida no se ha infringido la doctrina jurisprudencial sobre modificación de circunstancias dado que no concurre una causa consistente que aconseje el cambio de medidas ( art. 90.3 del C. Civil ).
Por otro lado, en la sentencia recurrida no se invoca el concepto «interés del menor», pero sin duda, lo tiene en cuenta, pues analiza detalladamente el informe psicológico sobre los menores, sus interacciones con los padres, la conflictividad existente y la capacidad de los progenitores, para concluir que no aprecia la concurrencia de causa que justifique el cambio que, de común acuerdo, pactaron padre y madre, tan solo dos años antes ( art. 92 del C. Civil y arts. 2 y 11 de la LO 1/1996 de 15 de enero ).
Por lo expuesto, tampoco se infringen los arts 92.8 del C. Civil y concordantes, pues siendo el sistema de custodia compartida el de aplicación preferente ( sentencias de 7 de junio y 19 de julio de 2013 ) ello no obsta a los acuerdos a que las partes hayan llegado, en beneficio de los menores.
En conclusión, ambos progenitores están igualmente capacitados, ambos están implicados en la educación de sus hijos, ambos mantienen una conducta irreprochable y como declaró la sentencia recurrida no concurren causas objetivas y trascendentes que aconsejen la modificación de las medidas convenidas entre ellos, no habiéndose declarado en la sentencia recurrida que el consentimiento del padre estuviese viciado.
QUINTO .- Desestimado el recurso de casación procede la imposición de costas al recurrente ( art. 398 LEC de 2000 ). Procede la pérdida del depósito constituido para el recurso.
F A L L O
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
1.0- Desestimar el recurso de casación interpuesto por D. Jon , contra sentencia de fecha 5 de diciembre de 2017, dictada en la apelación 483/2017, de la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Murcia.
2.0- Confirmar la sentencia recurrida en todos sus términos.
3.0- Procede imposición en las costas del recurso de casación al recurrente.
Procede la pérdida del depósito constituido para el recurso.
Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.

lunes, 1 de octubre de 2018

Estrategias de los servicios sociales en España

Todos conocemos las teorías o explicaciones sobre la violencia que sufren las mujeres en sus parejas.
Sabemos cosas tales como el ciclo de la violencia de Walker (1), o la tesis de la indefensión aprendida de Seligman (2).
Grosso modo, desde distintas perspectivas, se llega a explicar la violencia de género como forma de dominación masculina (tesis feminista) o como forma de control de las mujeres, tanto física como psíquicamente, por parte de los hombres (tesis antropológica).
También conocemos tesis (3) como aquella que mantiene que, desde la infancia, se imprimen los roles de género (tesis psicología evolutiva y de la educación) o la idea de que la violencia sobre la mujer tiene mucho que ver con la inseguridad masculina innata, o por factores de los traumas sufridos en la infancia (psicología clínica).
He trabajado con distintas ideas de todo ello, pero en mi vida profesional he podido comprobar que la mayor parte de la violencia en la pareja es simétrica y bidireccional, aunque cada miembro de la pareja usa herramientas diferentes (4).
Si partimos de la base de que se considera que el maltrato psicológico es violencia (concepto introducido por LO 1/2004) puedo afirmar que este tipo de violencia la sufren en mayor medida los hombres que las mujeres.
En cuanto a la violencia física, la sufren más los niños.
En este aspecto, hombres y mujeres sufren violencia física en el mismo porcentaje.
La diferencia es que el daño físico que produce una agresión a una mujer, es mayor que si la sufre un hombre. La lesión que se produce es mayor, por la diferencia de fuerza que posee un hombre y una mujer.
Se habla de violencia económica, espacial, temporal, etc.

