jueves, 17 de agosto de 2017

Sobre la aplicación del Convenio de la Haya de sustracción de menores en el caso de Granada

Sobre la aplicación del Convenio de la Haya de sustracción de menores

El caso de Granada, está teniendo un efecto pedagógico extraordinario en este país.
Muchísima gente, medios incluso, se han enterado a nivel nacional, de la existencia de un tipo de maltrato infantil que apenas se visibiliza en los medios y en la clase política: el secuestro de niños por parte de un progenitor en un caso de separación y/o divorcio.
Ya desde el año 2002 el Consejo General del Poder Judicial viene reconociendo el secuestro parental como una de las formas de maltrato infantil más crueles.
Además, este caso, ha servido para que mucha gente conozca que existen normas internacionales que son aplicables como si fueran normas internas, incluyendo muchos profesionales del derecho que apenas han tenido oportunidad de tener un caso así.
También hemos descubierto a políticos y políticas relevantes, que ignoran (u obvian) los tratados internacionales en un alarde irresponsabilidad política sin precedentes, tal como si estuvieran en un país bananero.
No digamos de los representantes políticos de todos los partidos del pueblo de Maracena en Granada que, en un alarde de “porque yo lo valgo” aprueban una declaración institucional llamando a la desobediencia, no civil, sino algo mucho más grave e irresponsable. Llamando a la desobediencia de un tratado de las Naciones Unidas, como es el Convenio de la Haya y, de forma indirecta, llamando a la desobediencia de la normativa europea (Convenio Bruselas II, III y revisado)  
Pero, como andaluz, la mayor vergüenza que he pasado este verano (vergüenza ajena) ha sido comprobar que, la vida de muchas mujeres maltratadas está en manos de unas incompentes asesoras de centros de la mujer, como el de Maracena.
Viendo las actuaciones judiciales, no tengo más remedio que sentir vergüenza por la actuación profesional de algunas compañeras y compañeros en este caso, no solo del desconocimiento de la legislación de protección de menores en el ámbito internacional privado, sino incluso de las normas procesales más básicas.
Me sorprendió que un letrado de Madrid salia en la tele, aconsejando a su cliente a presentarse en el Juzgado y que, también aconsejaba públicamente que cumpliera las órdenes judiciales, siguiera en el caso frente a la rebeldía de su cliente.
Desde ahora se le relacionará a dicho despacho de abogados por haber asesorado a una madre, una persona que no cumple las leyes ni las resoluciones judiciales, y un despacho de abogados que defiende ello mismo. Lo más razonable para dicho despacho hubiera sido renunciar al caso.
No podemos dejar atrás el papel vergonzoso para las FCSE, de la policía judicial o la vergüenza para la FGE del trabajo de la fiscalía en este caso, al menos en su última fase.
Los primeros, por no poner interés en buscar a unos niños sustradios por sus madre, alegando que es un caso más, cuando todos sabemos que no lo es. Desconocemos si ha recibido presión alguna la jefatura de la policía judicial de Granada para no hacer su trabajo. Lo que queda patente ante la opinión pública, es que su imagen ha quedado tocada y, espero que desde el Ministerio se depuren responsabilidades.
Y no hay que dejar atrás el papel de la Fiscalía que, pese a recibir la petición de auxilio de un progenitor que pide que se busquen a sus hijos desaparecidos, no la curse a la Secretaría de Estado de Seguridad (la SES) impidiendo que se ponga en marcha la alerta de niños desaparecidos.
Si Ud. es madre o padre en Granada, rece por que su hijo no desaparezca en Granada, porque el que se encuentre o no su hijo, dependerá del trabajo de estos profesionales que he mencionado.
Muchos de los lectores se preguntarán que cómo es posible todo este cúmulo de despropósitos.