MICROMACHISMOS Y MICROFEMINISMOS

Hay un tipo de violencia en las parejas que nos pasa desapercibida, como son los micromachismos y microfeminismos.
Son pequeños actos de control sobre la pareja.
Por ejemplo, cuando el hombre decide tumbarse en el sofá y dejar poco espacio a los demás.
O cuando una mujer “decide” que el hombre es muy “torpe” para poner una lavadora, tender la ropa o en la compra en el supermercado.
Todos son actos naturales de marcar el territorio y el papel de cada uno en la vida doméstica, pero al igual que ahora a la tristeza se la llama depresión, o a la angustia se le llama ansiedad, hemos decidido que cosas naturales, tales como desarrollar un papel determinado y natural en el seno de la pareja, es algo negativo, y lo hemos criminalizado en exceso.
Los roles de género nos han permitido avanzar hasta las sociedades más desarrolladas de las que ha habido nunca.
Los roles de género, nos han permitido progresar no sólo tecnológicamente, sino en formas más pacíficas de convivir, como en estados de derechos y las democracias.
Querer romper los roles de género y las reglas del juego que nos impone la naturaleza, tiene efectos devastadores en la sociedad y en la vida de las familias.
Muchas de las personas que se dedican al Derecho de Familia, tenemos contacto con el trabajo de los servicios sociales o de los equipos psicosociales de los Juzgados, hemos aprendido que una de las formas más crueles de maltrato en las familias, es la técnica del aislamiento social y familiar de la víctima.
Todos podemos recordar que una forma fácil de controlar al pueblo, es el aislamiento internacional de un país (dictadura española, de Cuba, de Corea del Norte, etc.).
Cuando se habla de violencia de género, explicamos que una forma de tener el control sobre la víctima es aislar a la mujer de cualquier apoyo familiar y social que le rodea, para poder tener el control más absoluto sobre ella.
Es una estrategia muy conocida por ser usada por las sectas y grupos religiosos extremistas.

TÉCNICA SECTARIA UTILIZADA EN CENTROS DE ACOGIDA

En los últimos diez años, hemos podido ver cómo esta técnica sectaria, es usada por los centros de acogida de mujeres maltratadas, en varios casos.
Pero lo preocupante de la situación actual, es comprobar cómo los servicios sociales usan esta forma sectaria de controlar a los niños y niñas.
Niños que son queridos por sus padres, y que tienen algún problema puntual, son utilizados para ser declarados en desamparo, y aislados de sus familias.
Se les mete en centros de acogida donde se les aísla y se les somete a un lavado de cerebro.
Cuando los niños ofrecen resistencia y se detecta en las visitas tuteladas que se resisten y quieren regresar a casa con sus padres, se decide interrumpir dichas visitas.
Incluso se les deslocaliza una y otra vez.
Esto es, se les impide hacer amigos, cambiándolos de centro de forma continua, para aislarlos cada vez más de su vida y pierdan todo punto de referencia.

UNA SITUACIÓN TERRIBLE

Para los padres, la situación es terrible, ya que deben acudir al tribunal para oponerse a la resolución administrativa de desamparo.
Cuando los servicios sociales comprueban que los padres aportan pruebas que demuestran que no es del todo cierto lo que informan al Juzgado los servicios sociales, deciden emitir nuevas resoluciones, tipo suspender visitas libres, o pasar las visitas a ser tuteladas, para luego resolver que se suspenden las visitas, o que se cambia al niño de centro.
Cada una de estas resoluciones deben ser recurridas ante los tribunales, dando lugar a  multitud de procedimientos judiciales y, por ende, a muchos gastos de abogados de los padres.
Suele ocurrir que en medio de un juicio, ya este no tenga objeto, porque hay una causa sobrevenida porque hay una resolución posterior de la administración de los servicios sociales.
Esto es: los servicios sociales van emitiendo resoluciones de forma continuada, para evitar que los juicios se vayan celebrando y posponiendo una decisión judicial.
Estos procesos suelen durar entre un año y tres años.
Los niños van creciendo y en el aislamiento de los cenrtos de acogida se les dice que sus padres no vienen porque no los quieren.
Tras más de un año alejados de sus padres y con este tipo de mensaje, los niños llegan a creer a quien los tiene bajo su control (servicios sociales) que, efectivamente, sus padres no van a verlos porque no les quieren.

INDUCIDOS

En ese momento, es cuando piden los servicios sociales que los niños vayan a declarar ante el juez, para que digan que no quieren volver a casa.
Y los servicios sociales salen victoriosos en estos procesos.
El juez ha visto cómo el niño rechaza a sus padres.
Esto es un signo de que la declaración de desamparo tenía su fundamento.
Hemos podido comprobar que a los niños más resistentes a este lavado de cerebro, se les somete a medicación que los convierte en más “manejables”.
Llegados a este punto, podemos concluir que, en muchos más casos de los deseables, los servicios sociales someten a un aislamiento a los niños de sus familias, igual que haría un maltratador con su víctima.
Lo que ocurre es que en un caso es delito, y en el otro es políticamente correcto y nadie alza la voz.
En ningún caso quiero mostrar que todas las personas que trabajan en los servicios sociales, lo hagan así, pero sí quiero dejar patente que en los cuatro últimos casos que he llevado de desamparo, esta es la forma que me he encontrado de cómo trabajan algunos servicios sociales de nuestras Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Para terminar, quiero contar el caso de no hace mucho tiempo, en el que a una madre le quitaron a su hija blanca de 2 años y la declararon en desamparo, pero al niño negro de 5 años lo dejaron con ella.
Este artículo lo escribo con el objeto de que la gente sepa qué está pasando en muchos casos en España, en que un niño es separado por los servicios sociales de sus familias, y no suele llegar a los medios de comunicación.
Indicar que existen asociaciones de familias afectadas por los servicios sociales (5), familias cuyos hijos han sido robados.
——
1.- Walker, Lenore E. (1979) La mujer maltratada . Nueva York: Harper y Row
2.- Seligman, Martin EP 1991, Indefensión aprendida, Ed. Debate.
3,- AEAFA, Varios autores (1999) Familia y Violencia, Un enfoque jurídico. Ed. Dykinson
4.- Álvarez Deca, Javier (2014) La Violencia en la Pareja: bidireccional y Simétrica. Ed. Visión Libros.
5.- https://www.facebook.com/Asociacion-Nacional-Del-Menor-Gitano-705487316217762/