En mi opinión, todo ocurre porque se ha sustituido el principio de legalidad y los valores democráticos tales como el respeto a las resoluciones judiciales o el valor democrático más simple, como es el de respetar las leyes, en nombre de una ideología que está haciendo mucho daño a esta sociedad: la ideología de género.
Para instaurarse en nuestro país, esta ideología ha usado como bandera a las mujeres asesinadas y maltratadas.
Pero el efecto perverso de cuando una ideología, sea cual sea, se apodera del poder político, de las leyes, y de los servicios públicos, como ha ocurrido en España desde el 28 de diciembre de 2004 (día de los santos inocentes) día que se atacó el sistema democrático en nuestro país, desechando el principio de presunción de inocencia de nuestro derecho. Y ya sabemos cómo terminan las cosas cuando esto ocurre.
Lo hemos visto en España durante el Franquismo, en la Italia de Mussolini, en la Alemania Nazi, en la Rusia de Stalin, en la Argentina o en la Chile de las desapariciones, en la Yugoslavia de Milosevich, en Ruanda, Kenia, “Guantánamos”, Congo, y en demasiados lugares y tiempos que prefiero no traer a mi memoria.
Y es que en España, queridos lectores, la democracia está herida gravemente, intoxicada de una ideología que está destrozando el tejido social del país, como es la ideología de género.
Ya se ha introducido en los partidos y sindicatos, en el Congreso y en el Senado, en los parlamentos autonómicos, en los ejecutivos de las CCAA, en los ayuntamientos, en las escuelas, en las universidades, en los hospitales, en los medios, y lo que es peor, en la sociedad en su conjunto.
Es como si el símbolo del “Yugo y las Flechas” resurgiera ahora, pero disfrazado de defensa de los derechos de las mujeres, cuando lo que existe es un ansia de poder político y social bajo el paraguas de más de 900 cadáveres de mujeres asesinadas.
En las escuelas ya no se enseña formación del espíritu nacional, afortunadamente, pero lo hemos sustituido por formación en ideología de género.
Hemos llegado a ver cómo Jueces del TSJ de Andalucía, o el de TSJ de Canarias, aplicaban las leyes bajo una perspectiva de la ideología de género. En un caso se aplicaba a un extranjero sin papeles (refugiado) una agravante por tener una cultura “machista”, y en el caso de Canarias, una magistrada canaria ha querido pasar a la historia por querer ser la primera persona que condena a un muerto, sin que éste, lógicamente, haya podido defenderse.
Y como digo, al hilo del contenido de este artículo, la incompetencia de muchos de los actores en el caso de una "madre coraje" de Granada, viene fundamentado en que se ha primado la defensa de la “causa” de una determinada ideología, sobre la defensa de los derechos individuales de la propia madre.
Tanto es así, que la propia asesora de un Ayuntamiento decía hace unos días en la TV, que este caso estaba perjudicando mucho a la “causa”, criticando a los medios por dar voz al padre y a su versión de los hechos.
Esto me recuerda a cuando en la época franquista, la resistencia al mismo era acallada, perseguida y tenía que irse al exilio, en el mejor de los casos.
La asesora de Granada ha querido ser la imagen de la causa feminista más radical, y le ha salido mal. Ha salido de su acomodado despacho donde ordena y manda su realidad, donde nadie se atreve a llevarle la contraria, porque ella es la comisaria y depositaria de la verdad de la ideología de género. Pero, cuando sale a los medios como defensora universal de los derechos de las mujeres, en este caso de Granada, es entones cuando comprende que estamos en un sistema democrático, con medios más o menos libres y comprende al fin, que los opositores a su ideología de género tienen voz y voto también, y pueden defenderse públicamente. Y lo que es mejor, pueden denunciar los abusos de unos lugares llamados centro de la mujer, que podrían saltarse las leyes impunemente.
Trabajos como los que desarrollan desde los centros de la mujer en toda España, provocan con su incompetencia, que surjan movimientos, aún muy reducidos, afortunadamente, de personas y grupos de personas con mensajes misóginos inaceptables, como alguna asociación minoritaria que usa términos como feminazis o palabras aún más feas.