domingo, 30 de septiembre de 2018

Proposición de ley de Ciudadanos en septiembre de 2018

PROPOSICIÓN DE LEY DE IMPULSO A LA GUARDIA Y CUSTODIA COMPARTIDA DE LOS MENORES EN CASOS DE RUPTURA DE LA CONVIVENCIA DE LOS PROGENITORES. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La guarda y custodia compartida se introdujo de forma expresa en nuestro Derecho a través de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Varias circunstancias empujan, definitivamente, a operar un nuevo cambio. En primer lugar, el Tribunal Supremo ha dictado determinadas sentencias que han hecho posible que esta fórmula se establezca en un número creciente de casos, si bien continúa sin ser la fórmula preferente. En concreto, en su sentencia de 29 de abril de 2013, pionera en esta materia, señaló que la redacción del artículo 92 del Código Civil «no permite concluir que [la guarda y custodia compartida] se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea». Asimismo, en octubre de 2014 el Alto Tribunal estimó que «la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la de adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad». En segundo lugar, la Carta Europea de Derechos del Niño establece que los menores tienen derecho a gozar de sus progenitores en igualdad de condiciones y, de igual modo, que los progenitores tienen la obligación de compartir los deberes y la responsabilidad sobre la educación de los menores. Y, por último, Comunidades Autónomas con Derecho Civil propio como el País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña o la Comunidad Valenciana ya han aprobado modificaciones normativas modificando sus respectivos códigos en este sentido. Esta situación no hace sino ahondar en la desigualdad territorial que afecta a nuestro país y, lo que resulta más perjudicial, provoca que un menor de alguno de esos territorios no vaya a tener el mismo derecho a disfrutar de sus progenitores en caso de que estos decidan llevar vidas separadas. La falta de una ley nacional, unida a la proliferación de leyes que fomentan la custodia compartida en dichas Comunidades Autónomas, provoca que mientras, por ejemplo, en Cataluña la custodia compartida se aplica en el 40% de los casos, en otras Comunidades, como Extremadura, se reduce al 8%. Estas diferencias e inseguridades explican que, en la práctica, no se haya producido un incremento significativo de las resoluciones acordando esta 3 modalidad de guarda y custodia. En el año 2013, la custodia de los hijos menores fue otorgada a la madre en el 76,2% de los casos; al padre, en el 5,5% de los casos; y, sólo en el 17,9% de los supuestos de separación, la custodia fue compartida. En el año 2015, se otorgó la custodia a la madre en el 69,9% de los casos; al padre, en el 5,1% de los casos; y, sólo en el 24,7% de los supuestos, se acordó la custodia compartida, cifra esta última que ascendió al 28,3% de los casos en el año 2016, último año del que disponemos de datos estadísticos. En línea con lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y con lo recogido en la Carta Europea de Derechos del Niño, desde el Congreso de los Diputados se han aprobado iniciativas relativas a impulsar las medidas legislativas precisas a fin de incorporar en nuestro Código Civil la guarda y custodia compartida como la modalidad más deseable, haciendo prevalecer el interés superior del menor. Sin embargo, a pesar de lo anteriormente mencionado y de que en el año 2013 se elaborase un Anteproyecto de Ley que finalmente no llegó a convertirse en Proyecto de Ley, las Cortes todavía no habían impulsado y aprobado la reforma legal que permitiese el carácter preferente de la guarda y custodia compartida. Por eso mismo, con la presente reforma se pretende, por un lado, facilitar la corresponsabilidad de los progenitores cuando existan casos de separación, nulidad o divorcio, para lo que se tiene en cuenta tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia como las leyes ya existentes en diferentes Comunidades Autónomas que ya regulan la custodia compartida.

Por otro lado, se pretende asimismo proteger los derechos de los menores. La Convención sobre los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, obliga a los Estados firmantes a respetar el derecho de los menores a mantener relaciones y contacto directo con ambos progenitores de modo regular, a excepción, de que este tipo de contacto fuera contrario al interés superior del menor. El derecho de los menores se debe proteger especialmente en los casos de la ruptura de la convivencia de los progenitores.