Hemos descubierto que se pude perdonar democráticamente a un terrorista, a un asesino de masas, a una asesina de niños, con la mecánica de la reinserción y la vuelta a la vida civil con todos sus derechos una vez cumplida su pena con la sociedad, saliendo de la cárcel.
Pero desde los medios, las RRSS, se ha lanzado la idea totalitaria de que un hombre condenado a 3 meses en una dudosa condena por conformidad, debe ser considerado como condenado a una cadena perpetua civil, con impedirle para siempre su acceso a decirle a sus hijos un simple “buenas noches” al acostarlos.
Terroristas condenados por matar a niños en el País Vasco o en Cataluña, tras salir de la cárcel han podido, sin embargo, recuperar la vida junto a sus hijos y nadie alza voz.   
Como vemos, este caso, va a representar un antes y un después en la implantación de forma totalitaria de la ideología de género en este país. Al menos, eso espero.
Y este artículo tiene una sola intención, que es denunciar públicamente, que la vida de muchas mujeres dependen de estos incompetentes centros de la mujer que existen en casi cada ayuntamiento de España, y son los lugares más cercanos a donde puede acudir una mujer a pedir ayuda, pero los miles de mujeres se encuentran con que son lugares  en los que realmente se defiende una causa o ideología (la de género), pero no a las personas y sus derechos individuales. 
Algunos ayuntamientos y Comunidades autónomas son tan conscientes del rechazo popular a estos centros ideologizados que, en los últimos años les han cambiado el nombre por otros que “parecen” más neutros, tales como Equipos de Tratamiento Familiar (los ETF de Andalucía), Centros de Información, Centros de mediación familiar, etc. pero como decía mi abuela: “la mona, aunque se vista de seda, mona se queda”.
 El caso de Granada, ha sacado a la luz pública no sólo la incompetencia de estos centros de la mujer, sino que éstos incitan a rechazar los valores democráticos como son el principio de legalidad y el respeto a las resoluciones judiciales.
Por eso me preocupa muy mucho que la Subcomisión de Igualdad del Congreso, acabe de aprobar a finales de Julio, unas medidas en el Gran Pacto de Estado, entre los que se recoge devolver todo el poder asistencial y entregar toda la responsabilidad de la asistencia primaria a mujeres maltratadas, a estos centros de la mujer de los ayuntamientos.
No debemos olvidar que esto ya ocurrió en 2004 con la LO 1/2004, y que fue partir de ese año cuando el número de asesinatos de mujeres, se incrementó, por lo que preveo que tras este pacto de estado, el número de víctimas seguirá en aumento, salvo que decidan manipular las estadísticas para justificarse políticamente. Pero ya sabemos que esto nunca pasa.   
Para terminar, debo decir que comparto la idea de mi amigo A. Céspedes, cuando afirma que El Gobierno lo tiene difícil para indultar a ésta madre en un futuro, si resultase condenada por algún delito, ya que la ley impide indultar si el Gobierno ha tomado partido por una delincuente condenada posteriormente, apoyo que dio justo en el momento en que estaba cometiendo el delito. Añado a esta idea que es como si el Gobierno de Rajoy, indultase a Bárcenas tras resultar condenado.
Espero que este articulo sirva para que algunos puedan abrir los ojos, y no sigan permitiendo que una ideología, sea la que sea, se vaya apoderando de la vida de todos los españoles en todos los ámbitos de sus vidas, excluyendo en sus derechos, a los que piensan diferente.
Todos rechazamos ideologías que discriminen a otros por razón de raza, credo, edad, opinión, sexo, etc. Sin embargo, a la ideología de género que excluye a quienes piensan diferente a ella, le estamos permitiendo que se meta en nuestra propia casa y, lo que es peor, en nuestras instituciones, políticas, sociales, educativas y judiciales.

Sevilla, verano 2017.-

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