Una ruptura que, si bien termina la relación entre los dos adultos, no modifica la relación y obligaciones de éstos para con el menor o menores en cuanto, lo que exige adoptar medidas para la protección de los menores y de sus derechos, respetando también los derechos que tienen los progenitores.

Artículo primero. Modificación del Código Civil, publicado por Real Decreto de 24 de julio de 1889.

Se modifica del Código Civil, publicado por Real Decreto de 24 de julio de 1889, en los términos siguientes: Uno.

Se modifica el artículo 92, que queda redactado de la siguiente manera:

«1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos.
2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el ejercicio de la patria potestad, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de sus derechos, en particular el derecho a ser oídos, teniendo siempre presente el interés superior del menor.
3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para ello.
4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por unos de los cónyuges.
5. Igualmente, los padres podrán acordar el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos. En todo caso, el Juez decidirá, de manera preferente y en atención al interés superior del menor, que su guarda y custodia sea ejercida de forma conjunta por ambos progenitores, siempre que no concurran causas debidamente justificadas que aconsejen lo contrario, y con independencia de la existencia o no de acuerdo entre los progenitores.
6. No procederá la guarda o custodia compartida cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por violencia de género o por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. No obstante, la sentencia absolutoria firme o el sobreseimiento libre firme dictados en el referido proceso penal será causa de revisión del régimen de guarda y custodia a petición de parte.
7. El Juez deberá, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, así como el de estancia, relación y comunicación con el progenitor no conviviente y, si se considera necesario, con sus hermanos, abuelos u otros parientes y personas allegadas, recabar informe del Ministerio Fiscal, oír a los menores y valorar las alegaciones de las partes y la prueba practicada, para determinar su idoneidad. Igualmente, podrá, de oficio o a instancia de parte, recabar dictamen de expertos debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad, del régimen de guarda y custodia de los menores, y, en su caso, sobre la estancia, relación y comunicación de éstos con el progenitor no conviviente u otras personas.
8. El Juez deberá tener en cuenta, al adoptar cualquier decisión contemplada en este artículo, las siguientes circunstancias:
a) El interés superior del menor, especialmente en relación con la edad, la opinión y el arraigo social, escolar y familiar de los menores.
b) La relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos.
c) La implicación de cada uno de los progenitores para asumir sus responsabilidades y deberes hacia los menores, el respeto de los derechos del otro y la cooperación entre ambos para garantizar la adecuada relación de los hijos con ambos progenitores.
d) La posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral de los progenitores.
e) La situación de la residencia habitual de cada progenitor, la existencia de estructuras de apoyo en los respectivos ámbitos de los padres y el número de hijos.
f) Cualquier otra circunstancia concurrente en los progenitores e hijos de especial relevancia para el régimen de convivencia.
9. El Juez adoptará, al acordar fundadamente el régimen de guarda y custodia, así como el de estancia, relación y comunicación, las cautelas necesarias, procedentes y adecuadas para el eficaz cumplimiento de los regímenes establecidos, procurando no separar a los hermanos.
10. Las medidas de guarda y custodia establecidas por el Juez en virtud de lo dispuesto en los apartados anteriores, se podrán modificar o suspender si se incumpliesen grave o reiteradamente los deberes impuestos a los progenitores por el Juez y así lo aconseje el interés superior del menor.» Dos.
Se modifica el artículo 159, con la siguiente redacción: «Si los padres viven separados y no decidieren de común acuerdo, el Juez decidirá, siempre en beneficio de los hijos, al cuidado de qué progenitor quedarán los hijos menores de edad, siguiendo los criterios establecidos en el artículo 92 de este Código. El Juez oirá, antes de tomar esta medida, a los hijos que tuvieran suficiente juicio y, en todo caso, a los que fueran mayores de doce años.» Disposición transitoria única. Revisión judicial de medidas adoptadas conforme a la legislación anterior. A través del procedimiento establecido en la legislación procesal civil para la modificación de medidas definitivas acordadas en un procedimiento de separación, nulidad o divorcio, y a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se podrán revisar judicialmente las adoptadas conforme a la legislación anterior, cuando alguna de las partes o el Ministerio Fiscal, respecto de casos concretos, solicite la aplicación de los nuevos criterios establecidos por esta norma.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango sean contrarias a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final primera. Título competencial. La presente Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil atribuida por el artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan y de las normas aprobadas por éstas en desarrollo de sus competencias en Derecho Civil. Disposición final segunda.

Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día primero del año siguiente al día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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